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Buscan penalizar el maltrato y abandono de animales

Diputados de diferentes extracciones políticas consensuaron un despacho de mayoría de reforma a la ley de maltrato animal, que contempla penas de hasta seis años de prisión, con lo cual no será excarcelable cuando se trate del asesinato de un animal.

La decisión fue adoptada en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, que fue conducido por la radical Gabriela Burgos y el macrista Daniel Lipovetzky, quienes agradecieron el aporte realizado por organizaciones de protección a los animales.

Burgos expresó que este dictamen demuestra que el Parlamento «trabaja en esos temas que estuvieron olvidados durante tanto tiempo. Detrás de todo esto hubo un gran trabajo para ponernos de acuerdo, unificar criterios y dejar cosas de lado para lograr un consenso».

«Esta es una reforma necesaria para sancionar a quienes maltraten a los animales y concientizar acerca de su cuidado y protección, generando los cambios de paradigmas necesarios y actualizar en pos de ello nuestra legislación que data del año 1954».

Por su parte, el diputado kirchnerista Adrián Grana adelantó que presentarán una disidencia al expresar su oposición «a las sanciones económicas».

El despacho consensuado está basado en unas treinta iniciativas que habían presentado legisladores de diferentes fuerzas políticas, y se alcanzó después de varios meses de negociaciones entre los legisladores de diferentes fuerzas políticas.

El dictamen define el concepto de maltrato animal e incorpora nuevas figuras como el encierro, el abandono y desamparo de animales, así como la prohibición de utilizarlos para espectáculos públicos.

De todos modos, la principal modificación y que generó el mayor debate es el aumento de penas para que no sea excarcelable la muerte y mutilación de un animal.

De acuerdo al despacho de mayoría, se elevan las penas de 1 mes a 2 años el maltrato animal y de 2 meses a 4 años los actos de crueldad que en la actualidad se sancionaban con 15 días y un año de prisión.

Burgos explicó que las penas se elevan hasta cinco años y se establecen elevadas multas «cuando se causare un daño grave y permanente en el animal, mutilaciones o abuso sexual con acceso carnal o empalamiento».

También informó que habrá «penas de hasta 6 años para quienes causaren la muerte de un animal infringiendo malos tratos, haciéndolos víctima de actos de crueldad o por sólo espíritu de perversidad».

A lo largo del proyecto se define los malos tratos a nuevas figuras como el encierro en lugares de calor o frío extremo, el abandono y desamparo de animales, la prohibición de utilizarlos para la realización de espectáculos circenses y no brindarles la asistencia médica cuando fuese necesaria.

Por otro lado, se establecen las penas de inhabilitación cuando los casos de maltratos sean realizados por profesionales o en determinados comercios.

Prohibirán fumar en patios de juegos de las plazas

La comisión de Uso del Espacio Público de la Legislatura porteña emitió un dictamen en torno al proyecto de ley que prohíbe fumar en las áreas de juegos infantiles de plazas y parques de la ciudad y, además, fija sanciones económicas de hasta 30.000 pesos y días de arresto a quienes no cumplan con la normativa.

El proyecto, que fue elaborado por el bloque oficialista y será debatido en el recinto, propone la creación de una «franja de amortiguación, no menor a tres metros de ancho desde el perímetro exterior de los patios de juego, a partir de la cual no se podrá fumar.

La medida busca «mejorar la calidad del aire circundante a los patios de juegos existentes parques y plazas» de la ciudad de Buenos Aires, «mejorando el disfrute del espacio público y reduciendo los riesgos a la salud de los niños que utilizan esas instalaciones».

Asimismo estipula que, una vez en vigencia, los infractores a la norma serán sancionados con multas que van desde los 1.200 a 30.000 pesos o de tres a 30 días de arresto, de acuerdo con el artículo 54 del Código Contravencional que penaliza a «quien coloque o arroje sustancias insalubres o cosas dañinas en lugares públicos».

El legislador Guillermo González Heredia, autor de la iniciativa, explicó que «el principal objetivo es convocar a la ciudadanía para la toma de conciencia en esta lucha contra el tabaquismo».

Por su parte, la diputada de Unidad Ciudadana Lorena Pokoik cuestionó «el carácter punitivo» del proyecto y consideró que «no es la solución poner multas y días de arresto, sino que debería tener un abordaje desde el punto de vista de la salud y la prevención».

La iniciativa fue parte de una consulta ciudadana que efectuó meses atrás el Gobierno porteño a través de redes sociales, en la que un 80% de los vecinos que se manifestaron lo hicieron en respaldo de la idea de prohibir el consumo de cigarrillos en las áreas donde juegan los niños en los espacios verdes.

Eliminan la tasa para locales gastronómicos por uso de la vereda

Los bares y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires ya no tendrán que pagar -al menos hasta fin de año- una tasa por colocar las mesas y sillas en las veredas del local luego de que la Legislatura porteña aprobara una iniciativa que los exime del pago con el objetivo de «estimular la actividad» gastronómica.

El proyecto contó con el voto positivo en soledad del bloque oficialista, mientras que el GEN, Unidad Ciudadana, Evolución y los bloques de Izquierda votaron en contra.

Ante críticas opositoras, la presidente de la Comisión de Presupuesto, Paula Villalba (Vamos Juntos), aclaró que se «está eximiendo (del canon) en la ley tarifaria de este año» y que la actividad sigue estando regulada para próximos ejercicios.

Juan Nosiglia (Evolución) afirmó que la iniciativa «no es equitativa en términos tributarios» y María Rosa Muiños (Bloque Peronista) dijo que podrían haber acompañado «si hubiesen dado una rebaja» pero que, en cambio, este expediente hace que deje de pagar «el bar o restaurant de Recoleta que paga 250.000 pesos» que está haciendo uso «del espacio público».

La diputada Laura Marrone (Izquierda Socialista) fue más allá y dijo que «mientras se libera de impuestos a empresarios» hay manteros «encerrados en las comisarías de Once y Flores».

En rigor, la norma plantea la derogación del artículo 411 del Código Fiscal vigente en la Ciudad, que refiere al pago de una tarifa a quienes desarrollen una actividad que incluya la «ocupación de espacios, puestos o locales en organismos y lugares del dominio de la Ciudad».

Asimismo, deroga también dos artículos, el 39 y 40, de la ley tarifaria actual, que establece el monto que se debe abonar por el uso del metro cuadrado del espacio público y divide a la Ciudad en tres zonas, donde la más costosa abarca los barrios de Palermo, Recoleta y Puerto Madero, entre otros.

La propuesta contempla también que queden exceptuados del pago del tributo a los locales que tienen las denominadas «plataformas gastronómicas» que funcionan como decks elevados sobre la calle; y los Centros de Abastecimiento de la Ciudad, que suman seis distribuidos en diferentes barrios.

Violencia de género: agravarían la pena por instigación al suicidio

La diputada nacional Mayda Cresto (Justicialismo) presentó -con el acompañamiento de legisladores de otras bancadas- un proyecto para incorporar al Código Penal la figura de «instigación al suicidio» en casos de víctimas de violencia de género.

La iniciativa propone sancionar penalmente al hombre «que indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo cuando se comprobaren antecedentes de alguna clase de violencia de género definidas en la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres».

Si bien la inducción al suicidio ya se encuentra reprimida penalmente con condenas de uno a cuatro años, este proyecto propone agravar la pena cuando se trate de la instigación al suicidio a una víctima con antecedentes de violencia de género, con el estado de vulnerabilidad psicológica que implica dicha situación.

En este sentido, el proyecto de ley prevé una sanción de prisión de 5 a 7 años, o sea que no es excarcelable, y se aplicaría no sólo cuando hay antecedentes de violencia sino si se comprueba que el denunciado se aprovechó de cualquier situación de riesgo o condición física o psíquica de la víctima, por haberse ejercido contra ella cualquiera de las modalidades de violencia.

«Estamos seguras de que esta iniciativa va a ser un avance en la defensa de las víctimas. Un paso más que complementa otras normas y exige de los profesionales del derecho, y sobre todo de los equipos técnicos interdisciplinarios, un análisis pormenorizado de la situación psicológica de la víctima y sus antecedentes», señaló Cresto.

Para la diputada, «es necesario que se tenga en cuenta el riesgo de suicidio que sufren las mujeres sometidas a violencia doméstica, para poder castigar jurídicamente a los hombres que ejercieron violencia contra ellas y las condujeron a tomar esa decisión».

«La violencia de género, en todas sus formas, altera psicológicamente a las víctimas, las aleja de su familia, de su entorno, y produce consecuencias en los ámbitos sociales y laborales en que se desempeñan», añadió .

Durante la presentación estuvieron presentes los diputados Carla Pitiot (Frente Renovador), Daniela Castro (FpV), Silvana Ginocchio (Elijo Catamarca), Ariel Rauschenberger (Justicialismo) y Daniel Lipovetzky (PRO).

Crean fondo de asistencia directa a víctimas de trata

La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto de consenso por el cual se crea un Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. La iniciativa, que contaba con media sanción del Senado, propone crear el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – ley 26.364”. También contempla que, al momento de la sentencia, se ordenen las reparaciones económicas que correspondan en favor de la víctima, como medida de reparación del daño sufrido.

La titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), consideró en el recinto que “es un tema transversal, por el que se busca hacer operativa la ley 26.364 sobre derechos de víctimas de trata y dar una respuesta a las víctimas que padecen este flagelo”.

Burgos explicó que la iniciativa incluye un “resarcimiento económico y social, que evita que las víctimas sigan el procedimiento civil para una indemnización”. Y argumentó que “es una respuesta más al trabajo realizado durante años con respecto a la trata de personas en Argentina”.

La iniciativa propone crear un fideicomiso público para la administración de los bienes muebles e inmuebles provenientes de éste delito, y que dichos recursos sean destinados a la asistencia de las víctimas. Los bienes del Fondo Fiduciario serán los “fondos líquidos decomisados y aquéllos que constituyen el producido de la venta de los bienes decomisados en procesos relacionados con el delito de trata y explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos cuya sentencia se encuentre firme o, no encontrándose firme, cuando el juez de la causa autorice la venta”.

Además, dicta que el Poder Ejecutivo nacional implementará un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, a fin de dar publicidad a los bienes que ingresen al Fondo, así como también a todas las decisiones, auditorias e informes que se realicen en el marco de la presente ley.

La iniciativa fue aprobada por 183 votos afirmativos, contra uno negativo.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, celebró el amplio respaldo que obtuvo la iniciativa en el Congreso y señaló que “es un avance que va en línea con el reciente reconocimiento internacional a la Argentina por las políticas de Estado destinadas a combatir, prevenir y erradicar la trata y explotación de personas”.

El ministro resaltó que la labor más importante comienza luego del rescate a las víctimas: “Hay que asistirlas, protegerlas y acompañarlas, por eso es muy importante el trabajo articulado entre todos los poderes del Estado”.

El Ministerio de Justicia tiene en funcionamiento la línea telefónica 145 que recibe denuncias desde cualquier punto del país por este tipo de delito y funciona las 24 horas.

Buscan deducir de Ganancias los seguros de empleadores

El superintendente de Seguros, Juan Pazo, expresó el deseo de que las aseguradoras apoyen el proyecto oficial para que los empleadores puedan descontar de Ganancias los seguros de vida colectivos en los montos de los individuales, lo que constituye uno paso más en las deducciones alcanzadas con la última reforma de ese impuesto.

«Impulsamos un proyecto de ley en Ganancias para que los empleadores puedan deducir seguros de vida colectivos en los montos de los individuales. Les pedimos que nos acompañen en esto porque queremos promover el ahorro interno, porque el desarrollo que tienen los seguros de vida es enorme y se puede duplicar en un tiempo no muy largo si se trabaja mucho. Estas coberturas están destinadas a generar más ahorro e inversión», indicó.

El funcionario explicó que el camino que tomó el sector asegurador para equipararse a los estándares internacionales en los últimos años «necesita confianza y esfuerzo, pero es el correcto».

En una suerte de balance de gestión, marcó como un año clave el 2017, porque «retomamos las medidas de la economía que tenemos que adoptar. En 2017 la Superintendencia estaba desconectada del resto del país y hoy es una de las industrias clave para el financiamiento del sector productivo»», señaló.

En este sentido, Pazo destacó el incremento de los montos de deducciones de impuestos por contratar primas de seguros. «Las deducciones se actualizaron después de 27 años porque el Presidente y el equipo reconocieron la importancia del sector asegurador. Y logramos que la actualización se haga de manera directa. cuando asumimos nos pedían volver a los 1000 dólares de los 90; cuando terminemos este esquema escalonado que pusimos en práctica va a ser el doble que eso», señaló.

«Nos queda un desafío enorme, el del crecimiento del mercado, con la prioridad de la cobertura del asegurado», dijo. En este sentido, «las elecciones de este año son trascendentales. Podemos volver atrás o continuar con el cambio hacia una Argentina más previsible y sustentable. Ojalá nos puedan acompañar», apuntó.

Quieren modificar la ley de iniciativa popular

El Gobierno presentó un anteproyecto para modificar la ley de iniciativa popular, con el fin de facilitar y estimular la participación de la ciudadanía en la presentación de propuestas en la Cámara de Diputados de la Nación.

El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, explicó detalles del proyecto que propone la modificación de la ley 24.747 sancionada en el año 1996, y busca disminuir del 1,5% al 0,8% del padrón el número de firmas necesarias para iniciar el procedimiento, a fin de facilitar este mecanismo.

Pérez presentó la iniciativa junto a los diputados de Cambiemos, Karina Banfi y Pablo Tonelli, en el Archivo General de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires.

El funcionario, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, recordó que «en el ’96 se reglamentó la ley, pero estableció requisitos muy altos y estamos tratando de bajar los requisitos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas que sean tratadas rápidamente en el Congreso».

«Nos parece una forma de que los mecanismos de democracia semi directa se utilicen efectivamente», evaluó Pérez.

Banfi, en tanto, consideró que «hay que poner en valor la apuesta que tiene el Gobierno a toda la agenda de gobierno abierto; esto es parte del compromiso que el gobierno de Mauricio Macri impulsó, donde la gobernanza es parte fundamental del diseño institucional, y para eso necesitamos mecanismos mucho más ágiles que le permitan tener a la ciudadanía un involucramiento más directo».

A su vez, el diputado Tonelli analizó que la iniciativa popular «es una fenomenal herramienta para fomentar e incrementar la participación directa del electorado en la decisión de temas de gran trascendencia» y sostuvo que los requisitos actuales para presentarla «son un tanto exagerados».

El proyecto propone disminuir el porcentaje de firmas para presentar una iniciativa popular y la reducción de seis a cuatro la cantidad de distritos que deben estar representados en la propuesta a presentar en la cámara baja. Por otra parte se propone que la Cámara de Diputados designe una unidad administrativa como autoridad de aplicación con el objetivo de asistir a la ciudadanía para que realicen la presentación correctamente de los proyectos de iniciativa popular.

Renuevan sólo 11 de 30 legisladores porteños

De los 30 legisladores porteños a los que se les vence su mandato en diciembre de este año, sólo 11 serán candidatos para buscar su continuidad como diputados de la Ciudad.

De los que aspiran a ser reelectos, ocho diputados forman parte de la lista de Juntos por el Cambio, dos estarán en la nómina del Frente de Todos, y el restante en Autodeterminación y Libertad.

Vamos Juntos, el actual bloque del oficialismo porteño -que hoy está conformado en la Legislatura por diputados del PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública- podrá en juego 18 de sus 34 escaños y serán 5 los diputados que buscarán su reelección.

Uno de los aspirantes a retener su banca y quién encabezará la lista de la coalición -que desde ahora lleva el nombre Juntos Por el Cambio- será Diego García Vilas, quien estará acompañado en ese intento por Mercedes de Las Casas, Natalia Fidel, Carolina Estebarena y Daniel Del Sol.

Pero conforme a las alianzas de cara a las próximas elecciones, Horacio Rodríguez Larreta otorgó espacio en su lista a sus nuevos socios, a los que se les vencía el mandato: el socialista Roy Cortina y los lousteausistas Marcelo Gouman y María Patricia Vischi.

Así, las fuerzas que integran Juntos por el Cambio ponen en juego 21 bancas y solo ocho legisladores aspiran a su reelección.

Entre los oficialistas que desde diciembre no estarán en el edificio de Perú 160 se pueden contar a Maximiliano Ferraro, quien encabezará la lista de diputados nacionales y Francisco Quintana, vicepresidente 1ero. de la Legislatura y secretario General del PRO.

El kirchnerismo pone en juego 4 de las 8 bancas y dos diputados forman parte de la lista del Frente de Todos: Javier Andrade y Andrea Conde.

Quienes no serán legisladores desde diciembre son Paula Penacca, segunda en la lista de diputados nacionales, y el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada.

El Bloque Peronista, una escisión del kirchnerismo, ponía en juego las bancas de Claudio Heredia y Silvia Gotero, pero ninguno de los dos forman parte de las candidaturas.

Diputados: buen pronóstico para el kirchnerismo y la Coalición Cívica

El Frente para la Victoria y la Coalición Cívica son los dos bloques de la Cámara de Diputados que mejor posicionados quedaron para aumentar el número de miembros desde diciembre próximo, mientras que el Frente Renovador de Sergio Massa tendrá una reducción significativa de su bancada, según se desprende de las listas de precandidatos presentadas para las PASO de agosto.

Una de los problemas que afronta el Frente Renovador es que concluyen su mandato la casi totalidad de sus integrantes electos en una muy buena elección que hizo en 2015 y que no pudo repetir en 2017, y a lo que se sumó que varios legisladores también se fueron de este bloque hace unos meses para armar otra bancada de perfil filo kirchnerista, como Felipe Solá y Daniel Arroyo, que tienen mandato hasta 2021.

La presentación de postulantes de las distintas fuerzas políticas permite anticipar la posible composición que tendrá la Cámara de Diputados en el próximo período de gobierno, en el que ningún interbloque se perfila a tener la mayoría.

El primer dato que surge de la conformación de listas en el Frente de Todos (una coalición entre el kirchnerista FPV, el massismo y el Movimiento Evita y otras organizaciones k, en especial en la provincia de Buenos Aires), fue la pérdida sufrida por el Frente Renovador de Sergio Massa.

En la coalición oficialista Juntos por el Cambio, se ponen en juego 46 de las 107 bancas de diputados, la bancada más beneficiada fue la de la Coalición Cívica de Elisa Carrio, que pone en juego dos de las diez escaños, y podría sumar entre seis a ocho bancas para diciembre.

La líder de la Coalición logró sumar en los primeros lugares de la lista de la Ciudad a Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic; en la provincia de Buenos Aires a Mariana Stilman y Mónica Frade. También sumó la sigla de Carrió como primer candidato al catamarqueño Ruben Manzi.

En tanto, el radicalismo pone en juego 15 de las 39 bancas y espera poder sumar 18 escaños e incluir nuevamente en la UCR a Carla Carrizo y al diputado que reemplace a Martín Lousteau, si finalmente es elegir senador. En cambio el macrismo es la fuerza que mas bancas que aceptó ceder a sus aliados para poder ampliar la coalición oficialista.

El Frente para la Victoria, que conduce Agustín Rossi, tiene 65 legisladores, y pone en juego 39 bancas en la elección de octubre, pero no solo podrá renovar todos los lugares en juego, sino que pondrá nuevos escaños, ya que todos sus candidatos figuran en los primeros lugares de las nóminas del Frente de Todos.

En la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo pone en juego 12 bancas de las 14 que había obtenido en el 2015, el massismo 6, y Red por Argentina 2 lugares; la agrupación La Cámpora es la que quedó mejor posicionada para renovar sus bancas y sumar nuevas desde diciembre.

No solo sucedió en la provincia de Buenos Aires sino en la mayoría de los distritos, en los que el kirchnerismo logró ubicar a sus candidatos en los primeros lugares de la lista, en virtud de acuerdos que hicieron con los gobernadores peronistas, que en algunos casos hasta hace poco militaban en Alternativa Federal.

Se trata de los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur, de San Juan, Sergio Uñac, de Entre Rios Gustavo Bordet, de la Rioja, Sergio Casas, y de Chaco, Domingo Peppo, con quienes el kirchnerismo espera hacer algún acuerdo para que se sumen al nuevo interbloque que armarán desde diciembre, con la idea de aumentar el poder de fuego de la hoy coalición opositora.

El Frente Renovador pone en juego 13 de las 15 bancas que tiene en la actualidad, aunque dos de ellas, la de Graciela Camaño y Marco Lavagna, ya pertenecen a Consenso Federal- y de las seis a renovar en la provincia de Buenos Aires solo están en la lista en los primeros lugares Sergio Massa y Cecilia Moreau.

De todos modos puede sumar dos legisladores por la provincia de Buenos Aires si el Frente de Todos hace una excelente elección ya que pueden sumar al actual legislador provincial Ramiro Gutierrez ubicado en décimo tercer lugar en la lista y a la dirigente de San Fernando Alicia Aparicio, ubicada en el décimo sexto.

Si esto se produce y logra que ingrese por Santa Fé Valeria Massetani, que va cuarta en la lista del Frente de Todos y por Córdoba el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (AGEC), Pablo Chacón que va tercero en la nomina, Massa podría tener una bancada de unos diez miembros de los 16 que tiene en la actualidad ya que cuenta con una aliada chubutense.

En cambio otros aliados del kirchnerismo pudieron ingresar en los primeros puestos de la lista, como el diputado Facundo Moyano y el legislador del Movimiento de Evita Leonardo Grosso.

Cupo femenino en recitales de música

Un proyecto de ley que fija un cupo femenino del 30 por ciento para que las mujeres tengan un espacio garantizado de participación en acontecimientos musicales en vivo en la Argentina, recibió dictamen favorable en un plenario de comisiones del Senado.
La iniciativa de la senadora del kirchnerismo Anabel Fernández Sagasti recibió el apoyo de sus pares de Cambiemos y del peronismo.
Fernández Sagasti valoró el apoyo recibido de todos los bloques, afirmó que el cupo del 30 por ciento busca que «las mujeres músicas puedan tener la posibilidad de ser escuchadas» y consideró que se trata de «un avance en nuestra igualdad y nuestros derechos».
«Sería bueno que todas nos comprometamos con esta causa, en cada provincia y que nosotras mismas apoyemos la música que hacen las mujeres», se explayó.
La senadora de Cambiemos, Inés Brizuela, calificó a la iniciativa como «una medida de acción positiva que nos va a ayudar a eliminar estas desigualdades que existen en todos los ámbitos en los que nos toca actuar a las mujeres».
La presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, Norma Durango, también valoró la propuesta y manifestó el repudio de esa bancada al organizador del Cosquín Rock, José Palazzo, por «manifestaciones misóginas» en torno de la norma aprobada.
Palazzo había cuestionado el proyecto apoyado por músicas argentinas por considerar que «no hay suficientes mujeres con talento» como para cubrir ese cupo.
«Si yo tuviera que poner el 30 por ciento tal vez no lo podría llenar con artistas talentosas y tendría que llenarlo por cumplir ese cupo; esas artistas no estarían a la altura del festival y tendría que dejar afuera a otro tipo de talentos», agregó.
La iniciativa propone que «los eventos de música en vivo así como cualquier actividad organizada de forma pública o privada que implique lucro comercial o no y que para su desarrollo convoquen un mínimo de tres artistas o agrupaciones musicales en una o más jornadas, ciclos o programaciones anuales, deben contar en su grilla con la presencia de artistas femeninas».
Establece además que si un evento tiene programada la participación de tres artistas, uno de los cupos deberá ser obligatoriamente para una mujer. Además, se establece que a partir de los diez artistas programados, se entiende que el cupo femenino se cumple cuando éste represente el treinta por ciento del total de artistas solistas y/o agrupaciones musicales de la grilla.

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