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Movilizaciones de Ni Una Menos: Repudio ante la violencia machista

*Por Florencia Montani

El día de ayer  gran cantidad de mujeres, travestis y transexuales se manifestaron en todo el país a causa de la violencia sexista y económica, como todos los años a partir del 3 de junio del 2015. Este año se adhirió al reclamo no sólo la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sino también la disconformidad ante la crisis económica actual.

La movilización de Ni Una Menos (NUM) tuvo lugar este lunes a las 17.30 horas entre el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo donde figuraron los rostros de victimas, carteles, pañuelos verdes, naranjas y violetas. Al igual que la primera concentración, la del 2019 fue auto convocada en Twitter con el famoso “#NiUnaMenos” y “#3J2019”. Las plazas de todo el país se llenaron de partidos políticos, agrupaciones, organizaciones sociales, estudiantiles y feministas. Entre todos ellos, marcharon los padres de las víctimas, como la madre de Lucia Pérez, la adolecente que fue abusada y asesinada en Mar del Plata y los padres de Carla Soggiu.

De acuerdo al último estudio realizado por el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, la cifra del 2018 aumentó un 10,7% a comparación del año anterior, donde se reflejaron 251 casos de mujeres asesinadas por violencia sexista contra 278.

En el 2015 fue la primera vez que el colectivo NUM salió a marchar en las calles exigiendo derechos  y repudiando el estado patriarcal logrando extenderse en todo el mundo. El detonante de la primera marcha fue el femicidio de Chiara Páez,  joven embarazada de 14 años de edad que fue asesinada a golpes por su novio en la provincia de Santa Fe.

Pese a la contundencia del reclamo feminista,  la cantidad de asesinatos aumentó año tras año, y desde el inicio de 2019 ya se registraron 133 femicidios y 35 travestivicidios. Por parte de estado, tampoco se presentan políticas públicas que acompañen la protesta.

Alrededor de las 21 hs la marcha cesó, concluyendo con la lectura del documento y con gritos de sororidad en Plaza de Mayo.

 

#NiUnaMenos cumple 4 años

A cuatro años de la primera movilización en contra de la violencia machista, Ni Una Menos (NUM) vuelve a marchar en el epicentro de las grandes ciudades del país este 3 de junio.

Hoy, el colectivo feminista se reunirá en plaza congreso a las 17 hs para llevar a cabo la quinta marcha en contra de la violencia machista con el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” el cual fue modificado a causa de la crisis económica actual. A su vez, dicho colectivo solicitó el pasado 28 de mayo  la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Partidos políticos, organizaciones sociales, estudiantiles, feministas, de mujeres, dirigentes y personas autoconvocadas iniciarán la movilización en Av. Rivadavia y Callao, esquina del Congreso Nacional. Para esta marcha se definió, como todos los años, las consignas y parámetros de la concentración, la cual se posiciona en contra de la violencia patriarcal que padecen las mujeres, lesbianas, travestis y transexuales.

A comparación de otros años, los datos del 2018 arrojaron que el índice de muertes por machismo aumento un 10,7% a comparación del 2017. Es decir, que muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Durante el primer cuatrimestre de este año se contaron 133 femicidios y 35 travestivicidios.

 

 

Argentina, el segundo país en América Latina libre de malaria

La enfermedad fue erradicada del país, que fue certificado por la OMS

 

El paludismo o malaria es una enfermedad febril causada por la infección de una o más de cinco especies de parásitos protozoarios intercelulares que se transmiten por la picadura del mosquito silvestre de género Anopheles. Además, se puede contraer por transfusiones sanguíneas o de manera congénita y sus efectos son más graves en embarazadas, ancianos y niños. Algunos de sus síntomas son anemia, baja presión sanguínea e insuficiencia renal aguda.

 Para que un país pueda ser certificado como libre de malaria, es necesario demostrar que la transmisión de la misma ha sido detenida durante al menos tres años.

 En el país, el último pico de casos fue en 2010, en Salta. Desde entonces los casos autóctonos han disminuido progresivamente hasta desaparecer en 2011. A partir de ese año, todos los casos registrados son importados, por lo que cumple con el requisito para poder certificarse ante la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 Los principios bajo los cuales se organizó la lucha antipalúdica en la Argentina sirvieron de modelo para otros países, teniendo en cuenta que la legislación del país fue considerada como la más completa y efectiva del mundo.

 Sin embargo, la llegada de un caso importado a un área receptiva –es decir, aquella en la cual existe el mosquito vector- podría generar el restablecimiento de la transmisión.

 Se produciría así el origen de nuevos casos, que podrían llevar a una segunda generación de infectados de manera autóctona. De esta manera, se llegaría a un nuevo foco de paludismo.

 Para prevenir el restablecimiento, es necesario adoptar medidas permanentes, manejo clínico adecuado y una vigilancia epidemiológica eficiente que contribuya con datos para la planificación, ejecución y evaluación de las acciones de salud.

 El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, equiparó a la Argentina con Argelia, segundo país en certificarse de África, atribuyendo la eliminación de la enfermedad al compromiso inquebrantable y la perseverancia del pueblo y los líderes de ambos países.

 Dicho continente es el más afectado por las muertes que ocasiona esta enfermedad. Allí, la OMS anunció un proyecto piloto que busca vacunar a niños en tres países africanos, con la primera vacuna contra la malaria en el mundo. La misma ofrecería una protección parcial contra la enfermedad y los ensayos clínicos reportan que se consiguió la prevención de cuatro de cada diez casos.

 La enfermedad constituye una carga pesada para la economía de vida en los países afectados y se encuentra asentada principalmente en los países pobres, restringiendo el crecimiento económico y la mejora en la calidad de vida.

 

Piden crear una bicameral que investigue causas por extorsión

Los bloques de diputados y senadores nacionales del FPV-PJ presentaron un proyecto para la creación de una comisión bicameral especial en el Parlamento que investigue “el armado de causas judiciales, la extorsión y el espionaje ilegal” que, dijeron, “involucra a diversos funcionarios estatales, como ministros, miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia, legisladores y periodistas”.

En una conferencia de prensa, el presidente del bloque de diputados nacionales del FPV-PJ, Agustín Rossi, advirtió sobre la existencia de “una organización que fabrica causas para extorsionar a empresarios” y señaló que “el Congreso no puede permanecer sin dar respuestas”, al destacar que la creación de una comisión bicameral permitirá “desentrañar estas operaciones ilegales”.

“Estas gravísimas situaciones destruyen el Estado de derecho y amenazan la democracia. Hay que conocer la verdad”, aseguró Rossi, al señalar que el accionar de estas organizaciones “afectan la institucionalidad y la calidad de la democracia”.

En el marco de la causa que investiga extorsiones a empresarios, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a declaración indagatoria al fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, acusado de integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, en el marco de la causa por la que está detenido el falso abogado Marcelo D´Alessio.

Al hacer referencia al proyecto impulsado por e FPV-PJ, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau afirmó que “en esa investigación están involucrados muchos organismos estatales, es un actividad que no registra antecedentes” y defendió la “valentía” de Ramos Padilla.

En ese sentido, el senador del FPV-PJ por Neuquén, Marcelo Fuentes consideró que la investigación “excede la cuestión de la inteligencia” y sostuvo que “hay temor de que aparezcan nuevos datos que van comprometiendo cada vez más a los estamentos de la justicia”, al advertir: “O los organismos de inteligencia están pintados o son cómplices”.

Al pedido también se sumó la diputada de Red por Argentina, Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), quien dijo que se está «a punto de perder el Estado de derecho” y llamó a “hacer todo lo necesario para que la democracia siga siendo un valor permanente”.

La comisión estará integrada por 8 diputados y 8 senadores, que serán designados por los presidentes de ambas cámaras, respetando la pluralidad de representación, y producirá un informe en un plazo de 180 días.

Fondo para víctimas de trata de personas

Un plenario de comisiones del Senado emitió dictamen favorable a un proyecto de ley para la creación de un Fondo Fiduciario de Asistencia a la Víctima de Trata de Personas, que prevé disponer con rapidez de los fondos por bienes decomisados por ese delito.

Durante la audiencia, la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez, pidió la aprobación de la norma y advirtió que «si no se repara a víctimas lo que sucede es que continuamente se la saca de un lugar para luego encontrarla en otra situación de explotación».

La funcionaria, que además es coordinadora general del Consejo Federal de Trata de Personas, explicó que la creación del fondo es necesaria para «poder disponer de los fondos que son producto de los decomisos».

Rodríguez explicó que actualmente los bienes son administrados «de manera deficiente» al punto de que suelen perder su valor adquisitivo en lugar de preservarlos para que «vayan directamente a la reparación de las víctimas».

«A veces pasa que hasta que quede firme un decomiso el Poder Judicial, como tendencia suele entregar los bienes para uso público con contenido social y esto impacta muy negativamente, las víctimas piden que esos bienes vayan directamente para su reparación», añadió la funcionaria.

El senador de Cambiemos y titular provisional del cuerpo, Federico Pinedo, que participó del plenario, precisó que los fondos destinados a indemnizar a las víctimas pueden ser fondos presupuestarios como extrapresupuestarios.

La propuesta fue elevada al Congreso en octubre último con el objetivo de «dar mayor celeridad en las investigaciones para identificar y localizar los bienes provenientes de este delito», explicó Rodríguez.

«También contempla que al momento de la sentencia, se ordenen las reparaciones económicas que correspondan en favor de la víctima como primera medida de reparación del daño sufrido», agregó.

La funcionaria añadió que la iniciativa «ayudará a generar una administración de bienes transparente, conforme a los parámetros internacionales, y también impulsará mejores investigaciones para obtener y rastrear la mayor cantidad de bienes, no sólo los instrumentos del delito, sino los producidos por él».

«Si no reparamos a las víctimas y no tenemos capacidad de reconocerle la restitución la sacamos de un lugar para luego volver a la misma situación», concluyó en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda y de la Banca de la Mujer que se desarrolló en el salón «Eva Perón» del Senado.

La imprescriptibilidad de hechos de corrupción

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Luis Petri (UCR-Mendoza) presentó un proyecto que busca modificar el Código Penal y establecer la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a hechos de corrupción.
El proyecto, que ya había sido presentado en 2017 por Petri, hace referencia en sus fundamentos que la propuesta “se sustenta en normas de jerarquía superior”, al recordar que ese planteo está incluido en la Constitución Nacional.
Según el artículo 36 de la Constitución incorporado en la reforma de 1994, aquel que se enriqueciera mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado “atenta contra el sistema democrático” y, de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del mismo artículo, esos hechos “resultan imprescriptibles”.
A través del proyecto se busca modificar el artículo 62 del Código Penal y establecer que la acción penal prescribirá “a los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua y después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años”.
Asimismo, contempla que la acción penal prescribirá “a los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua; al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal y a los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa”.
Sin embargo, la iniciativa establece que “quedan exceptuados y son imprescriptibles” los delitos de cohecho y tráfico de Influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones Incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, así como el enriquecimiento ilícito de funcionarios.
De acuerdo al texto, los hechos de corrupción “atentan contra el sistema democrático, deteriorando sus cimientos constitutivos” y destaca la importancia de que todo aquel que incurriere en delito doloso contra el Estado que conlleve su enriquecimiento, pueda ser perseguido sin que el transcurso del tiempo sea un obstáculo para su juzgamiento, declarándose por consiguiente “como imprescriptibles”.

Guillermo Hunt: Análisis sobre política exterior y política de estado.

Guillermo Hunt, embajador argentino analiza la política exterior de la Argentina

Nuestro país enfrenta un momento de clivajes en donde se presentan nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Entre distintas visiones del futuro del país y de los vínculos internacionales los escritos del embajador Guillermo Hunt nos brindan herramientas para comprender la actualidad.

El embajador Guillermo Hunt  comparte en su blog un escrito titulado “Política exterior y política de Estado“.

Guillermo Hunt -autor del artículo-  comenta sobre la importancia de generar políticas con “el apoyo de un amplio espectro de la sociedad. Y resalta un rasgo que se repitió en la historia Argentina, en donde en vez de llevar adelante este tipo de políticas, el país se sumió en “la antinomia, la descalificación del adversario y la aplicación de políticas que no lograban sobrevivir al Gobierno que las adoptó” siendo modificadas por el gobierno que lo sucede.

A partir del año 83, con el triunfo de la democracia en nuestro país, se ha logrado un significativo avance en cuanto a ciertas políticas de estado, pero un estancamiento en otras muy importantes, especialmente en el ámbito de la política exterior.

¿Y qué es la política exterior?

“La política exterior es la herramienta que debe permitir aprovechar al máximo las posibilidades que nos brinda el mundo para que todos los sectores de nuestra sociedad puedan extraer los mayores beneficios de nuestra inserción internacional, al tiempo que la nación en su conjunto se garantiza las condiciones de seguridad para que los resultados de dicha inserción redunden en beneficio de la amplia mayoría de la población” – menciona Guillermo Hunt.

En ese sentido “las grandes líneas de la política exterior no pueden quedar solamente libradas a las ideologías o preferencias del Gobierno de turno… Las seis o siete vinculaciones claves del país con el exterior deben ser parte central de esas Políticas de Estado” indica Guillermo Hunt, entendiendo que luego los detalles y sintonía fina se tendrán que adecuar a los intereses del país y las coyunturas internacionales.

Como reflexión final, Guillermo Hunt comenta que“en este año electoral, sería aconsejable que los candidatos ofrezcan a la sociedad una reflexión en este sentido” sin duda quienes queremos a la Argentina coincidimos y abogamos por políticas de Estado perdurables y consensuadas.

Si queres leer el artículo completo hacé click acá, también te dejamos los links por si querés seguir a Guillermo Hunt en su twitter o facebook y no dejes de enviarnos tus comentarios sobre esta reflexión.

 

Guillermo Hunt

Embajador Argentino

El temario que impulsa Larreta en la Legislatura

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acordó con el bloque del oficialismo en la Legislatura local un paquete de leyes para su debate y aprobación en el primer semestre del año, que van desde el proyecto para regular el financiamiento de los partidos políticos como diversas iniciativas vinculadas al espacio público.
La agenda legislativa fue conversada durante un encuentro que mantuvo el jefe del Ejecutivo con los principales referentes de Vamos Juntos, el bloque oficialista del parlamento en el cual confluyen el PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública.
En la reunión, se establecieron algunos de los proyectos que formarán parte del debate en la Legislatura para la primera mitad del año dado que en la segunda parte del 2019 se estima que bajará la intensidad de trabajo parlamentario por el cronograma electoral.
En el primer grupo estará la ley para regular el financiamiento partidario que incorpora la posibilidad de aportes privados y que los diputados no llegaron a discutir durante el 2018 cuando se abordó el Código Electoral propio para el distrito.
La propuesta cuenta con el aval del Ejecutivo, no obstante su implementación no llegará a concretarse en las elecciones de este año sino que recién se aplicará en los comicios del 2021, según estimaciones de los diputados que trabajan en la redacción de la iniciativa.
Por otra parte, hay borradores de cuatro expedientes que comenzaron a circular por los despachos de los legisladores del oficialismo que están vinculados con el espacio público.
Figura la idea de copiar el esquema de transformación de los espacios situados bajo la autopista 25 de Mayo en centros comerciales integrados a los barrios, que fue votado por la Legislatura el año pasado. La intención será extender el modelo de desarrollo urbano a los predios abandonados que existen bajo el resto de las vías rápidas que atraviesan la Ciudad, como las autopistas Dellepiane, Illia y Perito Moreno.
El Ejecutivo buscará la creación de un régimen para permitir el financiamiento de eventos y programas públicos organizado por el Gobierno de la Ciudad mediante el aporte de dinero o provisión de bienes y servicios por parte de privados a cambio de publicidad.
La prohibición de fumar en los patios de juegos de parques y plazas de la Ciudad es parte del paquete de leyes a debatir y llega a la Legislatura con el respaldo de vecinos que se manifestaron a favor en el marco de una consulta efectuada por el Gobierno porteño en redes sociales.
Y, por último, un proyecto para que los postulantes al ingreso laboral a cualquier institución tengan el derecho a solicitar y obtener el acceso al resultado de la rutina de los exámenes pre ocupacionales.

Presentaron un proyecto de ley de Boleto Educativo

El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ presentó un proyecto de Ley Nacional de Boleto Educativo, que establece la creación de un régimen de tarifa diferencial para estudiantes y docentes.
El proyecto, elaborado por el ex ministro de Educación kirchnerista Daniel Filmus incorpora «la necesidad de contar con un boleto diferencial para los docentes, beneficio que rige en muy pocas provincias».
«Para el sector docente, el incumplimiento de la convocatoria a la paritaria nacional y el aumento de salarios por debajo de la inflación dificultan aún más la tarea cotidiana», expresó Filmus en la rueda de prensa convocada para anunciar el proyecto.
Para Filmus, «si se promedia el incremento del salario docente de la Ciudad, y de la provincia de Buenos Aires, ronda el 33%, con una inflación del 49% y un aumento del transporte que alcanza el 200%, con lo cual el peso que tiene el traslado diario a las escuelas sobre los ingresos es muchísimo mayor».
El proyecto de ley establece que serán beneficiarios del boleto educativo gratuito los estudiantes que cursen de manera regular los niveles establecidos como obligatorios por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (desde los 5 años hasta la finalización de la secundaria) y que asistan a los establecimientos de gestión pública estatal o de gestión privada con subvención estatal total, en cualquiera de sus modalidades.
En tanto, el boleto de tarifa reducida comprenderá a los estudiantes regulares de instituciones estatales de formación superior terciaria y universitaria nacionales, provinciales o municipales, regulados en el marco de la Ley de Educación Superior Nº 24.521.
El beneficio, en este caso, será del 70% de la tarifa mínima en el caso del transporte urbano y suburbano, y del 30% de las tarifas vigentes en el interurbano.
Para los docentes de establecimientos educativos de gestión pública estatal y de gestión privada con subvención estatal total, de los niveles obligatorios establecidos por la Ley de Educación Nacional, en cualquiera de sus modalidades, el beneficio será del 50% de la tarifa mínima del transporte urbano y del 30% de las tarifas vigentes en el interurbano.
Además, el acompañante en el caso de los estudiantes menores de 12 años tendrá un beneficio del 50% de la tarifa mínima.

Senado mendocino aprobó un fondo para asistir a la vitivinicultura

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó y convirtió en ley la creación de un fondo anticíclico, que ya contaba con media sanción de diputados para brindar ayuda financiera a los productores vitivinícolas durante cuatro años.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial fue aprobado con 33 votos a favor y 4 votos en contra de los senadores Juan Agulles, Lautaro Jiménez, Silvina Camiolo y Víctor da Vila, informaron fuentes legislativas.
El «Programa Plurianual de Estabilización para la Vitivinicultura» contempla una política anticíclica que mantenga acotados los stocks vínicos, de manera de darle mayor previsibilidad y rentabilidad a toda la cadena de valor.
Inicialmente el gobierno provincial tenía estimado dotar a este fideicomiso por un total de $ 4.000 millones por cuatro años, pero el acuerdo con el peronismo se cerró en $ 3.200 millones desde 2019 hasta 2022.
De esta manera, definieron que para 2019, se incrementará en $ 300 millones el presupuesto vigente, partida que podrá ampliarse al autorizar al Ejecutivo a tomar deuda por otros $ 500 millones.
Además, acordaron que tanto para 2020 y 2021 se autorizará a tomar crédito por $ 400 millones y a financiarlo con recursos propios con otros $ 400 millones, mientras para el 2022 se podrá tomar crédito por $ 300 millones, más $ 500 millones de recursos propios.
El senador Alejandro Diumenjo, quien fue el miembro informante de la propuesta debatida en el recinto, explicó que «este proyecto tiene como herramienta por excelencia la creación de un fondo anti cíclico de carácter plurianual que durará cuatro años, en el cual este último año de la gestión de este gobierno y en los tres años posteriores del gobierno que suceda a este, van a poder intervenir de distintas formas».
Estas intervenciones serán «para estabilizar el funcionamiento y la rentabilidad pero sobre toda para dar previsibilidad a la industria vitivinícola y, por consiguiente, proteger a los pequeños y medianos productores», subrayó el senador del oficialismo.
«La finalidad es estabilizar el mercado referenciando un precio que garantice la rentabilidad del productor primario y proteja a los miles de obreros que en forma directa e indirecta emplea la industria, que son algo así como 300 mil personas», añadió.
Por su parte, el senador Adolfo Bermejo (PJ) había destacado que acompañarían el proyecto pero consideró que es «una salida momentánea» y resaltó que «no comparten el hecho de que a nueve meses de retirarse el gobierno provincial esté planteando un plan a cuatro años, que tendría que haberse hecho al principio».

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