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Aprobaron facilidades fiscales para pymes y particulares

Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron el plan de beneficios fiscales elaborado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para «atender la situación de los contribuyentes que han tenido inconvenientes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias», en especial las pymes y micro emprendedores.

Este régimen de excepcionalidad propicia una «condonación de ciertos tributos de escasa significación (para el Estado local) pero difíciles de enfrentar para los contribuyentes en el contexto actual», como reconocen los considerandos del despacho enviado al recinto por la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria.

La ley sancionada establece un Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, con importantes beneficios para pequeños y medianos contribuyentes (PyMEs o personas humanas), «a fin de salvaguardar su capital de trabajo y coadyuvar a su reactivación económica», se fundamentó desde el oficialismo.

Paula Villalba (VJ), presidenta de la Comisión de Presupuesto, aclaró en el recinto que según la normativa de la Ciudad, se considera pymes a las empresas que tributan por impuestos locales hasta un millónde pesos anuales.

Podrán acogerse a este plan de facilidades los contribuyentes y responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2019. El plazo de  acogimiento no podrá exceder el día 31 de diciembre de 2019.

Habrá condonación de intereses y sanciones, plazos de pagos de hasta 120 cuotas para pymes y personas humanas (según tipo de deuda o rubro de actividad); vencimiento de la primera cuota a los 90 días y levantamiento de embargos para quienes regularicen su situación.

A partir de la ley también se abre la posibilidad de refinanciar planes caducos, así como incluir retenciones y percepciones y culminar con  las acciones penales iniciadas, entre otros beneficios. Sobre este punto, los bloques Peronista, Unidad Ciudadana, Gen y Mejor Ciudad se opusieron por considerar impropio e injusto que se le otorguen beneficios a patronales que retuvieron indebidamente y no depositaron montos que son descontados del salario de los trabajadores.

Al respecto, explicó Villalba que el 97% de las Pymes de la Ciudad cumplieron en tiempo y forma con el depósito de aportes patronales y retenciones a los empleados y el 3% restante se supone que incumplió por problemas financieros o económicos derivado de la crisis coyuntural. Aclaró la diputada oficialista que a estos contribuyentes no se les condonarán los intereses punitorios, como ocurrirá con el resto de los beneficiarios.

Quedarán exentos gravámenes que inciden sobre el abasto, volquetes, mesas y sillas; plataformas gastronómicas; calesitas y los gravámenes sobre quioscos de venta de flores , toldos y parasoles. También se prorroga la eximición del Impuesto de Sellos a la compraventa de ciertos automóviles O Km o sin uso, hasta el día 31 de diciembre de 2019.

Los contribuyentes y/o responsables podrán acogerse al presente régimen en forma total o parcial y en esa medida operarán los beneficios consagrados en la misma. Si la deuda se encuentra en gestión judicial, el acogimiento deberá ser por el total de la deuda reclamada en cada juicio.

¿Quiénes quedan excluidos?

La norma detalla que quienes quedan afuera son: «Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes nacionales 24.522 y 25.284»;

También están excluidos «los condenados por alguno de los delitos previstos en las leyes nacionales 23.771 y 24.769 y/o en el Régimen Penal Tributario, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme o exista acuerdo de avenimiento homologado en los términos del Artículo 266 del Código Procesal Penal de la Ciudad» y «los condenados por delitos comunes contra la Administración Central y/u Organismos Descentralizados y/o Entidades Autárquicas».

La Ley aclara que «la adhesión al presente plan de regularización importa la suspensión de los plazos procesales en las causas judiciales iniciadas. En el caso de que se produzca la caducidad o nulidad del mismo se reanudarán los plazos procesales, tomándose lo pagado a cuenta de la liquidación final».

También prescribe que «el acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales en curso y la suspensión de la prescripción penal (…), siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme y/o acuerdo de avenimiento homologado».

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen de contado o mediante plan de facilidades de pago producirá la extinción de la acción penal.

El debate se abrió con la argumentación del miembro informante de la mayoría, Paula Villalba, quien volvió a hacer uso de la palabra sobre el final para responder críticas e inquietudes de los diputados. María Rosa Muiños (BP) y Sergio Abrevaya (Gen) habían presentado un proyecto sobre el mismo tema el año pasado y protestaron porque el oficialismo no toma en cuenta las iniciativas que no sean oficiales. En términos similares expuso Marcelo Depierro (MC), quien planteó que «primero deberíamos ayudar a los que cumplen puntualmente sus compromisos tributarios».

Muiños se quejó también de que el Ejecutivo no hizo ponderaciones de montos o guarismos sobre la incidencia de estas medidas, de manera que luego presentó un proyecto de resolución para ser tratado sobre tablas, con pedido de informes a la Jefatura de Gobierno, reclamando especificaciones y números de recaudaciones tributarias. El bloque oficialista dio su apoyo para habilitar el tratamiento (que requería dos tercios) y la resolución feru aprobada a mano alzada.

Mariano Recalde (UC), jefe de la principal bancada opositora, manifestó que lo que estaba en tratamiento era «no un paquete de alivio fiscal, sino de alivio electoral», consideró que «se trata de medidas de marketiong, no de sensibilidad del gobierno de la Ciudad, que al igual que el nacional, no toma nota de la grave crisis por las políticas del macrismo». Desde los bloques de izqierda, Gabriel Solao, Laura Marrone (FIT) y Fernando Vilardo (AyL), acentuaron el discurso de confrontación contra las políticas de gobierno.

Antes de pasar a votación, el presidenmte del bloque Vamos Juntos, Agustín Forchieri, dijo que «en estos momentos, la gente espera de los dirigentes la mayor prudencia y moderación. No hay que decir cosas que generen confusión, sino transmitir tranquilidad». Pidio a los candidatos electorales «no tirar leña al fuego» y «actuar con la ética de la responsabilidad, no sólo con la ética de sus convicciones».

«Debemos ser cuidadosos con los recursos que son de los vecinos de la Ciudad; nosotros somos meros administradores», concluyó.

La ley se sancionó, en general, con 45 votos positivos de VJ, Ev, BP, Gen y MC, 2 negativos de FIT y 6 abstenciones de UC y AyL.

Prensa Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Buscan promover la atención de alumnos con necesidades educativas especiales

 Carolina Barros Schelotto, diputada de la Provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley que promueve la detección y atención integral de alumnos con Altas Capacidades Intelectuales (ACI) en el sistema educativo provincial.

Durante la presentación, la autora de la iniciativa expresó que “es prioritario que se detecten a tiempo este tipo de capacidades intelectuales, para darles el marco que necesitan tanto los chicos como los docentes que los tratan, ese es el objetivo”.

De esta forma, se busca promover la detección y atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de alta capacidad intelectual y dotación en diferentes áreas, garantizando una detección e identificación temprana y atención de sus capacidades o talentos especiales.

Otro de los objetivos es generar condiciones que hagan posible el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades, de su personalidad, y lograr una adecuada inserción en el ámbito socio-educativo.

Al respecto, y como parte del panel de Educación Inclusiva en el cual se presentó el proyecto, la coordinadora nacional sobre esta temática del Ministerio de Educación, Cristina Lovari, comentó que “la propuesta que acompañamos es una deuda de nuestro país a las dificultades que presentan los niños con estas capacidades intelectuales”.

Por su parte, la licenciada Cintia Allega Fernández, secretaria de Educación Inclusiva de la organización internacional sin fines de lucro Mensa Argentina, y también miembro del mismo panel, remarcó que “es necesario que haya una ley que sea inclusiva para todos los requerimientos que tienen los chicos con ACI, y que los docentes tengan las herramientas para trabajar con ellos”.

 

Avanza el juicio en ausencia

El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió dictamen de mayoría en la comisión de Legislación Penal para el proyecto de «juicio en ausencia», una herramienta que se podría aplicar en el caso del impune atentado a la AMIA, del que se cumplieron 25 años en julio pasado.

El juicio en ausencia es un instituto legal que se aplicaría en aquellas situaciones en las que un imputado no se presentase frente a la justicia, sea por rebeldía, por fuga o paradero desconocido, por no haber sido entregado al tribunal por las autoridades estatales competentes o por algún otro motivo.

El proyecto de ley busca reglamentar el juicio en ausencia para los casos de delitos graves contra la humanidad como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad y también para delitos perpetrados por el crimen organizado, como el narcotráfico.

Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) consiguió el dictamen con las firmas del PRO y la UCR y las disidencias parciales de la Coalición Cívica y del peronismo cordobés, en tanto el Frente para la Victoria se expresó en contra.

La radical Gabriela Burgos, presidenta de la comisión, expresó que «el proyecto busca terminar con la impunidad de los graves crímenes contra la humanidad ocurridos en nuestra sociedad, cumpliendo con el mandato internacional de investigar y sancionar a los culpables de tales crímenes, sin menoscabar las garantías reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos».

«En lo que se refiere al crimen organizado, se busca reforzar las herramientas con las que cuenta la Justicia para facilitar la investigación, el juzgamiento y sanción de la delincuencia organizada y transaccional», agregó.

Para disipar algunos cuestionamientos aclaró que «las garantías judiciales principales son reconocidas por la Constitución Nacional y por los Tratados de Derechos Humanos. Aquellos derechos reconocidos procuran que nadie sea privado de acceder a aquellos».

«Cuando quien comete un delito tan grave como los contemplados en el proyecto decide no hacerse presente y eludir la Justicia, se vulnera el debido proceso y el derecho de las víctimas a tener justicia. Estar ausente no puede impedir el avance de la Justicia», remarcó.

El dictamen se logró en base al consenso de cuatro iniciativas presentadas por los Daniel Lipovetzky (PRO), Pablo Tonelli (PRO), Jorge Enriquez (PRO) y Luis Petri (UCR).

Para Lipovetzki se trata de «un instrumento que se le está dando al Poder Judicial para luchar contra la impunidad.

Petri, en tanto, aseveró: «Vamos a firmar con las dos manos este proyecto porque es una deuda que el Estado tiene con las víctimas de la AMIA y de toda la sociedad argentina.

Desde la Coalición Cívica, Paula Olivetto explicó la firma en disidencia de su bloque por considerar, entre otras cuestiones, que «el juicio en ausencia tiene que ser la excepción a la regla» y que intentarán que sus propuestas sean consideradas antes de que el proyecto se vote en el recinto.

El kirchnerista Rodolfo Tahilade consideró al proyecto como «un disparate que raya lo mamarracho» y cuestionó el cambio de tres diputados radicales que integraban la comisión por otros nuevos, horas antes del inicio de la reunión convocada para hoy.

Dijo también que «sólo se realizó una reunión sobre el tema en mayo a la que asistieron funcionarios sin que se permitiera ese día el debate de los diputados, una reunión informativa o de propaganda».

Con el dictamen firmado, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado por el plenario de la Cámara, aunque las disidencias parciales y los cuestionamientos de la mayoría de los opositores no son señales de pronto tratamiento.

PASO: Vence el Frente de Todos y la disputa se hace cada vez más fuerte

Tras los resultados de las PASO, dirigentes de Frente de Todos y Juntos por el Cambio, los bloques con más caudal de votos, realizaron declaraciones y contaron cuáles son sus perspectivas sobre lo que podría ocurrir de acá a octubre.

Durante los últimos días hubo declaraciones de todo tipo. Desde el lado del oficialismo, el actual Presidente y candidato por el bloque Juntos por el Cambio obtuvo un porcentaje del 32,08% de los votos, mientras Alberto Fernández del Frente de Todos se ubicó quince puntos encima con el 47,66%. Preocupado por la gran victoria del Frente de Todos busca dar una imagen optimista acerca de lo que pueda ocurrir en octubre y sostiene que la próxima elección será “una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa”. Además, afirmó con seguridad que revertirán los resultados para competir por ballotage el 24 de noviembre.

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio y actual senador nacional Miguel Ángel Pichetto apoyó las declaraciones del presidente y mediante un mensaje esperanzador sostuvo: “esto no terminó, ha sido una elección primaria y el verdadero debate de los contenidos y el rumbo de la Argentina se empieza a consolidar hacia octubre. Sabemos que es difícil, pero vamos a estar comprometidos con todo el coraje y la convicción”.

Asimismo, Macri reconoce la dureza de las medidas tomadas durante su mandato y, en respuesta a la manifestación del pueblo el pasado domingo, y a fin de revertir los resultados reflejados en las urnas, apuesta a una serie de medidas reparadoras. Entre ellas, una suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, un aumento del salario mínimo, medidas favorecedoras para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y el otorgamiento de un bono extra de mil pesos en septiembre y en octubre a quienes reciben la asignación universal por hijo.

Por el contrario, el Frente de Todos refuerza sus esperanzas luego de haber arrasado frente al oficialismo y va con mucha seguridad de cara a las elecciones de octubre. Massa afirmó estar «tranquilo y animado por la ola de esperanza que muestra la voluntad de los argentinos de construir un nuevo gobierno». Otra defensora de la fórmula Fernández-Fernández, la diputada Victoria Donda dijo además que la sociedad escuchó el “grito de unidad contra la crisis”, refiriéndose al triunfo del Frente de Todos en las PASO.

A su vez, el candidato a presidente por el bloque vencedor, Alberto Fernández, reaccionó frente a las últimas medidas tomadas por el gobierno y declaró que son tardías y que el mandatario no tuvo en cuenta las consecuencias de las mismas. Tras haber rechazado la convocatoria propuesta por Macri con anterioridad, declaró que el presidente “lo que tiene que hacer es gobernar”.

A medida que transcurren los días próximos a las PASO se va creando una serie de “juego” en el que ambos bloques van moviéndose estratégicamente a fin de llegar lo mejor posible a la elección de octubre, y tomando la mayor ventaja posible.

Los puntos obtenidos por las demás fuerzas podrían ser un factor determinante para las elecciones de octubre. Los porcentajes de los bloques fueron: 8,22% de Roberto Lavagna (ex ministro de Economía de Néstor Kirchner) que quedó en un lejano tercer puesto, el 2,86% del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (trostskystas), el 2,63% y 2,18% que obtuvieron respectivamente el Frente Nos y Unite (dos expresiones de derecha), el 1,5% que suman las cuatro fuerzas en total, y el 3% de votos en blanco. Frente a las consecuencias de las PASO, es posible que muchos de los votantes de los bloques mencionados se replanteen el voto y lo dirijan a uno de los dos partidos que se posicionaron en la cabecera este domingo 11 de agosto ya que es muy probable que uno de ellos dos se lleve el triunfo en octubre.

Mientras tanto, el pueblo convive con la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en unos meses, y en los próximos años. El asombro que dejó la amplia diferencia de más de 15 puntos entre los votos obtenidos por un partido y otro se refleja notoriamente en las redes sociales, donde muchos se manifestaron haciendo campaña para uno u otro bloque, y expresando alegría, odio e indignación sobre los resultados que dejaron las PASO.

Si bien se trata de las elecciones primarias y el rumbo de los votos puede verse alterado hacia las elecciones de octubre, la fórmula Fernández-Fernández se impuso con gran firmeza, lo cual reduce ampliamente las chances de que el gobierno actual alcance los votos necesarios para obtener el triunfo o para ir por la segunda vuelta en noviembre.

 

 

Elecciones 2019

El próximo 11 de agosto entre las 8:00 y las 18:00 tendrán lugar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Las PASO definen dos cuestiones, por un lado establecen qué partidos podrán presentarse a las elecciones generales del 27 de octubre, dado que aquellos que no alcancen el 1,5% de los votos en agosto no podrán competir en octubre. Por el otro, definirán la lista definitiva de cada partido, en caso de que se presente más de una.

En las elecciones nacionales se elegirán al presidente, vicepresidente, gobernadores, diputados, senadores, intendentes y concejales. Las elecciones del Poder Ejecutivo son cada cuatro años, mientras que las del Poder Legislativo son cada dos años.

Se renovarán 130 diputados por parte de los 24 distritos nacionales y 24 senadores en 8 distritos (Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la C.A.B.A).

CAMBIEMOS

Diputados: El interbloque Cambiemos (Pro-UCR-CC y otros) tiene 107 de las 257 bancas en Diputados. Sus principales fuerza pondrán en juego gran parte de sus bancas: el Pro 28 de sus 55 bancas, la UCR 15 de 39, y la Coalición Cívica sólo 2 de 10.

Senado: La alianza Pro-UCR tiene 21 de las 72 bancas. El Pro apuesta 3 de sus 9 bancas y la UCR 1 de 12.

FRENTE PARA LA VICTORIA-PJ

Diputados: El bloque presidido por el presidenciable Agustín Rossi cuenta con 65 de las 257 bancas, y pondrá en juego más de la mitad de las mismas: 38. La única fuerza con la que han conformado un interbloque es Concertación FORJA, un monobloque que termina su mandato en 2019.

Senado: La fuerza liderada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está integrada por 9 bancas de las 72 y podrá en juego 3.

JUSTICIALISTA

Diputados: El bloque que aglutina al peronismo en la Cámara baja cuenta con 17 de las 257 bancas y conforma un interbloque con el Frente de la Concordia Misionero (5), Córdoba Federal (5) y otros legisladores (6) de fuerzas menores pero con las que alcanzan un total de 33 bancas.

Senado: La bancada que lidera Miguel Ángel Pichetto es la primera fuerza en la Cámara alta, suma 18 de las 72 bancas pero para mantener esta posición deberá al menos renovar los 7 lugares que expone.

En cuanto a la Legislatura de C.A.B.A, se renuevan la mitad de sus bancas el próximo año. De esta manera, la mayoría de los bloques tienen en juego su composición actual. Los diputados que asuman en diciembre del año entrante tendrán el cargo por un periodo de cuatro años.

El bloque Vamos Juntos renueva 18 de 34 bancas. El bloque tiene en juego el mayor número de sus representantes, con lo cual podría perder su posición mayoritaria con quórum propio.

El bloque de Unidad Ciudadana actualmente cuenta con 8 bancas de las 60, y renueva la mitad el próximo año.  A su vez, el presidente del bloque, Carlos Tomada, junto con dirigentes identificados con el peronismo porteño debatieron acerca de la importancia de consolidar la “unidad del campo popular” en la Ciudad.

Por último, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires renueva 46 de sus 92 diputados y 23 de un total de 46 senadores.

Diputados: Actualmente, ninguno de los bloques tiene quórum propio. El bloque Cambiemos renueva la mitad de sus bancas, representan la primera minoría de la cámara.

Cambiemos necesitaría mantener las bancas actuales e incorporar 3 más para poder tener quórum propio y representar a la mayoría. Además, entre los diputados que finalizan el mandato, se encuentra el actual presidente de la cámara, Manuel Mosca.

En el caso del bloque de Unidad Ciudadana representa la segunda minoría de la cámara y renueva 11 de 22 de sus bancas

Senado: El Bloque Cambiemos actualmente tiene 29 bancas que lo representan, logrando de esta manera quórum propio y el próximo año renueva 13 de las mismas. Si bien no tiene en juego la mitad de su composición actual, puede llegar a perder el quórum propio.

Unidad Ciudadana, el bloque opositor, tiene 11 bancas actuales y el próximo año renueva 7 de las mismas.

Rio Negro: nueva ley en materia de salud alimentaria

En un marco de altos índices de obesidad infantil, en Río Negro se sancionó una ley que prohíbe la oferta de alimentos azucarados en las cajas de los supermercados.

Un informe reciente presentado por la Secretaría de Salud de la Nación arrojó índices que causan alarma respecto a los niveles de obesidad y sobrepeso infantil. Si bien los números son elevados en todo el país, hay tres provincias donde son bastante preocupantes: Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro y Neuquén. Según el estudio, en estos lugares más del 30% de afectados son niños menores a 3 años y cerca del 50% tienen  entre 6 y 9 años.

Este escenario puso en alerta a instituciones de todo el país, lo que derivó en nuevas legislaciones en varias de las provincias, como la implementación de kioscos saludables en los colegios, regulación en los menús estudiantiles, etiquetados que indiquen el alto contenido de azúcar, entre otros.

En este marco, la legislatura de la provincia de Río Negro aprobó por unanimidad la ley N°108 que pretende regular la oferta de alimentos azucarados en las cajas registradoras de los supermercados, prohibiéndola a menos de 3 metros de las mismas. Entre ellos se incluyen alimentos o bebidas que contengan azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, en cualquiera de sus formas, de frutas artificiales o bebidas energizantes.

El objetivo de esta regulación es minimizar la compra impulsiva de estos productos, a fin de  fomentar hábitos más saludables de alimentación. Si bien no está científicamente comprobado cómo influye esto en el consumo, junto con las demás leyes impulsa un cambio cultural en costumbres alimentarias.

La iniciativa fue presentada por el diputado Pablo Lescano, del bloque Juntos Somos Rio Negro, y aprobada por segunda vuelta el viernes 2 de agosto. La propuesta surgió de un trabajo interdisciplinario e interprovincial que realizaron representantes de Bariloche, Río Negro y Nación, del área de nutrición, de pediatría del Hospital de Río Negro y representantes de la Universidad de Río Negro.

A pesar de haber sido aprobada por unanimidad en la legislatura, la nueva ley encontró resistencia en la Asociación de Supermercados Unidos de Argentina (integrada por reconocidas marcas como Coto, Carrefour y La Anónima), quienes enviaron una carta desestimándola y argumentado que va en contra del derecho a la comercialización.

En diálogo con InfonoticiasOnline, Lescano, explicó que la nota “fue una reacción y no una respuesta, ya que no se les había pedido opinión a los supermercados”, pero aclaró: «Me parece muy importante que los supermercados sean parte del proceso. Hay tiempo para que puedan sumarse a esta causa que tiene como objetivo cuidar la salud alimentaria».

Si bien aún no fue promulgada, el Ejecutivo dispone de 8 días antes de que se promulgue de manera automática, por eso se espera que la semana próxima sea publicada en el Boletín Oficial. El Área de Defensa del Consumidor dependiente de la Agencia de Recaudación Tributaria será la autoridad de aplicación de la misma en toda la provincia y se impondrán sanciones a aquellos supermercados que no se ajusten a la norma.

Veganismo: ¿Qué es y qué legislaciones existen en torno al tema?

Luego de la intervención de un grupo de veganos en la rural, el tema vuelve a figurar en agenda. Al ser una ideología que va tomando popularidad en nuestro país, demanda legislaciones que apoyen dicha decisión a nivel alimenticio y de consumo.

El veganismo es una filosofía de vida que se basa, principalmente, en terminar con el sacrificio animal para la satisfacción humana. A diferencia del vegetarianismo, los veganos no incluyen en su dieta ningún alimento derivado de animales, como lácteos, huevos, miel o grasa animal. Así mismo, su ideología no involucra exclusivamente conductas alimenticias sino que se extiende también a todo tipo de consumo: no compran prendas  de cuero ni pieles, ni productos de belleza testeados en animales, entre otros. Su fundamento básico reside en velar por los derechos de los animales y levantar una lucha que ellos al no tener voz, no pueden sostener.

Si bien se trata de una corriente que ya hace años viene tomando fuerza a nivel mundial, y que en últimamente ha sumado adeptos de manera exponencial, en nuestro país su militancia se ha hecho más visible durante el último año. En la Ciudad de Buenos Aires las manifestaciones involucraron cortes de calle, boicots a restaurantes y expresiones  artísticas. El último suceso de gran impacto fue la intervención que realizaron en la Expo Rural 2019, interrumpiendo un concurso de doma con carteles en contra del maltrato animal, del que fueron expulsados violentamente.

El enfrentamiento abre el abanico de discusiones que giran en torno a esta ideología: ¿Cuáles son los derechos de los animales y por qué deberíamos velar por ellos? Si somos seres carnívoros ¿por qué deberíamos dejar de consumir otras especies? ¿Podemos prescindir de la carne? La industria ganadera ha probado ser un de las mayores causas de contaminación ambiental ¿hay otra manera de contrarrestar dicho impacto que no sea anulando su consumo?  Como estas hay miles de preguntas más que se ponen sobre la mesa en pos de una puja de derechos igual a cualquier otra.

Más allá de dichas controversias, cada vez más personas en nuestro país eligen seguir una dieta vegana y  demandan legislaciones que contribuyan a su decisión. Es por esto que a comienzos de Julio de este año, la legisladora Victoria Montenegro presentó un proyecto de ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que  propone “garantizar un menú vegano y otro vegetariano en hospitales, instituciones educativas, centros comunitarios, y todo establecimiento dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se brinde servicio de comedor” con el objetivo de procurar un marco de igualdad en el acceso a una nutrición adecuada. A nivel nación, se han presentado proyectos similares en ambas cámaras desde 2016, junto con otros que buscan un etiquetado para los productos alimenticios con la leyenda “libre de sacrificio animal” para que quienes sigan esta ideología pueden seleccionar sus alimento de manera más práctica. A pesar que aún ninguno de los proyectos ha alcanzado la media sanción, es un gran primer paso que se debata este tema en el país y que cada vez más legisladores se involucren presentando proyectos a fines.

Góndolas y Código Penal: los temas más fuertes para el segundo semestre

El final del primer semestre del 2019 y la continua incertidumbre hacen que los argentinos se pregunten en qué situación terminará el año, y en qué se hará foco durante el período restante. Si bien hay una serie de cuestiones de agenda para el próximo período, hay dos tópicos centrales de gran importancia que pueden traer grandes cambios: el debate sobre el anteproyecto para la Reforma del Código Penal y el tratamiento sobre la Ley de Góndolas.

El debate sobre el proyecto de ley  de góndolas es tan importante en la medida en que el hecho de que se sancione o no impactará enormemente sobre el negocio de las PyMEs y los supermercados e hipermercados del territorio bonaerense. El mismo surgió de la iniciativa de la gobernadora María Eugenia Vidal, y obtuvo media sanción en el Senado Bonaerense en mayo por lo cual el paso siguiente se dará en la Cámara de Diputados.  El mismo se centra en el fomento de la competencia en las góndolas entre las distintas marcas de productos, a fin de garantizar una mayor presencia de las PyMEs y reducir el abuso de grandes empresas, evitando que una misma marca o grupo de empresas ocupe más del 30% de la góndola del mercado que se trate.  Este proyecto ha tenido varias repercusiones, que constituyeron un sinfín de idas y vueltas entre oficialistas y opositores, por lo cual su tratamiento se hace aún más difícil y lento. Es importante aclarar que, si bien el proyecto surge a partir de la legislatura bonaerense,  a nivel nacional hubo dos dictámenes, que se debatirán próximamente en Diputados lo cual significa que podría tener alcance nacional, es decir, afectar a un gran número de empresas que operan en el país.

Otra cuestión que es sumamente relevante es el anteproyecto para la reforma del Código Penal, que busca garantizar constitución de un documento unificado que  refleje de forma coherente la seguridad jurídica de toda la sociedad. La propuesta de la reforma se da debido a que el Código Penal ha sufrido unas 900 modificaciones parciales desde que fue sancionado en 1921, lo cual lo llevó a una gran falta de ordenamiento y coherencia en su composición que imposibilita la comprensión del mismo para su aplicación. Si bien ya en una serie de oportunidades se ha buscado darle coherencia  a través de las distintas comisiones, el proceso no ha tenido éxito y esto genera una necesidad de implementar una reforma.

Si bien estos se constituyen como dos temas fundamentales para el futuro del país, hay otras cuestiones de agenda que van a ser tratadas en las distintas legislaturas por la importancia que han adquirido en el último tiempo, como el juicio en ausencia, que entró nuevamente en agenda a partir del 25 aniversario del atentado a la AMIA,  el traspaso de mando presidencial para evitar situaciones a futuro como la que ocurrió en el traspaso de mando por parte de la ex Presidenta Cristina Fernández al actual Presidente Mauricio Macri, y el tratamiento de proyectos sobre maltrato animal, entre otros.

El juicio por ausencia, cerca de ser una realidad

Juntos por el Cambio consiguió un dictamen sobre el proyecto que busca implementar el juicio por ausencia, una herramienta que se podría aplicar en el caso del atentado a la AMIA, que el jueves pasado cumplió 25 años.

El oficialismo de la Cámara de Diputados logró la mayoría en la comisión de Legislación Penal con las firmas del PRO y la UCR y las disidencias parciales de la Coalición Cívica y del peronismo cordobés, en tanto el Frente para la Victoria se expresó en contra.

Se logró llegar a un consenso en base a cuatro iniciativas, presentadas por los diputados Daniel Lipovetzky (PRO), Pablo Tonelli (PRO), Jorge Enriquez (PRO) y Luis Petri (UCR).

Gabriela Burgos, presidenta de la comisión, expresó que «el proyecto busca terminar con la impunidad de los graves crímenes contra la humanidad ocurridos en nuestra sociedad, cumpliendo con el mandato internacional de investigar y sancionar a los culpables de tales crímenes, sin menoscabar las garantías reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos».

Desde la Coalición Cívica, Paula Olivetto explicó que «el juicio en ausencia tiene que ser la excepción a la regla» y que intentarán que sus propuestas sean consideradas antes de que el proyecto se vote en el recinto. Por parte del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade consideró al proyecto como «un disparate que raya lo mamarracho» y cuestionó el cambio de tres diputados radicales que integraban la comisión por otros nuevos, horas antes del inicio de la reunión.

Vehículos eléctricos: promueven las terminales de carga en Provincia de Buenos Aires

El boom de los automóviles eléctricos llega al país y con ellos la demanda de las regulaciones necesarias. La diputada María Fernanda Bevilacqua, por la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley enfocado específicamente en los expendedores de energía para la carga de los mismos.

El fenómeno de los vehículos eléctricos comenzó a tomar predominio en nuestro país hace aproximadamente 10 años, cuando la comercialización de los mismos empezó a crecer de manera progresiva. Si bien el primer automóvil eléctrico fue comercializado en 1996,  los costos y la falta de desarrollos tecnológicos lo hicieron poco rentable y su producción duró tan solo 3 años. Hoy en día, las más grandes compañías automotrices, como Nissan, Ford, Toyota, Renault o Mercedes, proponen al menos un modelo 100% eléctrico o híbrido.

Este nuevo modelo de transporte no busca ser simplemente un capricho de la industria sino que su principal beneficio es la reducción de la contaminación ambiental. Las tecnologías han ido evolucionando a la par de la conciencia social sobre el impacto medioambiental, permitiendo así el auge de la industria y del consumo de los mismos a nivel mundial.

En nuestro país, una de las primeras compañías en ingresar este tipo de vehículos fue Toyota en 2010 con su modelo Prius. Recién en 2017 el gobierno publicó un decreto donde se establecía la reducción de los aranceles de importación para automóviles que utilizaran fuentes de energía renovables, con el objetivo de promover su ingreso y disminuir los costos. Sin embargo, solo con la importación no era suficiente. Para que la implementación de los mismos comenzara a popularizarse era necesario contar con una infraestructura que permitiese su consumo, es decir, con terminales de carga accesibles para todos aquellos que quisieran utilizarlo.

Es por esto que en noviembre de 2018, la diputada por el Frente Renovador, María Fernanda Bevilacqua, presentó ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para promover la implementación de terminales de carga para vehículos eléctricos en la provincia. Se trata de uno de los primeros proyectos en el país con este objetivo y propone estabilidad fiscal para todos los expendedores que se adhieran al régimen. A pesar de que existen otros proyectos a nivel nacional sobre la promoción de movilidad sustentable, ninguno se enfoca puntualmente en las terminales de carga. Este aun no se ha tratado en comisión, pero es un precedente en el país para el fomento de consumo de energías renovables y marca la demanda de regulación sobre el tema.

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