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Ciudad de Buenos Aires sin sorbetes: ¿Alcanza?

*Por Florencia Montani

Desde el 22 de Mayo, La Ciudad de Buenos Aires se niega a la comercialización y consumición de sorbetes descartables. De acuerdo a las publicaciones del Boletín Oficial ya no se podrán colocar ni “dejar a vista del consumidor” las pajitas plásticas, se estima que dentro de 6 meses estará prohíba su entrega.

La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) publicó en sus informes que por año se vierten aproximadamente 8 millones de toneladas de plásticos. Además, nuestro país se posiciona como el número 28 dentro del ranking de los países costeros. De acuerdo a los datos sugeridos por el Gobierno Porteño, los peces del Río de la Plata, tales como el pejerrey, el sábalo y el surubí contienen en su aparato digestivo restos microscópicos de material sintético.

Es por ello, que surgió en las redes sociales la Campaña #MejorsinSorbete que tiene como principal objetivo la prohibición de las pajitas en todo el país. Los activistas proponen sustituir el material plástico por otros que no generen impacto negativo, tales como el papel, la caña de ombú o incluso el vidrio.

Ante dicho movimiento, La Ciudad de Buenos Aires se sumó al grupo sustentable,  donde ya participaban las ciudades de la costa como Pinamar, Mar del Plata, Villa Gesell y Mar chiquita. Además de Mendoza y Ushuaia. En dicho Contexto,  El ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad firmó a través de la Agencia de Protección Ambiental la resolución para impedir la circulación total del producto plástico. La propuesta se desprende de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

El despertar de dicha medida fue la publicación viral de una adolecente,  la cual estaba cansada de esperar a que algún legislador coloque en su agenda el impacto negativo del sorbete en el medioambiente. Su petición se volvió un éxito, logra aproximadamente una firma por minuto.

En el mes de mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje,  diversas organizaciones establecen que esta nueva práctica no alcanza para lidiar con el tamaño problema, se debe prohibir su consumo de manera inmediata porque no sólo impacta en tierras y mareas, sino también en el cambio climático.

 

¿Cuáles son los alcances de la ley de Economía del Conocimiento?

 La ley que fue sancionada por el Senado de la Nación el 22 de mayo, tiene como objetivo promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información, apoyado en los avances de la ciencia y la tecnología, la obtención de bienes, la prestación de servicios o la mejora de procesos.

La norma tiene como antecedente la experiencia adquirida durante la vigencia del Régimen de Promoción de la Industria del Software, en vistas a modificarlo y simplificarlo.

Entre los rubros promovidos por la ley, se encuentran aquellos vinculados a la biotecnología, bioinformática, desarrollo de Software, e-commerce, servicios de diseño, industria aeroespacial y satelital, neurotecnología y sus ensayos y análisis.

Quienes deseen acceder al régimen deberán inscribirse en el registro de beneficiarios, que será creado por la misma ley. Como requisito, será necesario acreditar la realización de actividades de investigación y desarrollo, capacitación a los empleados y exportación de bienes o servicios, así como la implementación de mejoras continuas en la calidad de sus servicios, productos o procesos. Quedarán exceptuadas las microempresas, que sólo deberán acreditar que desarrollan actividades en el país.

Los beneficiarios gozarán de estabilidad fiscal, es decir que no verán incrementada su carga tributaria total nacional establecida al momento de solicitar el ingreso al registro. La misma alcanza a todos los impuestos nacionales y a los derechos o aranceles a la importación y exportación.

Además, podrán obtener un bono de crédito fiscal y el ingreso obtenido del mismo no se computará para la determinación de la ganancia neta. De acuerdo a los cálculos realizados por el portal digital Pharmabiz, sumado a la reducción en los impuestos, esto podría representar un ahorro de $6.500 al mes sobre un salario bruto de $50.000, que serían $2.6 millones para una dotación de 400 personas.

Asimismo, los beneficiarios no serán pasibles del IVA y el impuesto a las ganancias contará con una alícuota reducida en un 15%, en tanto respeten la reglamentación impuesta. También podrán deducir un crédito por los gravámenes análogos pagados o retenidos en el exterior cuando se trate de ganancias de fuente argentina.

Sin embargo, cada beneficiario deberá contribuir con un aporte anual, equivalente al 1,5% del monto total de los beneficios fiscales otorgados por el régimen, que será destinado al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor, dedicado a la financiación de emprendimientos e instituciones que tengan su origen en un capital de dicha índole.

El Senado aprobó Ley de Economía del Conocimiento

El Senado convirtió en ley por unanimidad el proyecto sobre Economía del Conocimiento enviado por el Ejecutivo, que prevé una prórroga hasta diciembre de 2030 de los beneficios fiscales de las empresas de software y los amplía a otras firmas de tecnologías intensivas, con lo que aspira a generar 200.000 puestos de trabajo.

La norma contempla menores costos laborales y tributarios, estabilidad fiscal y fomento de nuevas firmas para actividades que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requieren de capital humano altamente calificado a fin de competir a nivel global.

El expediente, que tiene como antecedente el Régimen de Promoción de la Industria del Software creado durante el gobierno de Néstor Kirchner, busca ampliar los beneficios de ese programa que vence en diciembre próximo.

Se definen actividades productivas dentro de la Economía del Conocimiento a aquellas que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requieren capital humano altamente calificado. Por ello, el expediente propone incluir, además, a otras industrias como las de producción y posproducción audiovisual, biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética.

Con la sanción del proyecto se apuesta a crear 215.000 puestos de trabajo de calidad y a alcanzar los US$ 15.000 millones de exportación en 2030.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Esteban Bullrich, defendió el proyecto al señalar que “aprovecha una buena política para ampliarla”, en referencia a que prorroga dos iniciativas similares de 2004 y 2011, durante los gobiernos de Kirchner y Cristina Fernández, respectivamente.  Señaló que el programa “en 2020 tendrá un costo fiscal de $ 12.900 millones”.

En ese sentido, defendió que en los incentivos estén incluidas las empresas grandes, como Mercado Libre, porque “compiten contra el recurso humano del mundo y, por lo tanto, hay que sostener incentivos para crear empleos argentinos”.

El peronista Juan Mario Pais y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti cuestionaron que dentro de los beneficios se hayan incluido a empresas que valen más de US$ 1.000 millones, conocidas como “unicornios”.

Pais, quien primero dijo que iba a votar en contra, luego que se iba a abstener pero finalmente votó a favor, opinó que “tal como está redactada, esta ley beneficiará a las grandes empresas internacionales y al capital concentrado”. “No quiero que este esfuerzo fiscal vaya a Mercado Libre o a grandes empresas”, aseguró.

En tanto, Sagasti, si bien adelantó que iba a votar a favor de la norma, señaló que “por la vaga redacción de esta ley podrían verse beneficiadas firmas grandes”.

Buscan que no haya policías armados en movilizaciones

Los policías bonaerenses que intervengan en marchas, manifestaciones y protestas sociales en la provincia de Buenos Aires no deberán portar armas de fuego ni municiones letales y deberán garantizar la labor de los periodistas, que no podrán ser detenidos, según un proyecto de ley que ingresó en la Legislatura bonaerense.
Se trata de una reforma a la ley 13.482 que regula a la Policía de la provincia de Buenos Aires que busca garantizar la vida e integridad física de las personas que participan de una concentración o manifestación pública, y además proteger y garantizar la libertad de prensa frente al accionar policial.
El proyecto, elaborado por los diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana Miguel Funes y Florencia Saintout ingresó a la Legislatura provincial en el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
Según el artículo 9 bis que se pretende incorporar a la Ley de la Policía provincial, «la intervención policial en concentraciones o manifestaciones públicas» buscará articular «mecanismos de mediación y negociación política del conflicto que en ningún caso podrá recaer en cabeza del jefe o responsable del operativo policial».
El texto agrega que la mediación y negociación tendrá por objeto i) identificar las demandas de los manifestantes, ii) articular con los organismos competentes la solución del conflicto, iii) dar intervención al área de control de tránsito que corresponda, y iv) propender al uso responsable del espacio público», detalla el proyecto.
Remarca que «bajo ningún concepto el personal oficial que participe podrá portar y utilizar armas de fuego y/o municiones letales. La portación de armas de fuego y/o municiones letales por parte de un agente policial en una concentración o manifestación pública, será considerada falta grave».
Agrega que «el personal policial que participe de los operativos deberá respetar, proteger y garantizar la libertad de prensa, cualquiera sea la modalidad de cobertura periodística».
Y establece que «a los fines de garantizar la libertad de prensa, queda prohibido la privación de libertad de los operadores de prensa, el empleo de estorbos físicos o amenazantes, secuestro de material de trabajo y registro periodístico, y cualquier otra acción deliberada que tenga por fin el impedir, cercenar o amenazar la labor de prensa».
El actual artículo 9 de la ley 13482 expresa: «Los miembros de las Policías de la Provincia de Buenos Aires actuarán conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Su accionar deberá adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas así como también al principio de gradualidad, privilegiando las áreas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza y procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas».

Kosiner y MuMaLá piden la emergencia en violencia de género

El presidente del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Pablo Kosiner, presentó un proyecto de ley por el cual pide que se declare en todo el territorio nacional la “emergencia en violencias de género”, en un acto conjunto con más de 30 mujeres del movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) .
“En 2018 fueron 255 las víctimas de femicidio y 4 víctimas de trans/travesticidios lo que sumaron un total de 259 muertes. En lo que va del año 2019, ya son más de 70 los casos contabilizados por eso sentimos la obligación de declarar la emergencia”, expresó el titular de Argentina Federal en Diputados.
En ese sentido el legislador salteño afirmó: “No podemos permitir que siga la quietud mientras las mujeres mueren todos los días por culpa de las violencias de género pero hay que ser claros: para que las políticas se lleven adelante se necesita la asignación de presupuesto”.
Asimismo, Kosiner resaltó la importancia de la educación como tema central para prevenir la violencia: “No hay que tenerle miedo a la Educación Sexual Integral. Es importante que todas las personas reciban la educación adecuada a su edad”.
El proyecto es el resultado del trabajo en conjunto con el movimiento MuMaLá y llega al Congreso tras una campaña de recolección de firmas iniciada en febrero de 2018, contabilizando a la fecha más de 70.000 firmas en todo el país.
“Buscamos dar desde el Congreso una solución al Poder Ejecutivo facultándolo a que reasigne de forma urgente las partidas presupuestarias necesarias para afrontar la emergencia que se declara y lo destine a un plan de acción concreto que tendrá como finalidad la prevención y tratamiento de la violencia contra las mujeres”, explicó Kosiner.
Dentro del plan de acción que describe el proyecto de ley se busca aumentar el presupuesto para el abordaje de las violencias al Instituto Nacional de la Mujer; implementar de forma urgente la «Ley Micaela» de formación obligatoria con perspectiva de género para efectores judiciales, de salud, educación y seguridad y crear Juzgados y Fiscalías especializadas en violencias de Género.
También implementar el Patrocinio Jurídico Gratuito en todo el país; crear equipos interdisciplinarios de acompañamiento a víctimas de violencias en el territorio nacional; aplicar dispositivos electrónicos para agresores sexuales y agresores que incumplen medidas judiciales, entre otras medidas.

 

Quieren declarar el “Día de la lucha contra la corrupción”

Diputados nacionales de Cambiemos, encabezados por Graciela Ocaña (Pro), presentaron un proyecto de resolución para que el 22 de febrero de cada año sea instituido como “Día nacional de la lucha contra la corrupción”, en conmemoración de la tragedia ferroviaria de Once, donde murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas.

La iniciativa propone que ese día sea instituido “como recordatorio del trágico siniestro ferroviario ocurrido en el año 2012, que dejó al descubierto un entramado fraudulento que involucraba a funcionarios, así como a empresarios del transporte, y que dejó en evidencia las consecuencias fatales que puede traer la corrupción”.

En el artículo segundo del proyecto, se establece que “el Poder Ejecutivo Nacional determinará las acciones a llevar a cabo todos los años para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia”.

Además de Ocaña, firmaron la propuesta los oficialistas Federico Zamarbide, Fernando Iglesias, Jorge Enriquez, Beatriz Ávila, Carmen Polledo, Cornelia Schmidt-Liermann, Héctor “Toty” Flores, Facundo Suárez Lastra, Javier Campos, Karina Molina, Alejandro García, Silvia Lospennato, Pablo Torello y Guillermo Montenegro.

“Las condenas de las causas judiciales que investigaron el trágico siniestro ferroviario ocurrido el 22 de febrero del 2012 dejaron en evidencia que, cuando es parte del entramado del Estado, la corrupción puede causar una tragedia. Es por este motivo que resulta atinente recordar el día de este terrible suceso, como día de lucha contra la corrupción en nuestro país, y así rendir un merecido homenaje a sus víctimas y familiares”, sostuvieron los diputados.

El diputado Filmus presentó un proyecto de ley de fomento del libro argentino

El diputado nacional Daniel Filmus (Frente para la Victoria-PJ) presentó un proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional del Libro Argentino, para que escritores y editores puedan llegar a nuevos públicos a partir de la intervención del Estado.
La presentación se realizó en el edificio anexo del Congreso, con la presencia de escritores, editores, representantes de universidades y editoriales universitarias, de la industria gráfica, sindicatos, traductores y libreros.
Según el ex ministro de Educación kirchnerista, uno de los objetivos principales del proyecto es que los escritores y los editores tengan la posibilidad de llegar a nuevos públicos. Para ello es necesario que esa responsabilidad sea asumida por el Estado y no quede librada al mercado».
«Más allá del momento crítico que atraviesa actualmente la industria editorial en el país, la ley establece la creación de una instancia para el diseño y la implementación de políticas públicas en favor del libro», agregó.
En el proyecto de ley, que consta de 22 artículos, «se propone la protección, difusión, defensa y distribución del libro argentino, y está vinculado con el papel importante que jugaron históricamente el Instituto Nacional del Teatro, el del Cine y el de la Música. Más allá del momento crítico que atraviesa la industria del libro en el país, tiene varios objetivos», explicó el legislador.
Durante el panel, el filósofo Darío Sztajnszrajber dijo: «Lo positivo es que la política se ha juntado, ya que distintos bloques han decidido apoyar este proyecto; pero también es interesante que todo el mundo que converge en ‘el libro’ también esté junto apoyando esto, como escritores, editores, fuera de lo que parece una confrontación cotidiana.»
Por su parte, la escritora Claudia Piñeiro, remarcó: «No acepto la dicotomía de que si no hay para comer cómo se puede pensar en los libros (…) No me hagan creer que porque se crea un instituto del libro, se afecta presupuesto para la baja de la pobreza».
El proyecto busca «contribuir a la circulación de la creación literaria y el pensamiento argentino como herramienta de democratización y enriquecimiento del debate público» y «promover la circulación federal del libro y el acceso igualitario en todo el territorio de nuestro país, fortaleciendo los mecanismos de distribución y comercialización del libro argentino».
También apunta a «promover los espacios de promoción y difusión del libro en sus dimensiones culturales y de promoción de la lectura» y a «contribuir a garantizar los derechos de autores y productores culturales de la industria editorial».
Busca, además, «promover la presencia y circulación del libro argentino en el ámbito de la lengua castellana más allá de las fronteras nacionales a través de políticas de estímulo a la exportación y traducción de libros argentinos».
El proyecto de Filmus cuenta con el acompañamiento del presidente de la comisión de Educación, José Luis Riccardo (UCR), y de los diputados Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Victoria Donda (Somos), Daniel Arroyo (Red por Argentina), Elda Pértile y Carolina Moisés (Justicialista) y Roberto Salvarezza y Pablo Carro (Frente Para la Victoria-PJ).
También sumaron sus apoyos: Cecilia Moreau y José Ignacio De Mendiguren (Unidos por una Nueva Argentina, UNA), Alejandra Rodenas (Nuevo Espacio Santafesino), José Luis Ramón (Protectora), Silvana Ginocchio (Elijo Catamarca) y Mirta Pastoriza (Frente Cívico por Santiago).

Mayor presencia de productos de PyMEs en góndolas

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal envió a la Legislatura el proyecto conocido como «ley de góndolas» para garantizar una mayor presencia de productos de pequeñas y medianas empresas en las góndolas de los supermercados e hipermercados de la provincia.
La iniciativa busca regular «las buenas prácticas con proveedores» y alcanza a mayoristas, grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, que deberán contar en sus góndolas con productos de no menos de cuatro proveedores distintos por artículo.
El envío a la Legislatura de la denominada «ley de góndolas» fue anunciado por Vidal, en la conferencia de prensa donde dio a conocer una serie de medidas que «van a dar alivio y tranquilidad al bolsillo».
El proyecto busca «evitar el desequilibrio en las relaciones comerciales entre las grandes empresas supermercadistas y sus proveedores, que genera una serie de consecuencias con impacto desfavorable tanto para los consumidores como para los proveedores, especialmente las pequeñas y medianas empresas para las que resulta particularmente difícil acceder con sus productos a las góndolas de los grandes supermercados».
Con este proyecto se pretende «promover la competencia, la oferta de los productos de primera necesidad, la concurrencia de proveedores y la transparencia en beneficio de los consumidores, evitar prácticas comerciales abusivas y procurar la inclusión de las pequeñas y medianas empresas como proveedores de los grandes supermercados».
El artículo 3 del proyecto dispone que «esta ley será aplicable exclusivamente respecto de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar».
El Código de Buenas Prácticas entre los supermercadistas y sus proveedores deberá procurar «la inclusión de pequeñas y medianas empresas entre sus proveedores habituales, a los que deberá reservar no menos que el 10% del espacio en góndola».
Los supermercados mayoristas deberán cuidar que «el espacio ocupado por productos de una misma marca, proveedor o grupo económico de empresas, no supere el treinta por ciento (30%) del espacio de cada góndola, dentro de la misma categoría de producto». «Asimismo, la ubicación de la mercadería deberá ser rotada periódicamente», dispone el artículo 6.
El Ministerio de Producción bonaerese será la Autoridad de Aplicación de la ley, y deberá dictar el reglamento necesario en un plazo de noventa días corridos a contar desde su entrada en vigencia.
El proyecto también modifica algunos artículos de la Ley de Defensa del Consumidor y precisa que será política del gobierno propender «al equilibrio en las relaciones entre los supermercadistas y sus proveedores, sin perjuicio de lo que especialmente se establezca para dichas relaciones en la legislación aplicable».

Beneficios fiscales a las empresas de software

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto de Ley de Economía del Conocimiento, que contempla la prórroga hasta diciembre del 2030 de los beneficios fiscales que tienen las empresas de software y los amplía a otras firmas de tecnologías intensivas, con los que aspira a generar 200.000 puestos de trabajo.
Tras un breve debate, el proyecto fue aprobado por 182 votos a favor y dos en contra (de la izquierda); y fue girado al Senado.
La iniciativa contempla menores costos laborales y tributarios, estabilidad fiscal y fomento de nuevas firmas para aquellas actividades que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requieren de capital humano altamente calificado a fin de competir a nivel global.
El proyecto, que tiene como antecedente el Régimen de Promoción de la Industria del Software busca ampliar los beneficios de ese programa que vence en diciembre próximo y los extiende hasta el 2030.
Propone incluir, además, en ese plan a otras industrias como las de producción y postproducción audiovisual, biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética.
Entre los puntos claves, el proyecto propone otorgar estabilidad fiscal para las empresas que se inscriban en un registro especial, que incluye a todos los tributos nacionales, por lo cual las compañías «no podrán ver aumentada su carga tributaria total nacional” mientras dure el régimen, a la vez que prevé una baja en los costos laborales y en Ganancias.
El proyecto se fija que podrán acceder a estos beneficios las empresa que acrediten mejoras en la calidad de sus servicios, productos y/o procesos, o mediante una norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios, productos y/o procesos.
También deberán acreditar haber realizado inversiones en investigación y desarrollo en un mínimo del 3 por ciento de su facturación total o capacitación de sus empleados destinando al menos el 8 por ciento de la masa salarial.
El proyecto crea el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

Discuten el nuevo Código Penal

El proyecto de nuevo Código Penal que envió el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación y que reabre el debate sobre temas controvertidos, como la despenalización del aborto y la corrupción, comienza a ser discutido en comisión con la exposición de funcionarios y especialistas.
La propuesta, que modifica el actual Código que rige desde 1921 y que sistematiza unas 900 leyes especiales, endurece las penas para casos de corrupción y narcotráfico así como para los episodios de robos por parte de motochorros, e introduce castigos para quienes arrojen piedras contra fuerzas de seguridad o interrumpan el tránsito.
En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, que ya comenzó a levantar polvareda, no prevé eliminar la penalización, como proponía el proyecto que fracasó a mediados de 2018 en el Senado, sino que deja a criterio de cada juez la aplicación o no del castigo.
Desde los diferentes bloques parlamentarios aseguran que existe «voluntad política» para debatir la norma pero admitieron que «no hay garantías» de que la aprobación definitiva se concrete este año, en medio de la campaña electoral por la elección presidencial de octubre próximo.
El texto enviado por el Gobierno declara la emergencia penitenciaria y despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad. Y mantiene la condena para la mujer que aborte, aunque el juez podrá eximirla de la pena.
Para los casos de corrupción que impliquen pago de coimas, sobornos y enriquecimiento ilícito de funcionarios, las penas pasarán de la escala actual que va de 1 a 6 años de prisión a otra de 4 a 12 años, y deberán ser de cumplimiento efectivo.
En este último ítem, no sólo se incluye a funcionarios sino a titulares de obras sociales y a todos aquellos que estén obligados por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales.
La iniciativa incorpora el delito del acoso laboral, castiga la tenencia de pornografía infantil y aplica el seguimiento para casos de delitos como el abuso sexual agravado y dellitos de violencia de género.
En caso de aprobarse la iniciativa también se prevé incluir figuras delictivas, como «asociaciones ilícitas terroristas», «reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento de terroristas». Y eleva todas las escalas penales al doble de la pena cuando algún delito se cometa «con fines terroristas», llegando a penas de prisión perpetua.
Por último, el proyecto oficial amplía los delitos donde pueden haber «arrepentidos», incorpora la «extinción de dominio» que el Gobierno decretó con un DNU y tipifica varios delitos contra los barras bravas, en momentos que se discute el proyecto sobre ese tema que el Gobierno envió al Congreso de la Nación.
El presidente de la comisión que elaboró el proyecto de ley de reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, destacó el «avance» que implica en un año electoral el envío de la iniciativa para su debate en el Congreso de la Nación, ya que «sistematiza la historia de los últimos 100 años de historia de la Justicia».
Borinsky, que se desempeña como juez de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, declaró a radio La Red que se sistematizan «casi 900 leyes especiales» y ponderó la apertura de la discusión del tema a nivel parlamentario, aunque aceptó que en un año electoral podría demorarse a aprobación en ambas cámaras.
Borinsky lideró durante los últimos dos años la comisión asesora de especialistas que redactó el nuevo código, que busca reemplazar el actual, que rige desde 1921.
El proyecto de 244 páginas fue enviado anoche por el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación, desde donde se giró a la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el senador del PJ Pedro Guastavino.
Borinsky se refirió a algunos puntos de la propuesta que prometen generar polémica, como el reclamo de la despenalización del aborto.
En el texto no se despenaliza pero se deja a criterio de cada juez la posibilidad de castigo a las mujeres que interrumpan el embarazo, un punto que ya comenzó a recibir críticas de parte de las activistas del pañuelo verde.
«El Código penal tiene un avance en el tema del aborto», consideró el juez y señaló que que «se incorpora la posibilidad del aborto no punible cuando está en riesgo la salud de la mamá y en caso de violación», a la vez que, dijo, «también se incorporan penas contra la violencia de género».
El debate por la corrupción también formará parte del debate en el Congreso ya que en el nuevo Código se endurecen las penas en este sentido, fundamentalmente para quienes se desempeñan como funcionarios públicos.
«Se aumentarán las penas para los delitos de corrupción, que pasarán de una escala que va de 1 a 6 años de prisión, hacia otro de 4 a 12 años, en especial para el pago de coimas, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito de funcionarios», especificó.

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