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Cambiadores de bebés en baños públicos de mujeres y hombres

El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de instalar cambiadores de pañales para niños y niñas en baños públicos tanto de mujeres como de hombres. El proyecto es de autoría de los legisladores Agustín Maspoli y Gabriel Monzó.

La iniciativa, que ahora deberá ser sancionada por Diputados, dispone que «en al menos uno de los sanitarios públicos de ambos sexos de los edificios de uso público, sean estos de propiedad pública o privada, cuya superficie sea igual o mayor a 2000 m2».

A la vez, el proyecto determina que los establecimientos que se encuentren habilitados con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley, deberán adecuarse a la norma en un plazo de 12 meses. Además, dispone sanciones y multas para quienes infrinjan el cumplimiento de la ley.

Entre los fundamentos de la norma, se explica que «varias ciudades han adoptado esta medida, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Río Grande, Ushuaia y San Fernando del Valle de Catamarca».

«La provincia de Buenos Aires aún no cuenta con esta normativa, y un cambiador es una herramienta sencilla, de bajo presupuesto y fácil colocación que sirve para conservar la salud, protegiendo a niños y niñas de ser cambiados en lugares riesgosos, desprovistos de seguridad e higiene», añade.

«Además es importante que el Estado acompañe a madres y padres en las tareas de cuidado ya que estas no son exclusivas de las mujeres», agrega y apunta que «todavía existan ámbitos que no son adaptados para que las mujeres puedan desarrollarse y en este sentido es que el estado debe garantizar las herramientas para que esto ocurra igualdad de oportunidades».

No se podrán exhibir animales en vidrieras

La exhibición de animales domésticos en vidrieras pasó a ser una modalidad prohibida en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la sanción de una ley que otorga 12 meses para la adecuación de los locales y que, con posterioridad a esa fecha, impondrá multas de hasta 21.400 pesos a los infractores.
La Legislatura porteña aprobó una iniciativa que recoge dos proyectos del oficialismo. Inspirada en legislaciones como la que en California prohíbe la venta de animales en tiendas, la de la Ciudad señala que si bien las «vidrieras son uno de los medios más importantes con los que cuenta un comerciante para generar el deseo», en este caso convoca al eventual cliente a la «compra impulsiva o compulsiva».
Entre los motivos argumentados, se destaca además «que los animales exhibidos en vidrieras sufren de mayor estrés por estar expuestos a interactuar con personas que golpean los cristales, se mueven, o les hablan».
Al respecto, la médica veterinaria Silvia Vai, comentó que la exhibición que se viene a prohibir suele ser perjudicial para el desarrollo y bienestar de los animales.
“Si bien hay que tener en cuenta las diferencias en la edad (de los cachorros), en general, al estar expuestos en jaulas, se los obliga a la cercanía a personas, a ruidos y olores, sin posibilidades de aislarse”, comentó la especialista en etología clínica, es decir, en comportamiento animal.
La profesional explicó que los primeros meses de vida son fundamentales en el “desarrollo conductual” y que, en muchas ocasiones, esos animales carecen de las estimulaciones necesarias acordes a su edad.
“Una persona acaricia a un perro, lo sacan de la jaula, pero no se decide a la adopción y entonces lo devuelven a la jaula. Para la persona fueron dos minutos pero genera frustración al animal”, agregó.
Estas situaciones, sumadas a la reclusión por largos períodos pueden derivar en problemas de comportamientos posteriores, como ladridos continuos o destrucción de objetos que “se pueden corregir o mejorar” con “tratamientos, paciencia y la guía del veterinario”.
La ley prohíbe también que la exposición sea con otros fines como el «ofrecimiento a título gratuito o de mera publicidad» y prevé multas que van desde 300 a 1000 unidades fijas que, al día de hoy, tienen un valor unitario de 21,50 pesos.
Los locales podrán exhibir sus animales en el interior, debiendo tomar los recaudos necesarios para que estos no fueren directamente visibles desde el exterior y en todos los casos asegurando buenas condiciones de sanidad, alimentación, higiene y ventilación.
“Es necesario garantizar un nivel adecuado de protección y resguardar la integridad y bienestar de los animales, y es por ello que distintos estados y ciudades se han volcado en estos últimos años hacia la sanción de regulaciones tendientes no solamente a preservar la calidad de vida animal, sino también a concientizar y alertar acerca de las condiciones de vulnerabilidad a las que se ven sometidos”, comentó el legislador Maximiliano Ferraro (Vamos Juntos), autor de la iniciativa.

Habrá una moratoria impositiva en la Ciudad

La Legislatura porteña aprobó, tras un encendido debate, una iniciativa del Poder Ejecutivo que otorga planes de pago, facilidades y algunas condonaciones específicas «en especial a los pequeños y medianos contribuyentes» que tengan deudas impositivas.
Si bien el oficialismo obtuvo una holgada aprobación de la norma, despertó críticas opositoras la inclusión de un plan de pagos para agentes de recaudación y, sobre todo, el origen de la situación económica que deriva en la confección del proyecto.
Paula Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, pidió a sus colegas de otras bancadas «no especular» y dejar de lado «las diferencias ideológicas» y acompañar la iniciativa que presta «especial atención en pymes y vecinos».
La diputada oficialista dijo que se trata de un «régimen de regularización de deudas» adquiridas hasta el 31 de julio, judicializadas o no, que incluye la condonación de intereses y el refinanciamiento de «planes caducos».
«Es un programa de alivio fiscal; las deudas se podrán financiar hasta 10 años con la tasa más baja del mercado; esto incluye los impuestos y las tasas de la ciudad, por ejemplo el ABL, ingresos brutos, patentes, régimen simplificado, entre otros», comentó Villalba.
También se condonarán tasas a espacios como calesitas, volquetes y puestos de flores, se suspenden las ejecuciones fiscales y los intereses.
«Los vecinos que están al día van a seguir con los beneficios que tienen este año, por ejemplo, no pagan la última cuota de ABL; los beneficios del año que viene serán para los que no entren en el programa», agregó Villalba.
El plan especial para los agentes de recaudación debió ser votado en particular, consiguiendo seis votos positivos menos que la sanción de la norma general.
Entre los argumentos para rechazar este punto, los diputados que no acompañaron a Juntos por el Cambio subrayaron que otorga facilidades a empresas que perciben un impuesto a nombre del Estado y que debieran hacer el depósito de manera inmediata.
Villalba explicó que la morosidad en ese rubro es de sólo 3%, que se otorga un «programa de sólo 36 cuotas» en el que no se condonan intereses y que es sólo a los fines de que esas empresas eviten acciones legales.
En las intervenciones y cruces en torno al proyecto, la oposición cargó fuerte contra el oficialismo por lo «limitado» de las medidas impuestas, por la falta de políticas hacia sectores más vulnerables y, sobre todo, contra las expresiones de Villalba cuando pidió dejar de lado las especulaciones.
Mariano Recalde (Unidad Ciudadana) dijo que el proyecto sólo persigue el «alivio electoral» del Ejecutivo y que, a pesar de los títulos «rimbombantes» las medidas son propuestas de «marketing».
También apuntó contra el proyecto la diputada María Rosa Muiños (Bloque Peronista) quien afirmó que la iniciativa «no tiene ninguna medida de reactivación económica», tal como lo sugiere su título, y que, además, fue presentada sin datos sobre los impactos económicos de las medidas.
Por su parte, Sergio Abrevaya (GEN), aportó al texto aprobado con una serie de puntos planteado en un proyecto de su autoría hace más de un año, pero recriminó al Ejecutivo su imposibilidad de declarar «la emergencia» y evitar más clausuras y embargos.
En cambio, Gabriel Solano (FIT-PO) recriminó al oficialismo el «pedido de cuidar una estabilidad que destruyeron y que no registra antecedentes».
Antes de la votación, el presidente del Bloque de Vamos Juntos, Agustín Forchieri, pidió la palabra para afirmar que esta moratoria «podría ser mayor pero es la posible» y dijo que «la sociedad pide tranquilidad» a la política.

Pondrán nombres a calles y espacios públicos de la Villa 31

Cataratas del Iguazú, Machu Pichu, Cerro de Siete Colores, Yaguareté, Colibrí, Mambo y Bolero son parte de los nombres propuestos por el Gobierno de la Ciudad en un proyecto de ley enviado a la Legislatura porteña para denominar las calles y espacios públicos del barrio Carlos Mugica, más conocido como Villa 31, en Retiro, como parte de un plan de urbanización.

La iniciativa contempla los nombres de 94 calles y 28 espacios abiertos que forman parte del barrio en el cual habitan más de 40.000 personas y en donde se ejecutan obras de urbanización como la dotación de conectividad para los servicios de agua potable, red cloacal y energía eléctrica.

Según el proyecto, durante 2018 y parte del 2019 el Gobierno porteño llevó adelante un “proceso participativo” con los vecinos del barrio, mediante una votación en forma democrática para definir los nombres de las vías de circulación y espacios públicos dentro del barrio «Padre Carlos Mugica».

Ese procedimiento se dividió en cinco etapas en las que se consideraron los distintos aportes de vecinos, referentes deportivos y sociales, organizaciones de la sociedad civil y cooperativas, lo que derivó en “una participación de más de 4.700 vecinos y se recibieron un total de 9.300 votos”.

Los vecinos pudieron seleccionar los nombres de las calles y los espacios públicos entre 14 categorías, entre ellas, trabajos, oficios, flora de Latinoamérica, pueblos originarios, comidas, instrumentos, juegos populares, danzas y nombres de personajes y personalidades significativos de la historia del barrio.

De esta manera, quedaron elegidas, para las calles principales que tienen su traza transversal en el barrio, denominaciones que aluden a Reservas Naturales de América Latina: Cataratas del Iguazú, Mbaracayu, Ulla Ulla, Los Manglares, Isla de Pascua, Machu Picchu, Cerro de los Siete Colores, Galápagos, Talampaya y Futaleufú.

Para las calles longitudinales, en tanto, fueron designados nombres que remiten a la Fauna de América Latina: Yaguareté, Colibrí, Alpaca, Puma, Llama, Águila, Guacamayo, Yacaré, Vicuña, Aguará Guazú, Armadillo, Guanaco, Huemul, Ciervo de La Pampa y Quetzal.

Y para los espacios públicos fueron votados nombres de “Danzas, Bailes y Ritmos”, entre ellos, Conga, Polca, Malambo, Caporales, Marinera, Chamamé, Mambo, Bolero, Ranchera y Bailecito.

Asimismo, se propuso que dos calles lleven denominaciones vinculadas a la historia del barrio de Retiro: “3 de Diciembre de 2009” que recuerda a la fecha de la sanción de la ley de la Ciudad que dispuso la urbanización de la Villa 31; y “Alberto Chejolan” en memoria del militante del movimiento villero peronista, asesinado por la Policía Federal en marzo de 1974.

El documento, que lleva la firma del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostiene que “como parte fundamental del proceso de formalización del barrio, se vuelve condición indispensable dar nomenclatura a los espacios públicos, vías de circulación, canchas y plazas”.

“Nombrar los espacios públicos evoca un hito significativo en la identidad, el valor simbólico y la transformación cultural”, agrega.

La Legislatura crea la Comisión de Discapacidad

La creación de una Comisión especial de Discapacidad fue aprobada por la Legislatura de la Ciudad dentro del ámbito parlamentario. Apuntan a generar “políticas efectivas” en la materia y “fomentar campañas en pro de la no discriminación y la igualdad de oportunidades”.

Aunque existían dos proyectos en el mismo sentido, el finalmente aprobado es el que impulsó Francisco Quintana (Vamos Juntos) y que, a diferencia del presentado por Victoria Montenegro (Unidad Ciudadana), plantea que la comisión sea “especial” y no “permanente”.

Al momento de la votación del proyecto, las gradas del recinto estaban ocupadas por personas con discapacidad y representantes de organizaciones que aplaudieron y vivaron la aprobación del mismo.

La diputada kirchenrista afirmó que se trata de un “primer gran paso” para que “las personas y las organizaciones que trabajan esta problemática, y traen proyectos, van a tener un espacio dónde tratarlos con la especificidad que merecen”.

En la Legislatura funcionan 24 comisiones permanentes y una decena de las denominadas «especiales», las cuales son conformadas con una serie de objetivos establecidos y una vigencia que se extiende por el periodo de tiempo que demande el cumplimiento de esas metas.

En este caso, entre los objetivos figura “el análisis de todo asunto concerniente a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y sobre todo proyecto o solicitud de reformas a las leyes competentes en la materia, y estimular políticas efectivas en todas las áreas, que permitan la total integración de las personas con discapacidad”.

En ese sentido, Montenegro dijo que “se trabajará desde el año próximo para que la comisión pase a ser permanente”, algo que requiere modificar el reglamento de la Legislatura.

La nueva comisión estará integrada por siete miembros, los que serán designados por la vicepresidencia primera de la Legislatura, respetando la proporcionalidad de los bloques.

Entre las problemáticas más urgentes está la simplificación del trámite para conseguir el certificado de discapacidad que, de un tiempo a esta parte, se tramita ante los gobiernos provinciales o locales.

Menos plazo para notificar faltas en la Ciudad

La Legislatura porteña aprobó un proyecto del Ejecutivo para modificar el procedimiento y el régimen de faltas, acortando los plazos para las notificaciones e incorporando herramientas tecnológicas para «facilitar los trámites» ante los organismos de control.

La norma fue aprobada con el voto favorable del bloque de Vamos Juntos, Bloque Peronista, Socialismo y Evolución, mientras que concitó el rechazo de 10 legisladores de los bloques de Unidad Ciudadana y el Frente de Izquierda.

El presidente de la Comisión de Justicia, Daniel Presti (Vamos Juntos), ponderó la iniciativa al afirmar que “es en beneficio de los vecinos” gracias a la modernización del sistema.

“Es una modificación normativa que incorpora tecnología para los trámites ante los contralores del faltas y donde se obliga a la Administración Pública a notificar de manera más ágil, más eficiente, bajando los plazos de 90 a 60 días”, explicó Presti.

Se explicó que ahora los vecinos podrán contactarse a través de un chat con un “controlador virtual” para discutir las faltas o multas y también podrán fijar un “domicilio electrónico constituido” para la notificación de las mismas.

Esto implicará, en la práctica, que los presuntos infractores no tengan que perder tiempo concurriendo hasta la sede comunal para hacer el descargo.

El diputado oficialista dijo que si bien tiene una aplicación directa en el caso de las multas de tránsito, también podrán usarse estos recursos para las “faltas generales”.

A pesar de contar con la posibilidad de realizar discursos de hasta 5 minutos por bloque, sólo los diputados del Frente de Izquierda los utilizaron para justificar el rechazo de la iniciativa argumentando -entre otras cosas- que ahora se «le da mayor poder al funcionario» para labrar las multas.

“El propósito central es la recaudación. Según el presupuesto, la Ciudad recauda 4800 millones de pesos que, dividido por el parque de 1.500.000 de autos le significa a la Ciudad un ingreso de 3200 pesos en multas. Esto es mecanismo de recaudación y no de ordenamiento del tránsito”, dijo la diputada Laura Marrone (FIT-Izquierda Socialista).

Aprobaron facilidades fiscales para pymes y particulares

Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron el plan de beneficios fiscales elaborado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para «atender la situación de los contribuyentes que han tenido inconvenientes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias», en especial las pymes y micro emprendedores.

Este régimen de excepcionalidad propicia una «condonación de ciertos tributos de escasa significación (para el Estado local) pero difíciles de enfrentar para los contribuyentes en el contexto actual», como reconocen los considerandos del despacho enviado al recinto por la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria.

La ley sancionada establece un Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, con importantes beneficios para pequeños y medianos contribuyentes (PyMEs o personas humanas), «a fin de salvaguardar su capital de trabajo y coadyuvar a su reactivación económica», se fundamentó desde el oficialismo.

Paula Villalba (VJ), presidenta de la Comisión de Presupuesto, aclaró en el recinto que según la normativa de la Ciudad, se considera pymes a las empresas que tributan por impuestos locales hasta un millónde pesos anuales.

Podrán acogerse a este plan de facilidades los contribuyentes y responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2019. El plazo de  acogimiento no podrá exceder el día 31 de diciembre de 2019.

Habrá condonación de intereses y sanciones, plazos de pagos de hasta 120 cuotas para pymes y personas humanas (según tipo de deuda o rubro de actividad); vencimiento de la primera cuota a los 90 días y levantamiento de embargos para quienes regularicen su situación.

A partir de la ley también se abre la posibilidad de refinanciar planes caducos, así como incluir retenciones y percepciones y culminar con  las acciones penales iniciadas, entre otros beneficios. Sobre este punto, los bloques Peronista, Unidad Ciudadana, Gen y Mejor Ciudad se opusieron por considerar impropio e injusto que se le otorguen beneficios a patronales que retuvieron indebidamente y no depositaron montos que son descontados del salario de los trabajadores.

Al respecto, explicó Villalba que el 97% de las Pymes de la Ciudad cumplieron en tiempo y forma con el depósito de aportes patronales y retenciones a los empleados y el 3% restante se supone que incumplió por problemas financieros o económicos derivado de la crisis coyuntural. Aclaró la diputada oficialista que a estos contribuyentes no se les condonarán los intereses punitorios, como ocurrirá con el resto de los beneficiarios.

Quedarán exentos gravámenes que inciden sobre el abasto, volquetes, mesas y sillas; plataformas gastronómicas; calesitas y los gravámenes sobre quioscos de venta de flores , toldos y parasoles. También se prorroga la eximición del Impuesto de Sellos a la compraventa de ciertos automóviles O Km o sin uso, hasta el día 31 de diciembre de 2019.

Los contribuyentes y/o responsables podrán acogerse al presente régimen en forma total o parcial y en esa medida operarán los beneficios consagrados en la misma. Si la deuda se encuentra en gestión judicial, el acogimiento deberá ser por el total de la deuda reclamada en cada juicio.

¿Quiénes quedan excluidos?

La norma detalla que quienes quedan afuera son: «Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes nacionales 24.522 y 25.284»;

También están excluidos «los condenados por alguno de los delitos previstos en las leyes nacionales 23.771 y 24.769 y/o en el Régimen Penal Tributario, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme o exista acuerdo de avenimiento homologado en los términos del Artículo 266 del Código Procesal Penal de la Ciudad» y «los condenados por delitos comunes contra la Administración Central y/u Organismos Descentralizados y/o Entidades Autárquicas».

La Ley aclara que «la adhesión al presente plan de regularización importa la suspensión de los plazos procesales en las causas judiciales iniciadas. En el caso de que se produzca la caducidad o nulidad del mismo se reanudarán los plazos procesales, tomándose lo pagado a cuenta de la liquidación final».

También prescribe que «el acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales en curso y la suspensión de la prescripción penal (…), siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme y/o acuerdo de avenimiento homologado».

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen de contado o mediante plan de facilidades de pago producirá la extinción de la acción penal.

El debate se abrió con la argumentación del miembro informante de la mayoría, Paula Villalba, quien volvió a hacer uso de la palabra sobre el final para responder críticas e inquietudes de los diputados. María Rosa Muiños (BP) y Sergio Abrevaya (Gen) habían presentado un proyecto sobre el mismo tema el año pasado y protestaron porque el oficialismo no toma en cuenta las iniciativas que no sean oficiales. En términos similares expuso Marcelo Depierro (MC), quien planteó que «primero deberíamos ayudar a los que cumplen puntualmente sus compromisos tributarios».

Muiños se quejó también de que el Ejecutivo no hizo ponderaciones de montos o guarismos sobre la incidencia de estas medidas, de manera que luego presentó un proyecto de resolución para ser tratado sobre tablas, con pedido de informes a la Jefatura de Gobierno, reclamando especificaciones y números de recaudaciones tributarias. El bloque oficialista dio su apoyo para habilitar el tratamiento (que requería dos tercios) y la resolución feru aprobada a mano alzada.

Mariano Recalde (UC), jefe de la principal bancada opositora, manifestó que lo que estaba en tratamiento era «no un paquete de alivio fiscal, sino de alivio electoral», consideró que «se trata de medidas de marketiong, no de sensibilidad del gobierno de la Ciudad, que al igual que el nacional, no toma nota de la grave crisis por las políticas del macrismo». Desde los bloques de izqierda, Gabriel Solao, Laura Marrone (FIT) y Fernando Vilardo (AyL), acentuaron el discurso de confrontación contra las políticas de gobierno.

Antes de pasar a votación, el presidenmte del bloque Vamos Juntos, Agustín Forchieri, dijo que «en estos momentos, la gente espera de los dirigentes la mayor prudencia y moderación. No hay que decir cosas que generen confusión, sino transmitir tranquilidad». Pidio a los candidatos electorales «no tirar leña al fuego» y «actuar con la ética de la responsabilidad, no sólo con la ética de sus convicciones».

«Debemos ser cuidadosos con los recursos que son de los vecinos de la Ciudad; nosotros somos meros administradores», concluyó.

La ley se sancionó, en general, con 45 votos positivos de VJ, Ev, BP, Gen y MC, 2 negativos de FIT y 6 abstenciones de UC y AyL.

Prensa Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Buscan promover la atención de alumnos con necesidades educativas especiales

 Carolina Barros Schelotto, diputada de la Provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley que promueve la detección y atención integral de alumnos con Altas Capacidades Intelectuales (ACI) en el sistema educativo provincial.

Durante la presentación, la autora de la iniciativa expresó que “es prioritario que se detecten a tiempo este tipo de capacidades intelectuales, para darles el marco que necesitan tanto los chicos como los docentes que los tratan, ese es el objetivo”.

De esta forma, se busca promover la detección y atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de alta capacidad intelectual y dotación en diferentes áreas, garantizando una detección e identificación temprana y atención de sus capacidades o talentos especiales.

Otro de los objetivos es generar condiciones que hagan posible el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades, de su personalidad, y lograr una adecuada inserción en el ámbito socio-educativo.

Al respecto, y como parte del panel de Educación Inclusiva en el cual se presentó el proyecto, la coordinadora nacional sobre esta temática del Ministerio de Educación, Cristina Lovari, comentó que “la propuesta que acompañamos es una deuda de nuestro país a las dificultades que presentan los niños con estas capacidades intelectuales”.

Por su parte, la licenciada Cintia Allega Fernández, secretaria de Educación Inclusiva de la organización internacional sin fines de lucro Mensa Argentina, y también miembro del mismo panel, remarcó que “es necesario que haya una ley que sea inclusiva para todos los requerimientos que tienen los chicos con ACI, y que los docentes tengan las herramientas para trabajar con ellos”.

 

¿Cuáles son los alcances de la ley de Economía del Conocimiento?

 La ley que fue sancionada por el Senado de la Nación el 22 de mayo, tiene como objetivo promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información, apoyado en los avances de la ciencia y la tecnología, la obtención de bienes, la prestación de servicios o la mejora de procesos.

La norma tiene como antecedente la experiencia adquirida durante la vigencia del Régimen de Promoción de la Industria del Software, en vistas a modificarlo y simplificarlo.

Entre los rubros promovidos por la ley, se encuentran aquellos vinculados a la biotecnología, bioinformática, desarrollo de Software, e-commerce, servicios de diseño, industria aeroespacial y satelital, neurotecnología y sus ensayos y análisis.

Quienes deseen acceder al régimen deberán inscribirse en el registro de beneficiarios, que será creado por la misma ley. Como requisito, será necesario acreditar la realización de actividades de investigación y desarrollo, capacitación a los empleados y exportación de bienes o servicios, así como la implementación de mejoras continuas en la calidad de sus servicios, productos o procesos. Quedarán exceptuadas las microempresas, que sólo deberán acreditar que desarrollan actividades en el país.

Los beneficiarios gozarán de estabilidad fiscal, es decir que no verán incrementada su carga tributaria total nacional establecida al momento de solicitar el ingreso al registro. La misma alcanza a todos los impuestos nacionales y a los derechos o aranceles a la importación y exportación.

Además, podrán obtener un bono de crédito fiscal y el ingreso obtenido del mismo no se computará para la determinación de la ganancia neta. De acuerdo a los cálculos realizados por el portal digital Pharmabiz, sumado a la reducción en los impuestos, esto podría representar un ahorro de $6.500 al mes sobre un salario bruto de $50.000, que serían $2.6 millones para una dotación de 400 personas.

Asimismo, los beneficiarios no serán pasibles del IVA y el impuesto a las ganancias contará con una alícuota reducida en un 15%, en tanto respeten la reglamentación impuesta. También podrán deducir un crédito por los gravámenes análogos pagados o retenidos en el exterior cuando se trate de ganancias de fuente argentina.

Sin embargo, cada beneficiario deberá contribuir con un aporte anual, equivalente al 1,5% del monto total de los beneficios fiscales otorgados por el régimen, que será destinado al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor, dedicado a la financiación de emprendimientos e instituciones que tengan su origen en un capital de dicha índole.

Avanza el juicio en ausencia

El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió dictamen de mayoría en la comisión de Legislación Penal para el proyecto de «juicio en ausencia», una herramienta que se podría aplicar en el caso del impune atentado a la AMIA, del que se cumplieron 25 años en julio pasado.

El juicio en ausencia es un instituto legal que se aplicaría en aquellas situaciones en las que un imputado no se presentase frente a la justicia, sea por rebeldía, por fuga o paradero desconocido, por no haber sido entregado al tribunal por las autoridades estatales competentes o por algún otro motivo.

El proyecto de ley busca reglamentar el juicio en ausencia para los casos de delitos graves contra la humanidad como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad y también para delitos perpetrados por el crimen organizado, como el narcotráfico.

Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) consiguió el dictamen con las firmas del PRO y la UCR y las disidencias parciales de la Coalición Cívica y del peronismo cordobés, en tanto el Frente para la Victoria se expresó en contra.

La radical Gabriela Burgos, presidenta de la comisión, expresó que «el proyecto busca terminar con la impunidad de los graves crímenes contra la humanidad ocurridos en nuestra sociedad, cumpliendo con el mandato internacional de investigar y sancionar a los culpables de tales crímenes, sin menoscabar las garantías reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos».

«En lo que se refiere al crimen organizado, se busca reforzar las herramientas con las que cuenta la Justicia para facilitar la investigación, el juzgamiento y sanción de la delincuencia organizada y transaccional», agregó.

Para disipar algunos cuestionamientos aclaró que «las garantías judiciales principales son reconocidas por la Constitución Nacional y por los Tratados de Derechos Humanos. Aquellos derechos reconocidos procuran que nadie sea privado de acceder a aquellos».

«Cuando quien comete un delito tan grave como los contemplados en el proyecto decide no hacerse presente y eludir la Justicia, se vulnera el debido proceso y el derecho de las víctimas a tener justicia. Estar ausente no puede impedir el avance de la Justicia», remarcó.

El dictamen se logró en base al consenso de cuatro iniciativas presentadas por los Daniel Lipovetzky (PRO), Pablo Tonelli (PRO), Jorge Enriquez (PRO) y Luis Petri (UCR).

Para Lipovetzki se trata de «un instrumento que se le está dando al Poder Judicial para luchar contra la impunidad.

Petri, en tanto, aseveró: «Vamos a firmar con las dos manos este proyecto porque es una deuda que el Estado tiene con las víctimas de la AMIA y de toda la sociedad argentina.

Desde la Coalición Cívica, Paula Olivetto explicó la firma en disidencia de su bloque por considerar, entre otras cuestiones, que «el juicio en ausencia tiene que ser la excepción a la regla» y que intentarán que sus propuestas sean consideradas antes de que el proyecto se vote en el recinto.

El kirchnerista Rodolfo Tahilade consideró al proyecto como «un disparate que raya lo mamarracho» y cuestionó el cambio de tres diputados radicales que integraban la comisión por otros nuevos, horas antes del inicio de la reunión convocada para hoy.

Dijo también que «sólo se realizó una reunión sobre el tema en mayo a la que asistieron funcionarios sin que se permitiera ese día el debate de los diputados, una reunión informativa o de propaganda».

Con el dictamen firmado, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado por el plenario de la Cámara, aunque las disidencias parciales y los cuestionamientos de la mayoría de los opositores no son señales de pronto tratamiento.

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