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Kosiner y MuMaLá piden la emergencia en violencia de género

El presidente del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Pablo Kosiner, presentó un proyecto de ley por el cual pide que se declare en todo el territorio nacional la “emergencia en violencias de género”, en un acto conjunto con más de 30 mujeres del movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) .
“En 2018 fueron 255 las víctimas de femicidio y 4 víctimas de trans/travesticidios lo que sumaron un total de 259 muertes. En lo que va del año 2019, ya son más de 70 los casos contabilizados por eso sentimos la obligación de declarar la emergencia”, expresó el titular de Argentina Federal en Diputados.
En ese sentido el legislador salteño afirmó: “No podemos permitir que siga la quietud mientras las mujeres mueren todos los días por culpa de las violencias de género pero hay que ser claros: para que las políticas se lleven adelante se necesita la asignación de presupuesto”.
Asimismo, Kosiner resaltó la importancia de la educación como tema central para prevenir la violencia: “No hay que tenerle miedo a la Educación Sexual Integral. Es importante que todas las personas reciban la educación adecuada a su edad”.
El proyecto es el resultado del trabajo en conjunto con el movimiento MuMaLá y llega al Congreso tras una campaña de recolección de firmas iniciada en febrero de 2018, contabilizando a la fecha más de 70.000 firmas en todo el país.
“Buscamos dar desde el Congreso una solución al Poder Ejecutivo facultándolo a que reasigne de forma urgente las partidas presupuestarias necesarias para afrontar la emergencia que se declara y lo destine a un plan de acción concreto que tendrá como finalidad la prevención y tratamiento de la violencia contra las mujeres”, explicó Kosiner.
Dentro del plan de acción que describe el proyecto de ley se busca aumentar el presupuesto para el abordaje de las violencias al Instituto Nacional de la Mujer; implementar de forma urgente la «Ley Micaela» de formación obligatoria con perspectiva de género para efectores judiciales, de salud, educación y seguridad y crear Juzgados y Fiscalías especializadas en violencias de Género.
También implementar el Patrocinio Jurídico Gratuito en todo el país; crear equipos interdisciplinarios de acompañamiento a víctimas de violencias en el territorio nacional; aplicar dispositivos electrónicos para agresores sexuales y agresores que incumplen medidas judiciales, entre otras medidas.

 

Quieren declarar el “Día de la lucha contra la corrupción”

 

Diputados nacionales de Cambiemos, encabezados por Graciela Ocaña (Pro), presentaron un proyecto de resolución para que el 22 de febrero de cada año sea instituido como “Día nacional de la lucha contra la corrupción”, en conmemoración de la tragedia ferroviaria de Once, donde murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas.

La iniciativa propone que ese día sea instituido “como recordatorio del trágico siniestro ferroviario ocurrido en el año 2012, que dejó al descubierto un entramado fraudulento que involucraba a funcionarios, así como a empresarios del transporte, y que dejó en evidencia las consecuencias fatales que puede traer la corrupción”.

En el artículo segundo del proyecto, se establece que “el Poder Ejecutivo Nacional determinará las acciones a llevar a cabo todos los años para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia”.

Además de Ocaña, firmaron la propuesta los oficialistas Federico Zamarbide, Fernando Iglesias, Jorge Enriquez, Beatriz Ávila, Carmen Polledo, Cornelia Schmidt-Liermann, Héctor “Toty” Flores, Facundo Suárez Lastra, Javier Campos, Karina Molina, Alejandro García, Silvia Lospennato, Pablo Torello y Guillermo Montenegro.

“Las condenas de las causas judiciales que investigaron el trágico siniestro ferroviario ocurrido el 22 de febrero del 2012 dejaron en evidencia que, cuando es parte del entramado del Estado, la corrupción puede causar una tragedia. Es por este motivo que resulta atinente recordar el día de este terrible suceso, como día de lucha contra la corrupción en nuestro país, y así rendir un merecido homenaje a sus víctimas y familiares”, sostuvieron los diputados.

El diputado Filmus presentó un proyecto de ley de fomento del libro argentino

El diputado nacional Daniel Filmus (Frente para la Victoria-PJ) presentó un proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional del Libro Argentino, para que escritores y editores puedan llegar a nuevos públicos a partir de la intervención del Estado.
La presentación se realizó en el edificio anexo del Congreso, con la presencia de escritores, editores, representantes de universidades y editoriales universitarias, de la industria gráfica, sindicatos, traductores y libreros.
Según el ex ministro de Educación kirchnerista, uno de los objetivos principales del proyecto es que los escritores y los editores tengan la posibilidad de llegar a nuevos públicos. Para ello es necesario que esa responsabilidad sea asumida por el Estado y no quede librada al mercado».
«Más allá del momento crítico que atraviesa actualmente la industria editorial en el país, la ley establece la creación de una instancia para el diseño y la implementación de políticas públicas en favor del libro», agregó.
En el proyecto de ley, que consta de 22 artículos, «se propone la protección, difusión, defensa y distribución del libro argentino, y está vinculado con el papel importante que jugaron históricamente el Instituto Nacional del Teatro, el del Cine y el de la Música. Más allá del momento crítico que atraviesa la industria del libro en el país, tiene varios objetivos», explicó el legislador.
Durante el panel, el filósofo Darío Sztajnszrajber dijo: «Lo positivo es que la política se ha juntado, ya que distintos bloques han decidido apoyar este proyecto; pero también es interesante que todo el mundo que converge en ‘el libro’ también esté junto apoyando esto, como escritores, editores, fuera de lo que parece una confrontación cotidiana.»
Por su parte, la escritora Claudia Piñeiro, remarcó: «No acepto la dicotomía de que si no hay para comer cómo se puede pensar en los libros (…) No me hagan creer que porque se crea un instituto del libro, se afecta presupuesto para la baja de la pobreza».
El proyecto busca «contribuir a la circulación de la creación literaria y el pensamiento argentino como herramienta de democratización y enriquecimiento del debate público» y «promover la circulación federal del libro y el acceso igualitario en todo el territorio de nuestro país, fortaleciendo los mecanismos de distribución y comercialización del libro argentino».
También apunta a «promover los espacios de promoción y difusión del libro en sus dimensiones culturales y de promoción de la lectura» y a «contribuir a garantizar los derechos de autores y productores culturales de la industria editorial».
Busca, además, «promover la presencia y circulación del libro argentino en el ámbito de la lengua castellana más allá de las fronteras nacionales a través de políticas de estímulo a la exportación y traducción de libros argentinos».
El proyecto de Filmus cuenta con el acompañamiento del presidente de la comisión de Educación, José Luis Riccardo (UCR), y de los diputados Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Victoria Donda (Somos), Daniel Arroyo (Red por Argentina), Elda Pértile y Carolina Moisés (Justicialista) y Roberto Salvarezza y Pablo Carro (Frente Para la Victoria-PJ).
También sumaron sus apoyos: Cecilia Moreau y José Ignacio De Mendiguren (Unidos por una Nueva Argentina, UNA), Alejandra Rodenas (Nuevo Espacio Santafesino), José Luis Ramón (Protectora), Silvana Ginocchio (Elijo Catamarca) y Mirta Pastoriza (Frente Cívico por Santiago).

Mayor presencia de productos de PyMEs en góndolas

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal envió a la Legislatura el proyecto conocido como «ley de góndolas» para garantizar una mayor presencia de productos de pequeñas y medianas empresas en las góndolas de los supermercados e hipermercados de la provincia.
La iniciativa busca regular «las buenas prácticas con proveedores» y alcanza a mayoristas, grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, que deberán contar en sus góndolas con productos de no menos de cuatro proveedores distintos por artículo.
El envío a la Legislatura de la denominada «ley de góndolas» fue anunciado por Vidal, en la conferencia de prensa donde dio a conocer una serie de medidas que «van a dar alivio y tranquilidad al bolsillo».
El proyecto busca «evitar el desequilibrio en las relaciones comerciales entre las grandes empresas supermercadistas y sus proveedores, que genera una serie de consecuencias con impacto desfavorable tanto para los consumidores como para los proveedores, especialmente las pequeñas y medianas empresas para las que resulta particularmente difícil acceder con sus productos a las góndolas de los grandes supermercados».
Con este proyecto se pretende «promover la competencia, la oferta de los productos de primera necesidad, la concurrencia de proveedores y la transparencia en beneficio de los consumidores, evitar prácticas comerciales abusivas y procurar la inclusión de las pequeñas y medianas empresas como proveedores de los grandes supermercados».
El artículo 3 del proyecto dispone que «esta ley será aplicable exclusivamente respecto de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar».
El Código de Buenas Prácticas entre los supermercadistas y sus proveedores deberá procurar «la inclusión de pequeñas y medianas empresas entre sus proveedores habituales, a los que deberá reservar no menos que el 10% del espacio en góndola».
Los supermercados mayoristas deberán cuidar que «el espacio ocupado por productos de una misma marca, proveedor o grupo económico de empresas, no supere el treinta por ciento (30%) del espacio de cada góndola, dentro de la misma categoría de producto». «Asimismo, la ubicación de la mercadería deberá ser rotada periódicamente», dispone el artículo 6.
El Ministerio de Producción bonaerese será la Autoridad de Aplicación de la ley, y deberá dictar el reglamento necesario en un plazo de noventa días corridos a contar desde su entrada en vigencia.
El proyecto también modifica algunos artículos de la Ley de Defensa del Consumidor y precisa que será política del gobierno propender «al equilibrio en las relaciones entre los supermercadistas y sus proveedores, sin perjuicio de lo que especialmente se establezca para dichas relaciones en la legislación aplicable».

Beneficios fiscales a las empresas de software

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto de Ley de Economía del Conocimiento, que contempla la prórroga hasta diciembre del 2030 de los beneficios fiscales que tienen las empresas de software y los amplía a otras firmas de tecnologías intensivas, con los que aspira a generar 200.000 puestos de trabajo.
Tras un breve debate, el proyecto fue aprobado por 182 votos a favor y dos en contra (de la izquierda); y fue girado al Senado.
La iniciativa contempla menores costos laborales y tributarios, estabilidad fiscal y fomento de nuevas firmas para aquellas actividades que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requieren de capital humano altamente calificado a fin de competir a nivel global.
El proyecto, que tiene como antecedente el Régimen de Promoción de la Industria del Software busca ampliar los beneficios de ese programa que vence en diciembre próximo y los extiende hasta el 2030.
Propone incluir, además, en ese plan a otras industrias como las de producción y postproducción audiovisual, biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética.
Entre los puntos claves, el proyecto propone otorgar estabilidad fiscal para las empresas que se inscriban en un registro especial, que incluye a todos los tributos nacionales, por lo cual las compañías «no podrán ver aumentada su carga tributaria total nacional” mientras dure el régimen, a la vez que prevé una baja en los costos laborales y en Ganancias.
El proyecto se fija que podrán acceder a estos beneficios las empresa que acrediten mejoras en la calidad de sus servicios, productos y/o procesos, o mediante una norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios, productos y/o procesos.
También deberán acreditar haber realizado inversiones en investigación y desarrollo en un mínimo del 3 por ciento de su facturación total o capacitación de sus empleados destinando al menos el 8 por ciento de la masa salarial.
El proyecto crea el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

Discuten el nuevo Código Penal

El proyecto de nuevo Código Penal que envió el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación y que reabre el debate sobre temas controvertidos, como la despenalización del aborto y la corrupción, comienza a ser discutido en comisión con la exposición de funcionarios y especialistas.
La propuesta, que modifica el actual Código que rige desde 1921 y que sistematiza unas 900 leyes especiales, endurece las penas para casos de corrupción y narcotráfico así como para los episodios de robos por parte de motochorros, e introduce castigos para quienes arrojen piedras contra fuerzas de seguridad o interrumpan el tránsito.
En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, que ya comenzó a levantar polvareda, no prevé eliminar la penalización, como proponía el proyecto que fracasó a mediados de 2018 en el Senado, sino que deja a criterio de cada juez la aplicación o no del castigo.
Desde los diferentes bloques parlamentarios aseguran que existe «voluntad política» para debatir la norma pero admitieron que «no hay garantías» de que la aprobación definitiva se concrete este año, en medio de la campaña electoral por la elección presidencial de octubre próximo.
El texto enviado por el Gobierno declara la emergencia penitenciaria y despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad. Y mantiene la condena para la mujer que aborte, aunque el juez podrá eximirla de la pena.
Para los casos de corrupción que impliquen pago de coimas, sobornos y enriquecimiento ilícito de funcionarios, las penas pasarán de la escala actual que va de 1 a 6 años de prisión a otra de 4 a 12 años, y deberán ser de cumplimiento efectivo.
En este último ítem, no sólo se incluye a funcionarios sino a titulares de obras sociales y a todos aquellos que estén obligados por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales.
La iniciativa incorpora el delito del acoso laboral, castiga la tenencia de pornografía infantil y aplica el seguimiento para casos de delitos como el abuso sexual agravado y dellitos de violencia de género.
En caso de aprobarse la iniciativa también se prevé incluir figuras delictivas, como «asociaciones ilícitas terroristas», «reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento de terroristas». Y eleva todas las escalas penales al doble de la pena cuando algún delito se cometa «con fines terroristas», llegando a penas de prisión perpetua.
Por último, el proyecto oficial amplía los delitos donde pueden haber «arrepentidos», incorpora la «extinción de dominio» que el Gobierno decretó con un DNU y tipifica varios delitos contra los barras bravas, en momentos que se discute el proyecto sobre ese tema que el Gobierno envió al Congreso de la Nación.
El presidente de la comisión que elaboró el proyecto de ley de reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, destacó el «avance» que implica en un año electoral el envío de la iniciativa para su debate en el Congreso de la Nación, ya que «sistematiza la historia de los últimos 100 años de historia de la Justicia».
Borinsky, que se desempeña como juez de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, declaró a radio La Red que se sistematizan «casi 900 leyes especiales» y ponderó la apertura de la discusión del tema a nivel parlamentario, aunque aceptó que en un año electoral podría demorarse a aprobación en ambas cámaras.
Borinsky lideró durante los últimos dos años la comisión asesora de especialistas que redactó el nuevo código, que busca reemplazar el actual, que rige desde 1921.
El proyecto de 244 páginas fue enviado anoche por el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación, desde donde se giró a la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el senador del PJ Pedro Guastavino.
Borinsky se refirió a algunos puntos de la propuesta que prometen generar polémica, como el reclamo de la despenalización del aborto.
En el texto no se despenaliza pero se deja a criterio de cada juez la posibilidad de castigo a las mujeres que interrumpan el embarazo, un punto que ya comenzó a recibir críticas de parte de las activistas del pañuelo verde.
«El Código penal tiene un avance en el tema del aborto», consideró el juez y señaló que que «se incorpora la posibilidad del aborto no punible cuando está en riesgo la salud de la mamá y en caso de violación», a la vez que, dijo, «también se incorporan penas contra la violencia de género».
El debate por la corrupción también formará parte del debate en el Congreso ya que en el nuevo Código se endurecen las penas en este sentido, fundamentalmente para quienes se desempeñan como funcionarios públicos.
«Se aumentarán las penas para los delitos de corrupción, que pasarán de una escala que va de 1 a 6 años de prisión, hacia otro de 4 a 12 años, en especial para el pago de coimas, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito de funcionarios», especificó.

Diputados apunta a impulsar a la industria del software

Un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados recibió a representantes de la industria del software para debatir una serie de proyectos que apuntan a promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información, apoyado en los avances de la ciencia y las tecnologías.
Se trata de seis proyectos de diputados de diferentes bloques, que buscan la creación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y de la Producción Audiovisual Nacional con destino al exterior.
Las iniciativas tienen por objeto la promoción del software y servicios informáticos y digitales; la producción y posproducción audiovisual; biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis.
Entre los proyectos figura la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, cuyos destinatarios gozarían de estabilidad fiscal respecto de las actividades objeto de promoción. Esto es, no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento de su solicitud de adhesión al registro. Esa estabilidad alcanza a todos los tributos nacionales.
Asimismo, quedarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del 15% en la medida en que mantengan su nómina de personal en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
El diputado Juan Brügge (Unión por Córdoba), titular de la Comisión de Comunicaciones, expresó que esta ley «evita la fuga de cerebros y rescata el talento de los argentinos», y agregó que «hay que ampliarla a otras industrias más allá del software porque brinda estabilidad fiscal».
Al abrir la exposición, Manuel Danoira, representante de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), que nuclea a 21.000 asociados, destacó el «crecimiento exponencial de la ley de emprendedores» que según sus palabras complementa a la actual ley de software». También afirmó que con esta nueva ley en discusión, «el talento tiene un apoyo institucional».
En nombre de Auravant, empresa de software agropecuaria, Leonardo Fernández dijo que es esencial ir hacia una ley «más inclusiva y ambiciosa». Matías Mosteirin, presidente Cámara Argentina Cinematográfica, que reúne a 23 productoras argentinas, recordó que durante muchos años quisieron generar un proyecto enfocado en lo cinematográfico y manifestó «la necesidad de una ley de promoción de la industria audiovisual». Y desde la empresa de biotecnología Grid Exponential, Matías Peire afirmó que esta ley presenta una «oportunidad concreta» y configura «un primer paso para capturar el talento que por el momento solo absorbe el sistema científico».

Vecinos piden que el Parque Rivadavia sea «Patrimonio Cultural»

Un grupo de vecinos del barrio de Caballito presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que el Parque Rivadavia sea declarado «Patrimonio Cultural» con el propósito de «preservar» ese espacio verde ante la posibilidad de que el gobierno porteño abra una calle en uno de los laterales del predio público.
La iniciativa fue ingresada a la Mesa de Entradas del Parlamento capitalino por Alejandro Bassignani, de Amigos del Parque Rivadavia, tras lo cual se dará inicio al tratamiento legislativo por parte de los diputados.
La iniciativa vecinal promueve la declaración como Bien del Patrimonio Cultural al Parque Rivadavia, que está ubicado en la Comuna 6 -entre las calles Rosario, Doblas y la avenida Rivadavia- para preservar de manera integral todo lo que allí se despliega: los monumentos, la calesita y las ferias de libros, de numismática y de coleccionistas.
Pero también, la idea de los vecinos apunta a impedir el avance de la obra proyectada por el gobierno de la Ciudad para abrir una calle sobre uno de los costados del Parque, con el fin de extender 100 metros la traza de Beauchef, una vía que nace en el barrio de Pompeya y se interrumpe al llegar al predio.
La medida está dentro del Código Urbanístico porteño, que fue recientemente aprobado por la Legislatura en un apartado donde se consignan las vías próximas a ser abiertas, entre ellas Beauchef.
Ante el inicio de trabajos para abrir esa calle durante enero los vecinos presentaron un recurso de amparo ante la Justicia porteña, que frenó temporalmente la obra; por lo cual la intención del gobierno local podría modificarse y convertir esos 100 metros en una «calle de convivencia» habilitada solo para servicios de automóviles de emergencia con reductores de velocidad.
Bassignani explicó que el proyecto busca «proteger al Parque para que sea conservado como tal» y que «al ser declarado como patrimonio cultural, entonces no se pueda hacer lo que se quiera».
«Lo presentamos aquí porque queremos que el debate sea en este ámbito legislativo, donde están los representantes del pueblo», indicó.
Para Carla Martínez, presidenta de la Cooperadora del Normal 4, la apertura de Beauchef afectaría a los alumnos que salen del colegio por una de las puertas que da al Parque y, además, el paso de vehículos impactaría en el dictado de clases en las aulas que están ubicadas en ese sector del edificio.
«Queremos proteger al Parque como Patrimonio Cultural, que no lo toquen», aseveró.

CABA se incorporó al sistema único de residencias del sistema de salud

La legislatura porteña aprobó, el proyecto de la diputada porteña Patricia Vischi (Evolución) donde destaca la incorporación de la Ciudad, al examen único de residencias del sistema de salud, con el fin que este instrumento de evaluación y unificación del cronograma para los cargos de residencias médicas básicas, se consolide y fortalezca.
Se trata de la evaluación para acceder a residencias médicas básicas y otras especialidades. Luego de que el Parlamento porteño avalara dicha incorporación, el distrito capitalino se sumó a las otras 22 jurisdicciones donde ya funciona el sistema.
Esta herramienta que brinda mayor transparencia en la cobertura de cargos de las residencias médicas básicas y articuladas; que consiste en una prueba de selección múltiple que se rinde simultáneamente en todas las sedes, y cuya corrección se realiza con herramientas tecnológicas seguras y de última generación.
“Como toda política de estado planificada y organizada, que debe regir la salud para todos, esta inclusión del sistema de exámenes únicos y simultáneos, marca un rumbo en este sentido”, expresó Vischi.
Este instrumento de evaluación y unificación del cronograma para los cargos de residencias médicas básicas, se consolide y fortalezca
“Este mecanismo permite la integración de los sistemas públicos y privados de nuestra salud apuntando a planificar las necesidades del recurso humano en salud y evitar que quienes concursen deambulen inscribiéndose en distintos efectores debiendo dar varias veces exámenes de acuerdo al éxito o fracaso de los exámenes. Si bien el sistema de salud argentino es federal, las prioridades de contar con los mejores profesionales apuntan a organizar los exámenes como se hacía hace muchos años”, concluyó.

Quitarían planes sociales a quienes hagan piquetes

El diputado bonaerense de Cambiemos Guillermo Castello presentó un proyecto de ley para que aquellos que participen de «piquetes» dejen de recibir planes sociales al señalar que «el derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente».
«Toda prestación económica que reciba por parte del Estado el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas será suspendida», propuso en su proyecto Castello.
En la presentación, el legislador por Mar del Plata argumentó que «el derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente».
El diputado de la Coalición Cívica contempló también en su iniciativa sanciones para las agrupaciones que realicen piquetes al señalar que «las personas jurídicas que reincidan en actos como los señalados, serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica».
El proyecto admitió el supuesto de que se revierta la suspensión «si la persona involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados, u ofrece garantía suficiente a satisfacción de las víctimas».
«El Estado, en sus diferentes niveles, destina una parte sustancial de su presupuesto a ayuda social con el propósito de contener múltiples vulnerabilidades de distintos orígenes; pero cortar calles y rutas, por más que se haya naturalizado durante el kirchnerismo bajo la consigna de que no debe criminalizarse la protesta social, es un delito», lanzó Castelló quien remarcó que «los argentinos somos rehenes de los piqueteros. Se han adueñado del espacio público».
Asimismo, consideró que «lamentablemente, en los últimos años muchas de las organizaciones sociales se han politizado al extremo y se han transformado en fuerzas políticas en sí mismas, convirtiendo su principal actividad en organizar protestas y manifestaciones de manera constante y sistemática, acudiendo casi siempre al corte total o parcial de calles, avenidas y rutas en todo el país».
En ese sentido, un relevamiento de la consultora Diagnóstico Político, detectó que en 2018 la cantidad de «piquetes» fue de 5857 en todo el país, a un promedio de 16 por día, uno cada hora y media.
Ese estudio, estableció que la provincia de Buenos Aires encabezó el ranking con 1.269 piquetes en el último año, uno cada siete horas.

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