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Piden crear una bicameral que investigue causas por extorsión

Piden crear una bicameral que investigue causas por extorsión

Los bloques de diputados y senadores nacionales del FPV-PJ presentaron un proyecto para la creación de una comisión bicameral especial en el Parlamento que investigue “el armado de causas judiciales, la extorsión y el espionaje ilegal” que, dijeron, “involucra a diversos funcionarios estatales, como ministros, miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia, legisladores y periodistas”.

En una conferencia de prensa, el presidente del bloque de diputados nacionales del FPV-PJ, Agustín Rossi, advirtió sobre la existencia de “una organización que fabrica causas para extorsionar a empresarios” y señaló que “el Congreso no puede permanecer sin dar respuestas”, al destacar que la creación de una comisión bicameral permitirá “desentrañar estas operaciones ilegales”.

“Estas gravísimas situaciones destruyen el Estado de derecho y amenazan la democracia. Hay que conocer la verdad”, aseguró Rossi, al señalar que el accionar de estas organizaciones “afectan la institucionalidad y la calidad de la democracia”.

En el marco de la causa que investiga extorsiones a empresarios, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a declaración indagatoria al fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, acusado de integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, en el marco de la causa por la que está detenido el falso abogado Marcelo D´Alessio.

Al hacer referencia al proyecto impulsado por e FPV-PJ, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau afirmó que “en esa investigación están involucrados muchos organismos estatales, es un actividad que no registra antecedentes” y defendió la “valentía” de Ramos Padilla.

En ese sentido, el senador del FPV-PJ por Neuquén, Marcelo Fuentes consideró que la investigación “excede la cuestión de la inteligencia” y sostuvo que “hay temor de que aparezcan nuevos datos que van comprometiendo cada vez más a los estamentos de la justicia”, al advertir: “O los organismos de inteligencia están pintados o son cómplices”.

Al pedido también se sumó la diputada de Red por Argentina, Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), quien dijo que se está «a punto de perder el Estado de derecho” y llamó a “hacer todo lo necesario para que la democracia siga siendo un valor permanente”.

La comisión estará integrada por 8 diputados y 8 senadores, que serán designados por los presidentes de ambas cámaras, respetando la pluralidad de representación, y producirá un informe en un plazo de 180 días.

Fondo para víctimas de trata de personas

 

Un plenario de comisiones del Senado emitió dictamen favorable a un proyecto de ley para la creación de un Fondo Fiduciario de Asistencia a la Víctima de Trata de Personas, que prevé disponer con rapidez de los fondos por bienes decomisados por ese delito.

Durante la audiencia, la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez, pidió la aprobación de la norma y advirtió que «si no se repara a víctimas lo que sucede es que continuamente se la saca de un lugar para luego encontrarla en otra situación de explotación».

La funcionaria, que además es coordinadora general del Consejo Federal de Trata de Personas, explicó que la creación del fondo es necesaria para «poder disponer de los fondos que son producto de los decomisos».

Rodríguez explicó que actualmente los bienes son administrados «de manera deficiente» al punto de que suelen perder su valor adquisitivo en lugar de preservarlos para que «vayan directamente a la reparación de las víctimas».

«A veces pasa que hasta que quede firme un decomiso el Poder Judicial, como tendencia suele entregar los bienes para uso público con contenido social y esto impacta muy negativamente, las víctimas piden que esos bienes vayan directamente para su reparación», añadió la funcionaria.

El senador de Cambiemos y titular provisional del cuerpo, Federico Pinedo, que participó del plenario, precisó que los fondos destinados a indemnizar a las víctimas pueden ser fondos presupuestarios como extrapresupuestarios.

La propuesta fue elevada al Congreso en octubre último con el objetivo de «dar mayor celeridad en las investigaciones para identificar y localizar los bienes provenientes de este delito», explicó Rodríguez.

«También contempla que al momento de la sentencia, se ordenen las reparaciones económicas que correspondan en favor de la víctima como primera medida de reparación del daño sufrido», agregó.

La funcionaria añadió que la iniciativa «ayudará a generar una administración de bienes transparente, conforme a los parámetros internacionales, y también impulsará mejores investigaciones para obtener y rastrear la mayor cantidad de bienes, no sólo los instrumentos del delito, sino los producidos por él».

«Si no reparamos a las víctimas y no tenemos capacidad de reconocerle la restitución la sacamos de un lugar para luego volver a la misma situación», concluyó en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda y de la Banca de la Mujer que se desarrolló en el salón «Eva Perón» del Senado.

La imprescriptibilidad de hechos de corrupción

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Luis Petri (UCR-Mendoza) presentó un proyecto que busca modificar el Código Penal y establecer la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a hechos de corrupción.
El proyecto, que ya había sido presentado en 2017 por Petri, hace referencia en sus fundamentos que la propuesta “se sustenta en normas de jerarquía superior”, al recordar que ese planteo está incluido en la Constitución Nacional.
Según el artículo 36 de la Constitución incorporado en la reforma de 1994, aquel que se enriqueciera mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado “atenta contra el sistema democrático” y, de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del mismo artículo, esos hechos “resultan imprescriptibles”.
A través del proyecto se busca modificar el artículo 62 del Código Penal y establecer que la acción penal prescribirá “a los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua y después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años”.
Asimismo, contempla que la acción penal prescribirá “a los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua; al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal y a los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa”.
Sin embargo, la iniciativa establece que “quedan exceptuados y son imprescriptibles” los delitos de cohecho y tráfico de Influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones Incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, así como el enriquecimiento ilícito de funcionarios.
De acuerdo al texto, los hechos de corrupción “atentan contra el sistema democrático, deteriorando sus cimientos constitutivos” y destaca la importancia de que todo aquel que incurriere en delito doloso contra el Estado que conlleve su enriquecimiento, pueda ser perseguido sin que el transcurso del tiempo sea un obstáculo para su juzgamiento, declarándose por consiguiente “como imprescriptibles”.

Guillermo Hunt: Análisis sobre política exterior y política de estado.

Guillermo Hunt, embajador argentino analiza la política exterior de la Argentina

Nuestro país enfrenta un momento de clivajes en donde se presentan nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Entre distintas visiones del futuro del país y de los vínculos internacionales los escritos del embajador Guillermo Hunt nos brindan herramientas para comprender la actualidad.

El embajador Guillermo Hunt  comparte en su blog un escrito titulado “Política exterior y política de Estado“.

Guillermo Hunt -autor del artículo-  comenta sobre la importancia de generar políticas con “el apoyo de un amplio espectro de la sociedad. Y resalta un rasgo que se repitió en la historia Argentina, en donde en vez de llevar adelante este tipo de políticas, el país se sumió en “la antinomia, la descalificación del adversario y la aplicación de políticas que no lograban sobrevivir al Gobierno que las adoptó” siendo modificadas por el gobierno que lo sucede.

A partir del año 83, con el triunfo de la democracia en nuestro país, se ha logrado un significativo avance en cuanto a ciertas políticas de estado, pero un estancamiento en otras muy importantes, especialmente en el ámbito de la política exterior.

¿Y qué es la política exterior?

“La política exterior es la herramienta que debe permitir aprovechar al máximo las posibilidades que nos brinda el mundo para que todos los sectores de nuestra sociedad puedan extraer los mayores beneficios de nuestra inserción internacional, al tiempo que la nación en su conjunto se garantiza las condiciones de seguridad para que los resultados de dicha inserción redunden en beneficio de la amplia mayoría de la población” – menciona Guillermo Hunt.

En ese sentido “las grandes líneas de la política exterior no pueden quedar solamente libradas a las ideologías o preferencias del Gobierno de turno… Las seis o siete vinculaciones claves del país con el exterior deben ser parte central de esas Políticas de Estado” indica Guillermo Hunt, entendiendo que luego los detalles y sintonía fina se tendrán que adecuar a los intereses del país y las coyunturas internacionales.

Como reflexión final, Guillermo Hunt comenta que“en este año electoral, sería aconsejable que los candidatos ofrezcan a la sociedad una reflexión en este sentido” sin duda quienes queremos a la Argentina coincidimos y abogamos por políticas de Estado perdurables y consensuadas.

Si queres leer el artículo completo hacé click acá, también te dejamos los links por si querés seguir a Guillermo Hunt en su twitter o facebook y no dejes de enviarnos tus comentarios sobre esta reflexión.

 

Guillermo Hunt

Embajador Argentino

El temario que impulsa Larreta en la Legislatura

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acordó con el bloque del oficialismo en la Legislatura local un paquete de leyes para su debate y aprobación en el primer semestre del año, que van desde el proyecto para regular el financiamiento de los partidos políticos como diversas iniciativas vinculadas al espacio público.
La agenda legislativa fue conversada durante un encuentro que mantuvo el jefe del Ejecutivo con los principales referentes de Vamos Juntos, el bloque oficialista del parlamento en el cual confluyen el PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública.
En la reunión, se establecieron algunos de los proyectos que formarán parte del debate en la Legislatura para la primera mitad del año dado que en la segunda parte del 2019 se estima que bajará la intensidad de trabajo parlamentario por el cronograma electoral.
En el primer grupo estará la ley para regular el financiamiento partidario que incorpora la posibilidad de aportes privados y que los diputados no llegaron a discutir durante el 2018 cuando se abordó el Código Electoral propio para el distrito.
La propuesta cuenta con el aval del Ejecutivo, no obstante su implementación no llegará a concretarse en las elecciones de este año sino que recién se aplicará en los comicios del 2021, según estimaciones de los diputados que trabajan en la redacción de la iniciativa.
Por otra parte, hay borradores de cuatro expedientes que comenzaron a circular por los despachos de los legisladores del oficialismo que están vinculados con el espacio público.
Figura la idea de copiar el esquema de transformación de los espacios situados bajo la autopista 25 de Mayo en centros comerciales integrados a los barrios, que fue votado por la Legislatura el año pasado. La intención será extender el modelo de desarrollo urbano a los predios abandonados que existen bajo el resto de las vías rápidas que atraviesan la Ciudad, como las autopistas Dellepiane, Illia y Perito Moreno.
El Ejecutivo buscará la creación de un régimen para permitir el financiamiento de eventos y programas públicos organizado por el Gobierno de la Ciudad mediante el aporte de dinero o provisión de bienes y servicios por parte de privados a cambio de publicidad.
La prohibición de fumar en los patios de juegos de parques y plazas de la Ciudad es parte del paquete de leyes a debatir y llega a la Legislatura con el respaldo de vecinos que se manifestaron a favor en el marco de una consulta efectuada por el Gobierno porteño en redes sociales.
Y, por último, un proyecto para que los postulantes al ingreso laboral a cualquier institución tengan el derecho a solicitar y obtener el acceso al resultado de la rutina de los exámenes pre ocupacionales.

Presentaron un proyecto de ley de Boleto Educativo

El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ presentó un proyecto de Ley Nacional de Boleto Educativo, que establece la creación de un régimen de tarifa diferencial para estudiantes y docentes.
El proyecto, elaborado por el ex ministro de Educación kirchnerista Daniel Filmus incorpora «la necesidad de contar con un boleto diferencial para los docentes, beneficio que rige en muy pocas provincias».
«Para el sector docente, el incumplimiento de la convocatoria a la paritaria nacional y el aumento de salarios por debajo de la inflación dificultan aún más la tarea cotidiana», expresó Filmus en la rueda de prensa convocada para anunciar el proyecto.
Para Filmus, «si se promedia el incremento del salario docente de la Ciudad, y de la provincia de Buenos Aires, ronda el 33%, con una inflación del 49% y un aumento del transporte que alcanza el 200%, con lo cual el peso que tiene el traslado diario a las escuelas sobre los ingresos es muchísimo mayor».
El proyecto de ley establece que serán beneficiarios del boleto educativo gratuito los estudiantes que cursen de manera regular los niveles establecidos como obligatorios por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (desde los 5 años hasta la finalización de la secundaria) y que asistan a los establecimientos de gestión pública estatal o de gestión privada con subvención estatal total, en cualquiera de sus modalidades.
En tanto, el boleto de tarifa reducida comprenderá a los estudiantes regulares de instituciones estatales de formación superior terciaria y universitaria nacionales, provinciales o municipales, regulados en el marco de la Ley de Educación Superior Nº 24.521.
El beneficio, en este caso, será del 70% de la tarifa mínima en el caso del transporte urbano y suburbano, y del 30% de las tarifas vigentes en el interurbano.
Para los docentes de establecimientos educativos de gestión pública estatal y de gestión privada con subvención estatal total, de los niveles obligatorios establecidos por la Ley de Educación Nacional, en cualquiera de sus modalidades, el beneficio será del 50% de la tarifa mínima del transporte urbano y del 30% de las tarifas vigentes en el interurbano.
Además, el acompañante en el caso de los estudiantes menores de 12 años tendrá un beneficio del 50% de la tarifa mínima.

Senado mendocino aprobó un fondo para asistir a la vitivinicultura

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó y convirtió en ley la creación de un fondo anticíclico, que ya contaba con media sanción de diputados para brindar ayuda financiera a los productores vitivinícolas durante cuatro años.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial fue aprobado con 33 votos a favor y 4 votos en contra de los senadores Juan Agulles, Lautaro Jiménez, Silvina Camiolo y Víctor da Vila, informaron fuentes legislativas.
El «Programa Plurianual de Estabilización para la Vitivinicultura» contempla una política anticíclica que mantenga acotados los stocks vínicos, de manera de darle mayor previsibilidad y rentabilidad a toda la cadena de valor.
Inicialmente el gobierno provincial tenía estimado dotar a este fideicomiso por un total de $ 4.000 millones por cuatro años, pero el acuerdo con el peronismo se cerró en $ 3.200 millones desde 2019 hasta 2022.
De esta manera, definieron que para 2019, se incrementará en $ 300 millones el presupuesto vigente, partida que podrá ampliarse al autorizar al Ejecutivo a tomar deuda por otros $ 500 millones.
Además, acordaron que tanto para 2020 y 2021 se autorizará a tomar crédito por $ 400 millones y a financiarlo con recursos propios con otros $ 400 millones, mientras para el 2022 se podrá tomar crédito por $ 300 millones, más $ 500 millones de recursos propios.
El senador Alejandro Diumenjo, quien fue el miembro informante de la propuesta debatida en el recinto, explicó que «este proyecto tiene como herramienta por excelencia la creación de un fondo anti cíclico de carácter plurianual que durará cuatro años, en el cual este último año de la gestión de este gobierno y en los tres años posteriores del gobierno que suceda a este, van a poder intervenir de distintas formas».
Estas intervenciones serán «para estabilizar el funcionamiento y la rentabilidad pero sobre toda para dar previsibilidad a la industria vitivinícola y, por consiguiente, proteger a los pequeños y medianos productores», subrayó el senador del oficialismo.
«La finalidad es estabilizar el mercado referenciando un precio que garantice la rentabilidad del productor primario y proteja a los miles de obreros que en forma directa e indirecta emplea la industria, que son algo así como 300 mil personas», añadió.
Por su parte, el senador Adolfo Bermejo (PJ) había destacado que acompañarían el proyecto pero consideró que es «una salida momentánea» y resaltó que «no comparten el hecho de que a nueve meses de retirarse el gobierno provincial esté planteando un plan a cuatro años, que tendría que haberse hecho al principio».

Senado debatió más tiempo pero durante menos sesiones

La Cámara de Senadores presentó su informe de gestión 2018, en el que se destaca que las sesiones fueron mucho más largas, aunque los legisladores debatieron en menos oportunidades que el año anterior.
Según la publicación, el Senado discutió en sesiones ordinarias y especiales el año pasado un sesenta por ciento más de tiempo que en 2017.
Sin embargo, sesionó en 17 oportunidades (15 dentro del período ordinario) contra 18 de 2017.
Durante el año que terminó con el plenario del 19 de diciembre, la Cámara alta se tomó su tiempo (más de 93 horas) para debatir cuestiones como la Ley de Aborto, el Presupuesto 2019, Extinción de Dominio y el proyecto de Desburocratización del Estado que hicieron que las sesiones finalizaran en las primeras horas del día siguiente.
Además, se aprobaron cuestiones como la Ley Justina, la Ley Micaela, la Cédula Escolar Nacional y cambios a la Ley de Papel Prensa y se crearon varios parques nacionales como el Iberá, Ciervo de los Pantanos y Traslasierra, así como la ampliación de las Áreas Marinas Protegidas.
Según el informe, se le dio media sanción a 95 proyectos, se prestó acuerdo para designación de jueces, fiscales, personal militar y del cuerpo diplomático en 134 oportunidades y se aprobaron 1.545 resoluciones.
En tanto, las comisiones legislativas se reunieron en 222 oportunidades durante las cuales se recibieron a 72 funcionarios públicos. Entre ellos, a casi todos los ministros del Poder Ejecutivo, de los cuales el de Transporte, Guillermo Dietrich (en tres oportunidades) y el de Defensa, Oscar Aguad, (dos veces) fueron los que más asistieron al Senado.

La Provincia de Buenos Aires unificará sus comicios con Nación

Luego de muchas especulaciones, María Eugenia Vidal, Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, confirmó que unificará las elecciones con Nación. El anuncio se realizó luego de sucesivas reuniones con el Presidente, más precisamente 3 días seguidos.

A partir de esto, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, apoyó la decisión de la gobernadora y expresó que “lo que más les servía a los bonaerenses era elegir presidente y gobernador el mismo día”. Por otra parte, Vidal también recibió la aprobación del vicegobernador Daniel Salvador que consideró “muy pertinente” la decisión de unificar las elecciones.

Otra de las voces que se hizo escuchar fue la del secretario general bonaerense, Fabián Perechodnik, el cual revalidó la decisión de no separar los comicios provinciales porque así se “cierra el capítulo de las especulaciones” e insistió que “lo mejor era mantener las reglas de juego”.

Por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, comunicó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se votará el mismo día que las nacionales y declaró que “Es bueno que votemos todo junto, y además, se ahorra plata”.

Anulado el desdoblamiento, algunos integrantes de Cambiemos propusieron descartar las PASO, replicando justamente el ahorro que esto significaría. Sin embargo, muchos otros se oponen a esta medida, uno de ellos es Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados.

Finalmente, ahora que se sabe que las elecciones de la Nación, la Provincia de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires (C.A.B.A.), se realizarán el mismo día, falta resolver quienes van a ser los candidatos del oficialismo en los municipios bonaerenses. Lugar en el que los votos pueden ser clave para efectuar los objetivos para la reelección del Presidente y la gobernadora.

La Rioja: Cambiemos denunciará irregularidades en la consulta popular

Tras la consulta popular en La Rioja, en la que se impuso el “sí” a la re-reelección de Sergio Casas, desde Cambiemos afirmaron que volverán a la Corte Suprema de Justicia para denunciar más de 30 irregularidades.
El senador Julio Martínez, el candidato de Cambiemos en ese distrito, señaló que en la jornada “no permitieron a nuestros fiscales reponer boletas del ‘no’. Pusieron punteros de ellos. En total, son 30 irregularidades”.
Para el radical, la enmienda constitucional, la ley que la ciudadanía debía aceptar o rechazar, “violó todo tipo de normas de convivencia democrática y garantías constitucionales”.
“Fue muy poca gente, la gente decidió darle la espalda al proceso. Solo el 20 por ciento termina avalando esta maniobra”, sostuvo el legislador.
Y agregó: “No tiene legitimidad para llevarse puesta la Constitución por un 20 por ciento de los votos. Son burdos y necesitan seguir sometiendo a la justicia de La Rioja”.
Además, en Cambiemos consideran que según la Constitución riojana, la enmienda tenía que ser avalada por un 35% de los votos, mientras que el peronismo interpreta que no es rechazada si no obtiene el 35% de los votos por el “no”.
El artículo 84 de la Carta Magna provincial establece: “Toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba”.
Esta será la segunda vez que la oposición de La Rioja recurra al máximo tribunal. La primera fue el recurso de amparo para frenar el plebiscito, que resultó rechazado en un fallo dividido.

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