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Buscan penalizar el maltrato y abandono de animales

Diputados de diferentes extracciones políticas consensuaron un despacho de mayoría de reforma a la ley de maltrato animal, que contempla penas de hasta seis años de prisión, con lo cual no será excarcelable cuando se trate del asesinato de un animal.

La decisión fue adoptada en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, que fue conducido por la radical Gabriela Burgos y el macrista Daniel Lipovetzky, quienes agradecieron el aporte realizado por organizaciones de protección a los animales.

Burgos expresó que este dictamen demuestra que el Parlamento «trabaja en esos temas que estuvieron olvidados durante tanto tiempo. Detrás de todo esto hubo un gran trabajo para ponernos de acuerdo, unificar criterios y dejar cosas de lado para lograr un consenso».

«Esta es una reforma necesaria para sancionar a quienes maltraten a los animales y concientizar acerca de su cuidado y protección, generando los cambios de paradigmas necesarios y actualizar en pos de ello nuestra legislación que data del año 1954».

Por su parte, el diputado kirchnerista Adrián Grana adelantó que presentarán una disidencia al expresar su oposición «a las sanciones económicas».

El despacho consensuado está basado en unas treinta iniciativas que habían presentado legisladores de diferentes fuerzas políticas, y se alcanzó después de varios meses de negociaciones entre los legisladores de diferentes fuerzas políticas.

El dictamen define el concepto de maltrato animal e incorpora nuevas figuras como el encierro, el abandono y desamparo de animales, así como la prohibición de utilizarlos para espectáculos públicos.

De todos modos, la principal modificación y que generó el mayor debate es el aumento de penas para que no sea excarcelable la muerte y mutilación de un animal.

De acuerdo al despacho de mayoría, se elevan las penas de 1 mes a 2 años el maltrato animal y de 2 meses a 4 años los actos de crueldad que en la actualidad se sancionaban con 15 días y un año de prisión.

Burgos explicó que las penas se elevan hasta cinco años y se establecen elevadas multas «cuando se causare un daño grave y permanente en el animal, mutilaciones o abuso sexual con acceso carnal o empalamiento».

También informó que habrá «penas de hasta 6 años para quienes causaren la muerte de un animal infringiendo malos tratos, haciéndolos víctima de actos de crueldad o por sólo espíritu de perversidad».

A lo largo del proyecto se define los malos tratos a nuevas figuras como el encierro en lugares de calor o frío extremo, el abandono y desamparo de animales, la prohibición de utilizarlos para la realización de espectáculos circenses y no brindarles la asistencia médica cuando fuese necesaria.

Por otro lado, se establecen las penas de inhabilitación cuando los casos de maltratos sean realizados por profesionales o en determinados comercios.

Prohibirán fumar en patios de juegos de las plazas

La comisión de Uso del Espacio Público de la Legislatura porteña emitió un dictamen en torno al proyecto de ley que prohíbe fumar en las áreas de juegos infantiles de plazas y parques de la ciudad y, además, fija sanciones económicas de hasta 30.000 pesos y días de arresto a quienes no cumplan con la normativa.

El proyecto, que fue elaborado por el bloque oficialista y será debatido en el recinto, propone la creación de una «franja de amortiguación, no menor a tres metros de ancho desde el perímetro exterior de los patios de juego, a partir de la cual no se podrá fumar.

La medida busca «mejorar la calidad del aire circundante a los patios de juegos existentes parques y plazas» de la ciudad de Buenos Aires, «mejorando el disfrute del espacio público y reduciendo los riesgos a la salud de los niños que utilizan esas instalaciones».

Asimismo estipula que, una vez en vigencia, los infractores a la norma serán sancionados con multas que van desde los 1.200 a 30.000 pesos o de tres a 30 días de arresto, de acuerdo con el artículo 54 del Código Contravencional que penaliza a «quien coloque o arroje sustancias insalubres o cosas dañinas en lugares públicos».

El legislador Guillermo González Heredia, autor de la iniciativa, explicó que «el principal objetivo es convocar a la ciudadanía para la toma de conciencia en esta lucha contra el tabaquismo».

Por su parte, la diputada de Unidad Ciudadana Lorena Pokoik cuestionó «el carácter punitivo» del proyecto y consideró que «no es la solución poner multas y días de arresto, sino que debería tener un abordaje desde el punto de vista de la salud y la prevención».

La iniciativa fue parte de una consulta ciudadana que efectuó meses atrás el Gobierno porteño a través de redes sociales, en la que un 80% de los vecinos que se manifestaron lo hicieron en respaldo de la idea de prohibir el consumo de cigarrillos en las áreas donde juegan los niños en los espacios verdes.

Eliminan la tasa para locales gastronómicos por uso de la vereda

Los bares y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires ya no tendrán que pagar -al menos hasta fin de año- una tasa por colocar las mesas y sillas en las veredas del local luego de que la Legislatura porteña aprobara una iniciativa que los exime del pago con el objetivo de «estimular la actividad» gastronómica.

El proyecto contó con el voto positivo en soledad del bloque oficialista, mientras que el GEN, Unidad Ciudadana, Evolución y los bloques de Izquierda votaron en contra.

Ante críticas opositoras, la presidente de la Comisión de Presupuesto, Paula Villalba (Vamos Juntos), aclaró que se «está eximiendo (del canon) en la ley tarifaria de este año» y que la actividad sigue estando regulada para próximos ejercicios.

Juan Nosiglia (Evolución) afirmó que la iniciativa «no es equitativa en términos tributarios» y María Rosa Muiños (Bloque Peronista) dijo que podrían haber acompañado «si hubiesen dado una rebaja» pero que, en cambio, este expediente hace que deje de pagar «el bar o restaurant de Recoleta que paga 250.000 pesos» que está haciendo uso «del espacio público».

La diputada Laura Marrone (Izquierda Socialista) fue más allá y dijo que «mientras se libera de impuestos a empresarios» hay manteros «encerrados en las comisarías de Once y Flores».

En rigor, la norma plantea la derogación del artículo 411 del Código Fiscal vigente en la Ciudad, que refiere al pago de una tarifa a quienes desarrollen una actividad que incluya la «ocupación de espacios, puestos o locales en organismos y lugares del dominio de la Ciudad».

Asimismo, deroga también dos artículos, el 39 y 40, de la ley tarifaria actual, que establece el monto que se debe abonar por el uso del metro cuadrado del espacio público y divide a la Ciudad en tres zonas, donde la más costosa abarca los barrios de Palermo, Recoleta y Puerto Madero, entre otros.

La propuesta contempla también que queden exceptuados del pago del tributo a los locales que tienen las denominadas «plataformas gastronómicas» que funcionan como decks elevados sobre la calle; y los Centros de Abastecimiento de la Ciudad, que suman seis distribuidos en diferentes barrios.

Elecciones 2019

El próximo 11 de agosto entre las 8:00 y las 18:00 tendrán lugar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Las PASO definen dos cuestiones, por un lado establecen qué partidos podrán presentarse a las elecciones generales del 27 de octubre, dado que aquellos que no alcancen el 1,5% de los votos en agosto no podrán competir en octubre. Por el otro, definirán la lista definitiva de cada partido, en caso de que se presente más de una.

En las elecciones nacionales se elegirán al presidente, vicepresidente, gobernadores, diputados, senadores, intendentes y concejales. Las elecciones del Poder Ejecutivo son cada cuatro años, mientras que las del Poder Legislativo son cada dos años.

Se renovarán 130 diputados por parte de los 24 distritos nacionales y 24 senadores en 8 distritos (Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la C.A.B.A).

CAMBIEMOS

Diputados: El interbloque Cambiemos (Pro-UCR-CC y otros) tiene 107 de las 257 bancas en Diputados. Sus principales fuerza pondrán en juego gran parte de sus bancas: el Pro 28 de sus 55 bancas, la UCR 15 de 39, y la Coalición Cívica sólo 2 de 10.

Senado: La alianza Pro-UCR tiene 21 de las 72 bancas. El Pro apuesta 3 de sus 9 bancas y la UCR 1 de 12.

FRENTE PARA LA VICTORIA-PJ

Diputados: El bloque presidido por el presidenciable Agustín Rossi cuenta con 65 de las 257 bancas, y pondrá en juego más de la mitad de las mismas: 38. La única fuerza con la que han conformado un interbloque es Concertación FORJA, un monobloque que termina su mandato en 2019.

Senado: La fuerza liderada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está integrada por 9 bancas de las 72 y podrá en juego 3.

JUSTICIALISTA

Diputados: El bloque que aglutina al peronismo en la Cámara baja cuenta con 17 de las 257 bancas y conforma un interbloque con el Frente de la Concordia Misionero (5), Córdoba Federal (5) y otros legisladores (6) de fuerzas menores pero con las que alcanzan un total de 33 bancas.

Senado: La bancada que lidera Miguel Ángel Pichetto es la primera fuerza en la Cámara alta, suma 18 de las 72 bancas pero para mantener esta posición deberá al menos renovar los 7 lugares que expone.

En cuanto a la Legislatura de C.A.B.A, se renuevan la mitad de sus bancas el próximo año. De esta manera, la mayoría de los bloques tienen en juego su composición actual. Los diputados que asuman en diciembre del año entrante tendrán el cargo por un periodo de cuatro años.

El bloque Vamos Juntos renueva 18 de 34 bancas. El bloque tiene en juego el mayor número de sus representantes, con lo cual podría perder su posición mayoritaria con quórum propio.

El bloque de Unidad Ciudadana actualmente cuenta con 8 bancas de las 60, y renueva la mitad el próximo año.  A su vez, el presidente del bloque, Carlos Tomada, junto con dirigentes identificados con el peronismo porteño debatieron acerca de la importancia de consolidar la “unidad del campo popular” en la Ciudad.

Por último, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires renueva 46 de sus 92 diputados y 23 de un total de 46 senadores.

Diputados: Actualmente, ninguno de los bloques tiene quórum propio. El bloque Cambiemos renueva la mitad de sus bancas, representan la primera minoría de la cámara.

Cambiemos necesitaría mantener las bancas actuales e incorporar 3 más para poder tener quórum propio y representar a la mayoría. Además, entre los diputados que finalizan el mandato, se encuentra el actual presidente de la cámara, Manuel Mosca.

En el caso del bloque de Unidad Ciudadana representa la segunda minoría de la cámara y renueva 11 de 22 de sus bancas

Senado: El Bloque Cambiemos actualmente tiene 29 bancas que lo representan, logrando de esta manera quórum propio y el próximo año renueva 13 de las mismas. Si bien no tiene en juego la mitad de su composición actual, puede llegar a perder el quórum propio.

Unidad Ciudadana, el bloque opositor, tiene 11 bancas actuales y el próximo año renueva 7 de las mismas.

Rio Negro: nueva ley en materia de salud alimentaria

En un marco de altos índices de obesidad infantil, en Río Negro se sancionó una ley que prohíbe la oferta de alimentos azucarados en las cajas de los supermercados.

Un informe reciente presentado por la Secretaría de Salud de la Nación arrojó índices que causan alarma respecto a los niveles de obesidad y sobrepeso infantil. Si bien los números son elevados en todo el país, hay tres provincias donde son bastante preocupantes: Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro y Neuquén. Según el estudio, en estos lugares más del 30% de afectados son niños menores a 3 años y cerca del 50% tienen  entre 6 y 9 años.

Este escenario puso en alerta a instituciones de todo el país, lo que derivó en nuevas legislaciones en varias de las provincias, como la implementación de kioscos saludables en los colegios, regulación en los menús estudiantiles, etiquetados que indiquen el alto contenido de azúcar, entre otros.

En este marco, la legislatura de la provincia de Río Negro aprobó por unanimidad la ley N°108 que pretende regular la oferta de alimentos azucarados en las cajas registradoras de los supermercados, prohibiéndola a menos de 3 metros de las mismas. Entre ellos se incluyen alimentos o bebidas que contengan azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, en cualquiera de sus formas, de frutas artificiales o bebidas energizantes.

El objetivo de esta regulación es minimizar la compra impulsiva de estos productos, a fin de  fomentar hábitos más saludables de alimentación. Si bien no está científicamente comprobado cómo influye esto en el consumo, junto con las demás leyes impulsa un cambio cultural en costumbres alimentarias.

La iniciativa fue presentada por el diputado Pablo Lescano, del bloque Juntos Somos Rio Negro, y aprobada por segunda vuelta el viernes 2 de agosto. La propuesta surgió de un trabajo interdisciplinario e interprovincial que realizaron representantes de Bariloche, Río Negro y Nación, del área de nutrición, de pediatría del Hospital de Río Negro y representantes de la Universidad de Río Negro.

A pesar de haber sido aprobada por unanimidad en la legislatura, la nueva ley encontró resistencia en la Asociación de Supermercados Unidos de Argentina (integrada por reconocidas marcas como Coto, Carrefour y La Anónima), quienes enviaron una carta desestimándola y argumentado que va en contra del derecho a la comercialización.

En diálogo con InfonoticiasOnline, Lescano, explicó que la nota “fue una reacción y no una respuesta, ya que no se les había pedido opinión a los supermercados”, pero aclaró: «Me parece muy importante que los supermercados sean parte del proceso. Hay tiempo para que puedan sumarse a esta causa que tiene como objetivo cuidar la salud alimentaria».

Si bien aún no fue promulgada, el Ejecutivo dispone de 8 días antes de que se promulgue de manera automática, por eso se espera que la semana próxima sea publicada en el Boletín Oficial. El Área de Defensa del Consumidor dependiente de la Agencia de Recaudación Tributaria será la autoridad de aplicación de la misma en toda la provincia y se impondrán sanciones a aquellos supermercados que no se ajusten a la norma.

Violencia de género: agravarían la pena por instigación al suicidio

La diputada nacional Mayda Cresto (Justicialismo) presentó -con el acompañamiento de legisladores de otras bancadas- un proyecto para incorporar al Código Penal la figura de «instigación al suicidio» en casos de víctimas de violencia de género.

La iniciativa propone sancionar penalmente al hombre «que indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo cuando se comprobaren antecedentes de alguna clase de violencia de género definidas en la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres».

Si bien la inducción al suicidio ya se encuentra reprimida penalmente con condenas de uno a cuatro años, este proyecto propone agravar la pena cuando se trate de la instigación al suicidio a una víctima con antecedentes de violencia de género, con el estado de vulnerabilidad psicológica que implica dicha situación.

En este sentido, el proyecto de ley prevé una sanción de prisión de 5 a 7 años, o sea que no es excarcelable, y se aplicaría no sólo cuando hay antecedentes de violencia sino si se comprueba que el denunciado se aprovechó de cualquier situación de riesgo o condición física o psíquica de la víctima, por haberse ejercido contra ella cualquiera de las modalidades de violencia.

«Estamos seguras de que esta iniciativa va a ser un avance en la defensa de las víctimas. Un paso más que complementa otras normas y exige de los profesionales del derecho, y sobre todo de los equipos técnicos interdisciplinarios, un análisis pormenorizado de la situación psicológica de la víctima y sus antecedentes», señaló Cresto.

Para la diputada, «es necesario que se tenga en cuenta el riesgo de suicidio que sufren las mujeres sometidas a violencia doméstica, para poder castigar jurídicamente a los hombres que ejercieron violencia contra ellas y las condujeron a tomar esa decisión».

«La violencia de género, en todas sus formas, altera psicológicamente a las víctimas, las aleja de su familia, de su entorno, y produce consecuencias en los ámbitos sociales y laborales en que se desempeñan», añadió .

Durante la presentación estuvieron presentes los diputados Carla Pitiot (Frente Renovador), Daniela Castro (FpV), Silvana Ginocchio (Elijo Catamarca), Ariel Rauschenberger (Justicialismo) y Daniel Lipovetzky (PRO).

Veganismo: ¿Qué es y qué legislaciones existen en torno al tema?

Luego de la intervención de un grupo de veganos en la rural, el tema vuelve a figurar en agenda. Al ser una ideología que va tomando popularidad en nuestro país, demanda legislaciones que apoyen dicha decisión a nivel alimenticio y de consumo.

El veganismo es una filosofía de vida que se basa, principalmente, en terminar con el sacrificio animal para la satisfacción humana. A diferencia del vegetarianismo, los veganos no incluyen en su dieta ningún alimento derivado de animales, como lácteos, huevos, miel o grasa animal. Así mismo, su ideología no involucra exclusivamente conductas alimenticias sino que se extiende también a todo tipo de consumo: no compran prendas  de cuero ni pieles, ni productos de belleza testeados en animales, entre otros. Su fundamento básico reside en velar por los derechos de los animales y levantar una lucha que ellos al no tener voz, no pueden sostener.

Si bien se trata de una corriente que ya hace años viene tomando fuerza a nivel mundial, y que en últimamente ha sumado adeptos de manera exponencial, en nuestro país su militancia se ha hecho más visible durante el último año. En la Ciudad de Buenos Aires las manifestaciones involucraron cortes de calle, boicots a restaurantes y expresiones  artísticas. El último suceso de gran impacto fue la intervención que realizaron en la Expo Rural 2019, interrumpiendo un concurso de doma con carteles en contra del maltrato animal, del que fueron expulsados violentamente.

El enfrentamiento abre el abanico de discusiones que giran en torno a esta ideología: ¿Cuáles son los derechos de los animales y por qué deberíamos velar por ellos? Si somos seres carnívoros ¿por qué deberíamos dejar de consumir otras especies? ¿Podemos prescindir de la carne? La industria ganadera ha probado ser un de las mayores causas de contaminación ambiental ¿hay otra manera de contrarrestar dicho impacto que no sea anulando su consumo?  Como estas hay miles de preguntas más que se ponen sobre la mesa en pos de una puja de derechos igual a cualquier otra.

Más allá de dichas controversias, cada vez más personas en nuestro país eligen seguir una dieta vegana y  demandan legislaciones que contribuyan a su decisión. Es por esto que a comienzos de Julio de este año, la legisladora Victoria Montenegro presentó un proyecto de ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que  propone “garantizar un menú vegano y otro vegetariano en hospitales, instituciones educativas, centros comunitarios, y todo establecimiento dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se brinde servicio de comedor” con el objetivo de procurar un marco de igualdad en el acceso a una nutrición adecuada. A nivel nación, se han presentado proyectos similares en ambas cámaras desde 2016, junto con otros que buscan un etiquetado para los productos alimenticios con la leyenda “libre de sacrificio animal” para que quienes sigan esta ideología pueden seleccionar sus alimento de manera más práctica. A pesar que aún ninguno de los proyectos ha alcanzado la media sanción, es un gran primer paso que se debata este tema en el país y que cada vez más legisladores se involucren presentando proyectos a fines.

Crean fondo de asistencia directa a víctimas de trata

La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto de consenso por el cual se crea un Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. La iniciativa, que contaba con media sanción del Senado, propone crear el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – ley 26.364”. También contempla que, al momento de la sentencia, se ordenen las reparaciones económicas que correspondan en favor de la víctima, como medida de reparación del daño sufrido.

La titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), consideró en el recinto que “es un tema transversal, por el que se busca hacer operativa la ley 26.364 sobre derechos de víctimas de trata y dar una respuesta a las víctimas que padecen este flagelo”.

Burgos explicó que la iniciativa incluye un “resarcimiento económico y social, que evita que las víctimas sigan el procedimiento civil para una indemnización”. Y argumentó que “es una respuesta más al trabajo realizado durante años con respecto a la trata de personas en Argentina”.

La iniciativa propone crear un fideicomiso público para la administración de los bienes muebles e inmuebles provenientes de éste delito, y que dichos recursos sean destinados a la asistencia de las víctimas. Los bienes del Fondo Fiduciario serán los “fondos líquidos decomisados y aquéllos que constituyen el producido de la venta de los bienes decomisados en procesos relacionados con el delito de trata y explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos cuya sentencia se encuentre firme o, no encontrándose firme, cuando el juez de la causa autorice la venta”.

Además, dicta que el Poder Ejecutivo nacional implementará un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, a fin de dar publicidad a los bienes que ingresen al Fondo, así como también a todas las decisiones, auditorias e informes que se realicen en el marco de la presente ley.

La iniciativa fue aprobada por 183 votos afirmativos, contra uno negativo.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, celebró el amplio respaldo que obtuvo la iniciativa en el Congreso y señaló que “es un avance que va en línea con el reciente reconocimiento internacional a la Argentina por las políticas de Estado destinadas a combatir, prevenir y erradicar la trata y explotación de personas”.

El ministro resaltó que la labor más importante comienza luego del rescate a las víctimas: “Hay que asistirlas, protegerlas y acompañarlas, por eso es muy importante el trabajo articulado entre todos los poderes del Estado”.

El Ministerio de Justicia tiene en funcionamiento la línea telefónica 145 que recibe denuncias desde cualquier punto del país por este tipo de delito y funciona las 24 horas.

Vehículos eléctricos: promueven las terminales de carga en Provincia de Buenos Aires

El boom de los automóviles eléctricos llega al país y con ellos la demanda de las regulaciones necesarias. La diputada María Fernanda Bevilacqua, por la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley enfocado específicamente en los expendedores de energía para la carga de los mismos.

El fenómeno de los vehículos eléctricos comenzó a tomar predominio en nuestro país hace aproximadamente 10 años, cuando la comercialización de los mismos empezó a crecer de manera progresiva. Si bien el primer automóvil eléctrico fue comercializado en 1996,  los costos y la falta de desarrollos tecnológicos lo hicieron poco rentable y su producción duró tan solo 3 años. Hoy en día, las más grandes compañías automotrices, como Nissan, Ford, Toyota, Renault o Mercedes, proponen al menos un modelo 100% eléctrico o híbrido.

Este nuevo modelo de transporte no busca ser simplemente un capricho de la industria sino que su principal beneficio es la reducción de la contaminación ambiental. Las tecnologías han ido evolucionando a la par de la conciencia social sobre el impacto medioambiental, permitiendo así el auge de la industria y del consumo de los mismos a nivel mundial.

En nuestro país, una de las primeras compañías en ingresar este tipo de vehículos fue Toyota en 2010 con su modelo Prius. Recién en 2017 el gobierno publicó un decreto donde se establecía la reducción de los aranceles de importación para automóviles que utilizaran fuentes de energía renovables, con el objetivo de promover su ingreso y disminuir los costos. Sin embargo, solo con la importación no era suficiente. Para que la implementación de los mismos comenzara a popularizarse era necesario contar con una infraestructura que permitiese su consumo, es decir, con terminales de carga accesibles para todos aquellos que quisieran utilizarlo.

Es por esto que en noviembre de 2018, la diputada por el Frente Renovador, María Fernanda Bevilacqua, presentó ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para promover la implementación de terminales de carga para vehículos eléctricos en la provincia. Se trata de uno de los primeros proyectos en el país con este objetivo y propone estabilidad fiscal para todos los expendedores que se adhieran al régimen. A pesar de que existen otros proyectos a nivel nacional sobre la promoción de movilidad sustentable, ninguno se enfoca puntualmente en las terminales de carga. Este aun no se ha tratado en comisión, pero es un precedente en el país para el fomento de consumo de energías renovables y marca la demanda de regulación sobre el tema.

Buscan deducir de Ganancias los seguros de empleadores

El superintendente de Seguros, Juan Pazo, expresó el deseo de que las aseguradoras apoyen el proyecto oficial para que los empleadores puedan descontar de Ganancias los seguros de vida colectivos en los montos de los individuales, lo que constituye uno paso más en las deducciones alcanzadas con la última reforma de ese impuesto.

«Impulsamos un proyecto de ley en Ganancias para que los empleadores puedan deducir seguros de vida colectivos en los montos de los individuales. Les pedimos que nos acompañen en esto porque queremos promover el ahorro interno, porque el desarrollo que tienen los seguros de vida es enorme y se puede duplicar en un tiempo no muy largo si se trabaja mucho. Estas coberturas están destinadas a generar más ahorro e inversión», indicó.

El funcionario explicó que el camino que tomó el sector asegurador para equipararse a los estándares internacionales en los últimos años «necesita confianza y esfuerzo, pero es el correcto».

En una suerte de balance de gestión, marcó como un año clave el 2017, porque «retomamos las medidas de la economía que tenemos que adoptar. En 2017 la Superintendencia estaba desconectada del resto del país y hoy es una de las industrias clave para el financiamiento del sector productivo»», señaló.

En este sentido, Pazo destacó el incremento de los montos de deducciones de impuestos por contratar primas de seguros. «Las deducciones se actualizaron después de 27 años porque el Presidente y el equipo reconocieron la importancia del sector asegurador. Y logramos que la actualización se haga de manera directa. cuando asumimos nos pedían volver a los 1000 dólares de los 90; cuando terminemos este esquema escalonado que pusimos en práctica va a ser el doble que eso», señaló.

«Nos queda un desafío enorme, el del crecimiento del mercado, con la prioridad de la cobertura del asegurado», dijo. En este sentido, «las elecciones de este año son trascendentales. Podemos volver atrás o continuar con el cambio hacia una Argentina más previsible y sustentable. Ojalá nos puedan acompañar», apuntó.

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