Habrá una moratoria impositiva en la Ciudad

La Legislatura porteña aprobó, tras un encendido debate, una iniciativa del Poder Ejecutivo que otorga planes de pago, facilidades y algunas condonaciones específicas «en especial a los pequeños y medianos contribuyentes» que tengan deudas impositivas.
Si bien el oficialismo obtuvo una holgada aprobación de la norma, despertó críticas opositoras la inclusión de un plan de pagos para agentes de recaudación y, sobre todo, el origen de la situación económica que deriva en la confección del proyecto.
Paula Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, pidió a sus colegas de otras bancadas «no especular» y dejar de lado «las diferencias ideológicas» y acompañar la iniciativa que presta «especial atención en pymes y vecinos».
La diputada oficialista dijo que se trata de un «régimen de regularización de deudas» adquiridas hasta el 31 de julio, judicializadas o no, que incluye la condonación de intereses y el refinanciamiento de «planes caducos».
«Es un programa de alivio fiscal; las deudas se podrán financiar hasta 10 años con la tasa más baja del mercado; esto incluye los impuestos y las tasas de la ciudad, por ejemplo el ABL, ingresos brutos, patentes, régimen simplificado, entre otros», comentó Villalba.
También se condonarán tasas a espacios como calesitas, volquetes y puestos de flores, se suspenden las ejecuciones fiscales y los intereses.
«Los vecinos que están al día van a seguir con los beneficios que tienen este año, por ejemplo, no pagan la última cuota de ABL; los beneficios del año que viene serán para los que no entren en el programa», agregó Villalba.
El plan especial para los agentes de recaudación debió ser votado en particular, consiguiendo seis votos positivos menos que la sanción de la norma general.
Entre los argumentos para rechazar este punto, los diputados que no acompañaron a Juntos por el Cambio subrayaron que otorga facilidades a empresas que perciben un impuesto a nombre del Estado y que debieran hacer el depósito de manera inmediata.
Villalba explicó que la morosidad en ese rubro es de sólo 3%, que se otorga un «programa de sólo 36 cuotas» en el que no se condonan intereses y que es sólo a los fines de que esas empresas eviten acciones legales.
En las intervenciones y cruces en torno al proyecto, la oposición cargó fuerte contra el oficialismo por lo «limitado» de las medidas impuestas, por la falta de políticas hacia sectores más vulnerables y, sobre todo, contra las expresiones de Villalba cuando pidió dejar de lado las especulaciones.
Mariano Recalde (Unidad Ciudadana) dijo que el proyecto sólo persigue el «alivio electoral» del Ejecutivo y que, a pesar de los títulos «rimbombantes» las medidas son propuestas de «marketing».
También apuntó contra el proyecto la diputada María Rosa Muiños (Bloque Peronista) quien afirmó que la iniciativa «no tiene ninguna medida de reactivación económica», tal como lo sugiere su título, y que, además, fue presentada sin datos sobre los impactos económicos de las medidas.
Por su parte, Sergio Abrevaya (GEN), aportó al texto aprobado con una serie de puntos planteado en un proyecto de su autoría hace más de un año, pero recriminó al Ejecutivo su imposibilidad de declarar «la emergencia» y evitar más clausuras y embargos.
En cambio, Gabriel Solano (FIT-PO) recriminó al oficialismo el «pedido de cuidar una estabilidad que destruyeron y que no registra antecedentes».
Antes de la votación, el presidente del Bloque de Vamos Juntos, Agustín Forchieri, pidió la palabra para afirmar que esta moratoria «podría ser mayor pero es la posible» y dijo que «la sociedad pide tranquilidad» a la política.

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