Información General

Ciudad de Buenos Aires sin sorbetes: ¿Alcanza?

*Por Florencia Montani

Desde el 22 de Mayo, La Ciudad de Buenos Aires se niega a la comercialización y consumición de sorbetes descartables. De acuerdo a las publicaciones del Boletín Oficial ya no se podrán colocar ni “dejar a vista del consumidor” las pajitas plásticas, se estima que dentro de 6 meses estará prohíba su entrega.

La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) publicó en sus informes que por año se vierten aproximadamente 8 millones de toneladas de plásticos. Además, nuestro país se posiciona como el número 28 dentro del ranking de los países costeros. De acuerdo a los datos sugeridos por el Gobierno Porteño, los peces del Río de la Plata, tales como el pejerrey, el sábalo y el surubí contienen en su aparato digestivo restos microscópicos de material sintético.

Es por ello, que surgió en las redes sociales la Campaña #MejorsinSorbete que tiene como principal objetivo la prohibición de las pajitas en todo el país. Los activistas proponen sustituir el material plástico por otros que no generen impacto negativo, tales como el papel, la caña de ombú o incluso el vidrio.

Ante dicho movimiento, La Ciudad de Buenos Aires se sumó al grupo sustentable,  donde ya participaban las ciudades de la costa como Pinamar, Mar del Plata, Villa Gesell y Mar chiquita. Además de Mendoza y Ushuaia. En dicho Contexto,  El ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad firmó a través de la Agencia de Protección Ambiental la resolución para impedir la circulación total del producto plástico. La propuesta se desprende de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

El despertar de dicha medida fue la publicación viral de una adolecente,  la cual estaba cansada de esperar a que algún legislador coloque en su agenda el impacto negativo del sorbete en el medioambiente. Su petición se volvió un éxito, logra aproximadamente una firma por minuto.

En el mes de mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje,  diversas organizaciones establecen que esta nueva práctica no alcanza para lidiar con el tamaño problema, se debe prohibir su consumo de manera inmediata porque no sólo impacta en tierras y mareas, sino también en el cambio climático.

 

¿Cuáles son los alcances de la ley de Economía del Conocimiento?

 La ley que fue sancionada por el Senado de la Nación el 22 de mayo, tiene como objetivo promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información, apoyado en los avances de la ciencia y la tecnología, la obtención de bienes, la prestación de servicios o la mejora de procesos.

La norma tiene como antecedente la experiencia adquirida durante la vigencia del Régimen de Promoción de la Industria del Software, en vistas a modificarlo y simplificarlo.

Entre los rubros promovidos por la ley, se encuentran aquellos vinculados a la biotecnología, bioinformática, desarrollo de Software, e-commerce, servicios de diseño, industria aeroespacial y satelital, neurotecnología y sus ensayos y análisis.

Quienes deseen acceder al régimen deberán inscribirse en el registro de beneficiarios, que será creado por la misma ley. Como requisito, será necesario acreditar la realización de actividades de investigación y desarrollo, capacitación a los empleados y exportación de bienes o servicios, así como la implementación de mejoras continuas en la calidad de sus servicios, productos o procesos. Quedarán exceptuadas las microempresas, que sólo deberán acreditar que desarrollan actividades en el país.

Los beneficiarios gozarán de estabilidad fiscal, es decir que no verán incrementada su carga tributaria total nacional establecida al momento de solicitar el ingreso al registro. La misma alcanza a todos los impuestos nacionales y a los derechos o aranceles a la importación y exportación.

Además, podrán obtener un bono de crédito fiscal y el ingreso obtenido del mismo no se computará para la determinación de la ganancia neta. De acuerdo a los cálculos realizados por el portal digital Pharmabiz, sumado a la reducción en los impuestos, esto podría representar un ahorro de $6.500 al mes sobre un salario bruto de $50.000, que serían $2.6 millones para una dotación de 400 personas.

Asimismo, los beneficiarios no serán pasibles del IVA y el impuesto a las ganancias contará con una alícuota reducida en un 15%, en tanto respeten la reglamentación impuesta. También podrán deducir un crédito por los gravámenes análogos pagados o retenidos en el exterior cuando se trate de ganancias de fuente argentina.

Sin embargo, cada beneficiario deberá contribuir con un aporte anual, equivalente al 1,5% del monto total de los beneficios fiscales otorgados por el régimen, que será destinado al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor, dedicado a la financiación de emprendimientos e instituciones que tengan su origen en un capital de dicha índole.

El Senado aprobó Ley de Economía del Conocimiento

El Senado convirtió en ley por unanimidad el proyecto sobre Economía del Conocimiento enviado por el Ejecutivo, que prevé una prórroga hasta diciembre de 2030 de los beneficios fiscales de las empresas de software y los amplía a otras firmas de tecnologías intensivas, con lo que aspira a generar 200.000 puestos de trabajo.

La norma contempla menores costos laborales y tributarios, estabilidad fiscal y fomento de nuevas firmas para actividades que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requieren de capital humano altamente calificado a fin de competir a nivel global.

El expediente, que tiene como antecedente el Régimen de Promoción de la Industria del Software creado durante el gobierno de Néstor Kirchner, busca ampliar los beneficios de ese programa que vence en diciembre próximo.

Se definen actividades productivas dentro de la Economía del Conocimiento a aquellas que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requieren capital humano altamente calificado. Por ello, el expediente propone incluir, además, a otras industrias como las de producción y posproducción audiovisual, biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética.

Con la sanción del proyecto se apuesta a crear 215.000 puestos de trabajo de calidad y a alcanzar los US$ 15.000 millones de exportación en 2030.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Esteban Bullrich, defendió el proyecto al señalar que “aprovecha una buena política para ampliarla”, en referencia a que prorroga dos iniciativas similares de 2004 y 2011, durante los gobiernos de Kirchner y Cristina Fernández, respectivamente.  Señaló que el programa “en 2020 tendrá un costo fiscal de $ 12.900 millones”.

En ese sentido, defendió que en los incentivos estén incluidas las empresas grandes, como Mercado Libre, porque “compiten contra el recurso humano del mundo y, por lo tanto, hay que sostener incentivos para crear empleos argentinos”.

El peronista Juan Mario Pais y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti cuestionaron que dentro de los beneficios se hayan incluido a empresas que valen más de US$ 1.000 millones, conocidas como “unicornios”.

Pais, quien primero dijo que iba a votar en contra, luego que se iba a abstener pero finalmente votó a favor, opinó que “tal como está redactada, esta ley beneficiará a las grandes empresas internacionales y al capital concentrado”. “No quiero que este esfuerzo fiscal vaya a Mercado Libre o a grandes empresas”, aseguró.

En tanto, Sagasti, si bien adelantó que iba a votar a favor de la norma, señaló que “por la vaga redacción de esta ley podrían verse beneficiadas firmas grandes”.

Quieren declarar el “Día de la lucha contra la corrupción”

Diputados nacionales de Cambiemos, encabezados por Graciela Ocaña (Pro), presentaron un proyecto de resolución para que el 22 de febrero de cada año sea instituido como “Día nacional de la lucha contra la corrupción”, en conmemoración de la tragedia ferroviaria de Once, donde murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas.

La iniciativa propone que ese día sea instituido “como recordatorio del trágico siniestro ferroviario ocurrido en el año 2012, que dejó al descubierto un entramado fraudulento que involucraba a funcionarios, así como a empresarios del transporte, y que dejó en evidencia las consecuencias fatales que puede traer la corrupción”.

En el artículo segundo del proyecto, se establece que “el Poder Ejecutivo Nacional determinará las acciones a llevar a cabo todos los años para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia”.

Además de Ocaña, firmaron la propuesta los oficialistas Federico Zamarbide, Fernando Iglesias, Jorge Enriquez, Beatriz Ávila, Carmen Polledo, Cornelia Schmidt-Liermann, Héctor “Toty” Flores, Facundo Suárez Lastra, Javier Campos, Karina Molina, Alejandro García, Silvia Lospennato, Pablo Torello y Guillermo Montenegro.

“Las condenas de las causas judiciales que investigaron el trágico siniestro ferroviario ocurrido el 22 de febrero del 2012 dejaron en evidencia que, cuando es parte del entramado del Estado, la corrupción puede causar una tragedia. Es por este motivo que resulta atinente recordar el día de este terrible suceso, como día de lucha contra la corrupción en nuestro país, y así rendir un merecido homenaje a sus víctimas y familiares”, sostuvieron los diputados.

El diputado Filmus presentó un proyecto de ley de fomento del libro argentino

El diputado nacional Daniel Filmus (Frente para la Victoria-PJ) presentó un proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional del Libro Argentino, para que escritores y editores puedan llegar a nuevos públicos a partir de la intervención del Estado.
La presentación se realizó en el edificio anexo del Congreso, con la presencia de escritores, editores, representantes de universidades y editoriales universitarias, de la industria gráfica, sindicatos, traductores y libreros.
Según el ex ministro de Educación kirchnerista, uno de los objetivos principales del proyecto es que los escritores y los editores tengan la posibilidad de llegar a nuevos públicos. Para ello es necesario que esa responsabilidad sea asumida por el Estado y no quede librada al mercado».
«Más allá del momento crítico que atraviesa actualmente la industria editorial en el país, la ley establece la creación de una instancia para el diseño y la implementación de políticas públicas en favor del libro», agregó.
En el proyecto de ley, que consta de 22 artículos, «se propone la protección, difusión, defensa y distribución del libro argentino, y está vinculado con el papel importante que jugaron históricamente el Instituto Nacional del Teatro, el del Cine y el de la Música. Más allá del momento crítico que atraviesa la industria del libro en el país, tiene varios objetivos», explicó el legislador.
Durante el panel, el filósofo Darío Sztajnszrajber dijo: «Lo positivo es que la política se ha juntado, ya que distintos bloques han decidido apoyar este proyecto; pero también es interesante que todo el mundo que converge en ‘el libro’ también esté junto apoyando esto, como escritores, editores, fuera de lo que parece una confrontación cotidiana.»
Por su parte, la escritora Claudia Piñeiro, remarcó: «No acepto la dicotomía de que si no hay para comer cómo se puede pensar en los libros (…) No me hagan creer que porque se crea un instituto del libro, se afecta presupuesto para la baja de la pobreza».
El proyecto busca «contribuir a la circulación de la creación literaria y el pensamiento argentino como herramienta de democratización y enriquecimiento del debate público» y «promover la circulación federal del libro y el acceso igualitario en todo el territorio de nuestro país, fortaleciendo los mecanismos de distribución y comercialización del libro argentino».
También apunta a «promover los espacios de promoción y difusión del libro en sus dimensiones culturales y de promoción de la lectura» y a «contribuir a garantizar los derechos de autores y productores culturales de la industria editorial».
Busca, además, «promover la presencia y circulación del libro argentino en el ámbito de la lengua castellana más allá de las fronteras nacionales a través de políticas de estímulo a la exportación y traducción de libros argentinos».
El proyecto de Filmus cuenta con el acompañamiento del presidente de la comisión de Educación, José Luis Riccardo (UCR), y de los diputados Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Victoria Donda (Somos), Daniel Arroyo (Red por Argentina), Elda Pértile y Carolina Moisés (Justicialista) y Roberto Salvarezza y Pablo Carro (Frente Para la Victoria-PJ).
También sumaron sus apoyos: Cecilia Moreau y José Ignacio De Mendiguren (Unidos por una Nueva Argentina, UNA), Alejandra Rodenas (Nuevo Espacio Santafesino), José Luis Ramón (Protectora), Silvana Ginocchio (Elijo Catamarca) y Mirta Pastoriza (Frente Cívico por Santiago).

Mayor presencia de productos de PyMEs en góndolas

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal envió a la Legislatura el proyecto conocido como «ley de góndolas» para garantizar una mayor presencia de productos de pequeñas y medianas empresas en las góndolas de los supermercados e hipermercados de la provincia.
La iniciativa busca regular «las buenas prácticas con proveedores» y alcanza a mayoristas, grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, que deberán contar en sus góndolas con productos de no menos de cuatro proveedores distintos por artículo.
El envío a la Legislatura de la denominada «ley de góndolas» fue anunciado por Vidal, en la conferencia de prensa donde dio a conocer una serie de medidas que «van a dar alivio y tranquilidad al bolsillo».
El proyecto busca «evitar el desequilibrio en las relaciones comerciales entre las grandes empresas supermercadistas y sus proveedores, que genera una serie de consecuencias con impacto desfavorable tanto para los consumidores como para los proveedores, especialmente las pequeñas y medianas empresas para las que resulta particularmente difícil acceder con sus productos a las góndolas de los grandes supermercados».
Con este proyecto se pretende «promover la competencia, la oferta de los productos de primera necesidad, la concurrencia de proveedores y la transparencia en beneficio de los consumidores, evitar prácticas comerciales abusivas y procurar la inclusión de las pequeñas y medianas empresas como proveedores de los grandes supermercados».
El artículo 3 del proyecto dispone que «esta ley será aplicable exclusivamente respecto de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar».
El Código de Buenas Prácticas entre los supermercadistas y sus proveedores deberá procurar «la inclusión de pequeñas y medianas empresas entre sus proveedores habituales, a los que deberá reservar no menos que el 10% del espacio en góndola».
Los supermercados mayoristas deberán cuidar que «el espacio ocupado por productos de una misma marca, proveedor o grupo económico de empresas, no supere el treinta por ciento (30%) del espacio de cada góndola, dentro de la misma categoría de producto». «Asimismo, la ubicación de la mercadería deberá ser rotada periódicamente», dispone el artículo 6.
El Ministerio de Producción bonaerese será la Autoridad de Aplicación de la ley, y deberá dictar el reglamento necesario en un plazo de noventa días corridos a contar desde su entrada en vigencia.
El proyecto también modifica algunos artículos de la Ley de Defensa del Consumidor y precisa que será política del gobierno propender «al equilibrio en las relaciones entre los supermercadistas y sus proveedores, sin perjuicio de lo que especialmente se establezca para dichas relaciones en la legislación aplicable».

Diputados apunta a impulsar a la industria del software

Un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados recibió a representantes de la industria del software para debatir una serie de proyectos que apuntan a promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información, apoyado en los avances de la ciencia y las tecnologías.
Se trata de seis proyectos de diputados de diferentes bloques, que buscan la creación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y de la Producción Audiovisual Nacional con destino al exterior.
Las iniciativas tienen por objeto la promoción del software y servicios informáticos y digitales; la producción y posproducción audiovisual; biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis.
Entre los proyectos figura la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, cuyos destinatarios gozarían de estabilidad fiscal respecto de las actividades objeto de promoción. Esto es, no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento de su solicitud de adhesión al registro. Esa estabilidad alcanza a todos los tributos nacionales.
Asimismo, quedarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del 15% en la medida en que mantengan su nómina de personal en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
El diputado Juan Brügge (Unión por Córdoba), titular de la Comisión de Comunicaciones, expresó que esta ley «evita la fuga de cerebros y rescata el talento de los argentinos», y agregó que «hay que ampliarla a otras industrias más allá del software porque brinda estabilidad fiscal».
Al abrir la exposición, Manuel Danoira, representante de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), que nuclea a 21.000 asociados, destacó el «crecimiento exponencial de la ley de emprendedores» que según sus palabras complementa a la actual ley de software». También afirmó que con esta nueva ley en discusión, «el talento tiene un apoyo institucional».
En nombre de Auravant, empresa de software agropecuaria, Leonardo Fernández dijo que es esencial ir hacia una ley «más inclusiva y ambiciosa». Matías Mosteirin, presidente Cámara Argentina Cinematográfica, que reúne a 23 productoras argentinas, recordó que durante muchos años quisieron generar un proyecto enfocado en lo cinematográfico y manifestó «la necesidad de una ley de promoción de la industria audiovisual». Y desde la empresa de biotecnología Grid Exponential, Matías Peire afirmó que esta ley presenta una «oportunidad concreta» y configura «un primer paso para capturar el talento que por el momento solo absorbe el sistema científico».

Vecinos piden que el Parque Rivadavia sea «Patrimonio Cultural»

Un grupo de vecinos del barrio de Caballito presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que el Parque Rivadavia sea declarado «Patrimonio Cultural» con el propósito de «preservar» ese espacio verde ante la posibilidad de que el gobierno porteño abra una calle en uno de los laterales del predio público.
La iniciativa fue ingresada a la Mesa de Entradas del Parlamento capitalino por Alejandro Bassignani, de Amigos del Parque Rivadavia, tras lo cual se dará inicio al tratamiento legislativo por parte de los diputados.
La iniciativa vecinal promueve la declaración como Bien del Patrimonio Cultural al Parque Rivadavia, que está ubicado en la Comuna 6 -entre las calles Rosario, Doblas y la avenida Rivadavia- para preservar de manera integral todo lo que allí se despliega: los monumentos, la calesita y las ferias de libros, de numismática y de coleccionistas.
Pero también, la idea de los vecinos apunta a impedir el avance de la obra proyectada por el gobierno de la Ciudad para abrir una calle sobre uno de los costados del Parque, con el fin de extender 100 metros la traza de Beauchef, una vía que nace en el barrio de Pompeya y se interrumpe al llegar al predio.
La medida está dentro del Código Urbanístico porteño, que fue recientemente aprobado por la Legislatura en un apartado donde se consignan las vías próximas a ser abiertas, entre ellas Beauchef.
Ante el inicio de trabajos para abrir esa calle durante enero los vecinos presentaron un recurso de amparo ante la Justicia porteña, que frenó temporalmente la obra; por lo cual la intención del gobierno local podría modificarse y convertir esos 100 metros en una «calle de convivencia» habilitada solo para servicios de automóviles de emergencia con reductores de velocidad.
Bassignani explicó que el proyecto busca «proteger al Parque para que sea conservado como tal» y que «al ser declarado como patrimonio cultural, entonces no se pueda hacer lo que se quiera».
«Lo presentamos aquí porque queremos que el debate sea en este ámbito legislativo, donde están los representantes del pueblo», indicó.
Para Carla Martínez, presidenta de la Cooperadora del Normal 4, la apertura de Beauchef afectaría a los alumnos que salen del colegio por una de las puertas que da al Parque y, además, el paso de vehículos impactaría en el dictado de clases en las aulas que están ubicadas en ese sector del edificio.
«Queremos proteger al Parque como Patrimonio Cultural, que no lo toquen», aseveró.

CABA se incorporó al sistema único de residencias del sistema de salud

La legislatura porteña aprobó, el proyecto de la diputada porteña Patricia Vischi (Evolución) donde destaca la incorporación de la Ciudad, al examen único de residencias del sistema de salud, con el fin que este instrumento de evaluación y unificación del cronograma para los cargos de residencias médicas básicas, se consolide y fortalezca.
Se trata de la evaluación para acceder a residencias médicas básicas y otras especialidades. Luego de que el Parlamento porteño avalara dicha incorporación, el distrito capitalino se sumó a las otras 22 jurisdicciones donde ya funciona el sistema.
Esta herramienta que brinda mayor transparencia en la cobertura de cargos de las residencias médicas básicas y articuladas; que consiste en una prueba de selección múltiple que se rinde simultáneamente en todas las sedes, y cuya corrección se realiza con herramientas tecnológicas seguras y de última generación.
“Como toda política de estado planificada y organizada, que debe regir la salud para todos, esta inclusión del sistema de exámenes únicos y simultáneos, marca un rumbo en este sentido”, expresó Vischi.
Este instrumento de evaluación y unificación del cronograma para los cargos de residencias médicas básicas, se consolide y fortalezca
“Este mecanismo permite la integración de los sistemas públicos y privados de nuestra salud apuntando a planificar las necesidades del recurso humano en salud y evitar que quienes concursen deambulen inscribiéndose en distintos efectores debiendo dar varias veces exámenes de acuerdo al éxito o fracaso de los exámenes. Si bien el sistema de salud argentino es federal, las prioridades de contar con los mejores profesionales apuntan a organizar los exámenes como se hacía hace muchos años”, concluyó.

Argentina y Paraguay habilitarán un nuevo paso sobre Yacyretá

Los Gobiernos de Argentina y Paraguay acordaron habilitar un nuevo paso fronterizo sobre la represa de la central hidroeléctrica de Yacyretá, que comparten ambos países.
Los documentos para habilitar este nuevo paso fueron suscritos por los canciller de Argentina, Jorge Faurie, y de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, en una reunión donde repasaron varios temas relativos a la integración en infraestructura.
Según destacó la Cancillería argentina en un comunicado, la habilitación de la circulación internacional sobre la represa de Yacyretá dará una respuesta concreta a las aspiraciones de los habitantes de esa zona de la frontera entre los dos países.
El nuevo paso internacional permitirá conectar la ciudad de Ituzaingó, Corrientes, con la paraguaya Ayolas, «mejorando notablemente la calidad de vida de sus poblaciones». Por otra parte, Faurie y Castiglioni destacaron los «importantes esfuerzos» que desarrollan la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables como la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina para mejorar la competitividad y la eficacia del transporte fluvial y de la logística portuaria.
Al respecto, resaltaron la importancia de un reciente decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, que exime de prácticos a los buques de hasta 140 metros de eslora, cuyas disposiciones son extensivas a embarcaciones de bandera paraguaya.
Asimismo, los cancilleres resaltaron la «significativa reducción lograda en la tasa migratoria que hace aún más competitivos» a todos los puertos argentinos.
También destacaron las acciones de la AGP para la habilitación de una dársena fluvial con tratamiento prioritario para las operaciones de transbordo de la carga paraguaya en el puerto de Buenos Aires.
Por otra parte, celebraron la firma de un acta mediante la cual Paraguay devolverá el sitio que utiliza como zona franca en la ciudad argentina de Rosario (provincia de Santa Fe) y el acuerdo para mudarla a otro emplazamiento en esa provincia, sobre el río Paraná.
La Cancillería argentina resaltó el «excelente clima de diálogo constructivo en el que se encuentra la relación bilateral».

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